Hay que eliminar la coparticipación: dar todo el IVA a las provincias y todo Ganancias a la Nación

Por Jorge Colina, Presidente de IDESA

La Coparticipación Federal de Impuestos es un mecanismo perverso desde el punto de vista de los incentivos para el desarrollo. Básicamente funciona así. La presión tributaria nacional (o sea, los impuestos que se pagan a la AFIP) es el 23% del PIB. Esos impuestos se envían así: 15% del PIB al Estado Nacional y los restantes 8 puntos del PIB a los estados provinciales. Luego, las provincias recaudan otro 5% del PIB con impuestos provinciales.

Así, el 28% de la presión tributaria de Argentina queda distribuida así: 15% en el Estado Nacional y 13% en los provinciales. Con al aditamento de que a los Estados provinciales les llega más plata por la coparticipación que lo que ellos recaudan con impuestos propios.

El incentivo es claro. No hace mucho sentido tener políticas de desarrollo local. Porque los impuestos que eso genera se van a la AFIP que luego se distribuyen en su mayor parte al Estado Nacional y la parte menor entre todas las provincias. Conviene más vivir de la plata que viene de “arriba”: la coparticipación.

No es arriesgado afirmar que este mal incentivo de la coparticipación está en la génesis de la decadencia productiva argentina.

¿Cómo se sale de esto?

Volviendo a las fuentes. Esto es, el acuerdo constitucional de 1861. Cuando se forma la República Argentina no había coparticipación. Lo que había era distribución de impuestos. Se forma el Estado Nacional y en el artículo 4° de la Constitución se estipula que se financiará con los derechos de exportación e importación. Esto tiene subyacente que las provincias seguirían financiándose con los impuestos a las actividades internas, como lo venían haciendo.

En 1930 viene la crisis mundial donde se desploma el comercio internacional. Entonces el Estado Nacional tuvo que pasar a financiarse con impuestos internos también. Se decide unificar la recaudación de impuesto internos en el Estado Nacional, lo que llevó a la necesidad de tener una regla de distribución de impuestos. Así es como en 1935 nace la primera Ley de Coparticipación.

Tuvo varias modificaciones hasta que en 1988 se sanciona la actual ley (N° 23.548) que no tiene ningún criterio racional detrás. Luego, esta ley fue acompañada con innumerables leyes especiales modificando la distribución automática de impuestos lo que terminó en el famoso “laberinto de la coparticipación”.

Para salir del “laberinto”, hay que volver al criterio de repartir los impuestos entre jurisdicciones y eliminar la coparticipación. Aquí hay un dato muy interesante. Los dos principales impuestos coparticipables son IVA y Ganancias. El IVA recauda 7% del PIB y se destina 4% para las provincias y 3% para el Estado Nacional. Ganancias recauda 5% del PIB y se destina 3% para las provincias y 2% para el Estado Nacional. Si se establece que todo el IVA va para las provincias y todo Ganancias va para el Estado Nacional la situación queda igual. Sólo que en lugar de coparticipar ambos impuestos, se le da un impuesto a cada jurisdicción.

Luego cada provincia debería llevarse el IVA neto que pagaron sus contribuyentes. De esta forma, se generan incentivos virtuosos. Los estados provinciales no reciben más el dinero desde “arriba” sino que lo recibirán por el valor agregado (que es la base imponible del IVA) que generen en sus provincias. Mientras mayor valor agregado, habrá más empleos, mejores salarios, rentabilidad en las empresas y mayores recursos fiscales. Ganan todos. Esto va a inducir un enorme lazo de capital social entre los estados provinciales, las empresas y la sociedad civil de las provincias para generar valor agregado.

Las provincias del norte se verían perjudicadas al día siguiente del cambio. Porque seguramente que hoy generan de IVA menos de lo que reciben por coparticipación. Esta situación se salva con un Fondo Compensador que les garantice a cada provincia del norte lo que le falta para llegar a lo que recibía con la coparticipación. Este fondo será de corto plazo, precisamente, por el incentivo virtuoso que significa para el Estado provincial llevarse el 100% del IVA que pagan sus contribuyentes.

Rápidamente verán que lo que conviene es unirse a la sociedad civil para generar valor agregado, inducir una menor evasión y esto se traduce automáticamente en más recursos fiscales que los que hoy reciben con la coparticipación. Además, estará el efecto secundario de que habrán generado desarrollo productivo y social en sus geografías.

Fuente: El Economista