Hay que bajar el déficit para bajar la inflación, no subir la inflación para bajar el déficit

Jorge Colina, Presidente de IDESA

El Ministerio de Economía muestra con satisfacción y orgullo el haber bajado el déficit fiscal primario al 2% del PIB y así cumplir con la meta del FMI.

Luego, se muestra sorprendido cuando en enero la tasa de inflación mensual le arroja un 6%, superior al 5% que venía siendo en noviembre y diciembre y lejos de poder acercarse al 3% que se aspira para abril de ese año. Tanto trabajo para reducir el déficit fiscal y la inflación responde con ingratitud.

¿Qué pasó?

Lo que pasó es que no hubo tanto trabajo para reducir el déficit fiscal. Es la inflación la que lo redujo.

La historia es así. En el 1° semestre de 2022, el déficit primario ascendió a $750.000 millones producto de que los ingresos tributarios del Estado nacional crecían a razón de 65% pero el gasto primario lo hacía a razón del 75%. Dentro de los gastos los que más crecían eran el de los planes sociales que venían creciendo a razón del 130% interanual y luego los subsidios a la energía que crecían al 100% interanual. El gasto en jubilaciones crecía a razón del 65% y la inflación anual del semestre era del 57%.

• En la segunda mitad de 2022 sucede lo siguiente: la inflación anual pasó del 57% al 85% anual. Los ingresos tributarios del Estado nacional pasaron a crecer a razón del 90% gracias al aumento general de precios y el gasto primario se desaceleró porque de venir creciendo a razón de 75% pasó a crecer al 67%. Los gastos que más se desaceleraron son en planes sociales que pasaron de 130% a 63% interanual y subsidios a la energía que del 100% pasó a crecer sólo 35%.

El gasto en jubilaciones se aceleró un poco, pasó de 65% a 73% interanual, esto es gracias a la regla de movilidad, pero no le ganó a la inflación (85%).

De esta forma, la inflación fue la campeona que bajó del déficit fiscal. Aceleró el crecimiento de los ingresos tributarios y los funcionarios se pusieron a “pisar” cheques de planes sociales -generando acampes indefinidos en la 9 de Julio- y de subsidios a la energía -generando protestas en la General Paz por los cortes indefinidos de luz-.

Con el gasto en jubilaciones es más difícil “pisar” el cheque porque está regido por la regla de movilidad pero, con la aceleración de la inflación, la inflación pica en punta y la regla de movilidad va por detrás. Por caso: en junio de 2022, la inflación como la regla de movilidad eran de 64% interanual. En diciembre de 2022, la inflación fue de 95% interanual y la regla de movilidad de 72%, o sea que, con la aceleración, los haberes previsionales se licuaron 12%.

Bajar el déficit fiscal usando la inflación es espurio, hipócrita y regresivo. 

• Espurio porque luego viene el descontento social con la inflación y bajar la inflación implica que desaparece el déficit porque los gastos tienden a actualizarse por la inflación pasada que pasa a ser mayor que la futura o la esperada. 
• Es hipócrita porque se le dice a la gente que “el gobierno no ajusta” cuando ajusta vía la disminución en el valor real de los ingresos. 
• Es regresivo porque quienes más “ajustados” terminan siendo son los pobres o cerca de serlo.

Lo más preocupante es que pareciera que en la oposición implícitamente se estaría rumiando recurrir al mismo método. Esto se deduce del hecho de que en los debates sobre las políticas para el próximo gobierno no aparece con claridad y prioridad un ordenamiento integral del sector público.

Se asume que es imposible corregir las deficiencias estructurales de organización del Estado, por lo tanto, solo queda resignarse a mantener el statu quo. Lo cual implica seguir generando espacios fiscales con inflación. Seguramente que se aspira a que sea con menos inflación, pero inflación al fin.

Para bajar la inflación, hay que bajar el déficit fiscal con un ordenamiento integral del Estado. 

Este ordenamiento debe tener como pilares la simplificación y unificación de impuestos de los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios), eliminar la coparticipación para que cada provincia y sus municipios se financien con los tributos que recauden en su territorio y eliminar superposiciones de funciones entre los tres niveles de gobierno. Esto último implica que el Estado nacional sólo se encarga de financiar y gestionar las funciones interprovinciales (estabilidad macroeconómica, relaciones exteriores y la infraestructura y regulaciones interprovinciales) y las provincias y municipios son los únicos que financian y gestionan las funciones sociales (vivienda, urbanismo, educación, salud, asistencia social, ambiente y seguridad).

De esta forma, toda la superestructura burocrática del Estado nacional en funciones sociales (funciones que, según la Constitución Nacional, sólo corresponden a las provincias y municipios) debe ser reducida, profesionalizada y transformada en agencias de evaluación de los resultados sociales de las provincias y municipios.

Estas agencias deben tener como función producir información sobre los resultados sociales de las provincias y municipios y así construir presión social de los ciudadanos sobre gobernadores e intendentes para que gobiernen bien.

 

Fuente: El Economista