Pobreza en Argentina: Diagnóstico y soluciones para un problema persistente

En este informe, se analiza la pobreza en Argentina, un problema estructural que refleja las deficiencias del Estado en sus distintas dimensiones.

Pobreza en números: ¿Cómo estamos realmente?

En primer lugar es pertinente aclarar que existen dos formas principales de medir la pobreza: la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. La primera se basa exclusivamente en los ingresos de los hogares para determinar si una persona es pobre o no. La segunda, en cambio, considera diversas dimensiones que reflejan carencias en los hogares, como las condiciones de vivienda, el acceso a la educación y la salud, entre otros factores.

Pobreza multidimensional

En Argentina, el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO) elabora un índice de pobreza multidimensional con un enfoque de derechos, considerando dimensiones como vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo y protección social, y salud. Un hogar es considerado pobre si carece de al menos dos indicadores en distintas dimensiones. Según los últimos datos disponibles, en el primer semestre de 2024, el 34,9% de los hogares padecía pobreza multidimensional, lo que equivale al 43,6% de la población. Desde 2016, este porcentaje se ha mantenido por encima del 40%, lo que evidencia la profundidad y persistencia del problema.

Gráfico 1: Población y hogares según Índice de Pobreza Multidimensional

Fuente: SIEMPRO

Pobreza monetaria

La pobreza monetaria es medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comparando los ingresos del hogar con la Canasta Básica Total (CBT), ajustada por personas adultas equivalentes. A diferencia de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que solo incluye alimentos esenciales para determinar la línea de indigencia, la CBT incorpora otros gastos básicos como vestimenta, transporte, educación y salud. Según los datos del INDEC del primer semestre de 2024, el 52,9% de las personas no lograron tener los ingresos suficientes para cubrir la CBT. Sin embargo, según una estimación propia basada en la misma metodología y utilizando los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en el tercer trimestre del 2024 la tasa pobreza disminuyó a 38% de las personas (mismo valor que en el tercer trimestre del 2023).

Un indicador clave para entender la pobreza monetaria es la brecha de pobreza, que muestra cuánto dinero les faltó a los hogares pobres para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT). Como la CBT aumenta con la inflación, este indicador permite ver si los ingresos lograron seguirle el ritmo o si quedaron atrás, lo que llevaría a un aumento de la pobreza.

En el primer trimestre de 2024, la brecha de pobreza alcanzó su máximo del periodo bajo análisis, situándose en el 45%, lo que significa que los hogares pobres contaban con ingresos promedios equivalentes a la mitad del costo de la CBT. 

Para el tercer trimestre del 2024, este porcentaje se redujo al 39%, es decir, la CBT costaba en promedio $1.124.960 mientras que los hogares pobres tuvieron ingresos promedios por $691.451, lo que significa que les faltó en promedio $433.500 para lograr cubrir la CBT y no ser pobres.

A lo largo de todo el período analizado, la brecha de pobreza se mantuvo por encima del 30%, y en promedio fue de 39%, lo que representa un dato preocupante. 

Gráfico 2: Brecha de pobreza
Valores constantes a precios del 3er trimestre del 2024

Fuente: IDESA en base a EPH

Históricamente, incluso en los períodos de estabilidad económica, la pobreza ha alcanzado al menos al 25% de la población, confirmando su carácter estructural.

¿Cómo disminuir la pobreza para conseguir mayor Justicia Social?

Disminuir la pobreza es un desafío de largo plazo que no se resuelve con medidas inmediatas. Combatir la pobreza requiere estrategias de largo plazo, que aborden distintas dimensiones como trabajo, educación, salud y vivienda. 

Sin embargo, en la última década, bajo el discurso de la justicia social, el foco ha estado puesto mayormente en los  programas asistenciales de transferencias monetarias, algunas condicionadas (como la AUH) y otras no condicionadas (como el Potenciar Trabajo) .

El asistencialismo puede funcionar como un paliativo para situaciones de emergencia social, pero no es una solución sostenible para el progreso social. Si bien estos pueden brindar un alivio temporal, no son suficientes para erradicar la pobreza, ya que el principal sostén de los hogares proviene del trabajo. El trabajo es la fuente genuina del progreso social porque permite a las personas generar ingresos de manera autónoma, fomenta la movilidad social y contribuye al crecimiento económico.

La clave, entonces, está en fomentar la creación de empleos de calidad. Según datos del INDEC, en 2024, el 77% de los ingresos de los hogares urbanos proviene del trabajo y el 23% de fuentes no laborales. Sin embargo, en los hogares pobres, esta relación cae a 53% y 47%, respectivamente, reflejando una mayor dependencia de ayudas y subsidios. Un factor determinante en esta brecha es la prevalencia del empleo informal: más de la mitad de los hogares pobres dependen de un jefe o cónyuge con trabajo informal o sin empleo. Esto no solo precariza sus condiciones laborales, sino que también los deja más expuestos a la inflación, ya que sus ingresos suelen carecer de mecanismos de actualización que compensen la pérdida de poder adquisitivo.

El deterioro del mercado laboral, la falta de generación de empleo formal y la expansión de la informalidad explican, en gran medida, la persistencia de la pobreza y la ausencia de justicia social. A esto se suman la inestabilidad económica y la alta inflación, que reducen aún más el poder de compra de las familias más vulnerables, cuyos ingresos apenas alcanzan para la subsistencia básica.

Si bien la desaceleración inflacionaria de 2024 puede ayudar a reducir la pobreza monetaria coyuntural, la pobreza estructural requiere soluciones de fondo. La herramienta más efectiva para combatirla es aumentar la cantidad y calidad del empleo, lo que implica mejorar la empleabilidad de los sectores más vulnerables.

Esto implica eliminar regulaciones que obstaculizan la actividad económica, simplificar el sistema tributario y modernizar las leyes laborales y los convenios colectivos para adaptarlos a las realidades del mercado, el avance tecnológico y las posibilidades económicas de cada empresa, en especial de las pymes.

Un primer paso en esta modernización sería descentralizar la negociación colectiva, permitiendo acuerdos a nivel de empresa. Esto diferenciaría las condiciones laborales entre grandes corporaciones y pequeños empleadores, facilitando la contratación formal en estos últimos. Otra medida clave sería establecer mínimos no imponibles a las cargas sociales, incentivando la creación de nuevas empresas y la formalización del empleo en las más pequeñas.

En paralelo, es fundamental transformar el sistema educativo para garantizar la finalización del secundario con altos estándares de calidad. Esto debe ir acompañado por una reestructuración del nivel medio, siguiendo el modelo de países europeos como Alemania, Austria, Holanda y Dinamarca, donde existen dos modalidades: una orientada a la educación universitaria y otra enfocada en la inserción laboral inmediata, conocida como educación vocacional. En Argentina, la secundaria sigue centrada en preparar a los jóvenes para la universidad, dejando de lado a quienes desean incorporarse rápidamente al mundo del trabajo.

La experiencia internacional muestra que el éxito de la educación vocacional depende de un vínculo estrecho entre las escuelas y las empresas. Un modelo en el que los estudiantes puedan complementar su formación académica con prácticas en empresas les permitiría desarrollar habilidades concretas y mejorar sus oportunidades de empleo. Para implementar esto en Argentina, es esencial superar resistencias tanto en el ámbito educativo como en la legislación laboral.

Esta es la manera más efectiva de ofrecerles a los jóvenes de hogares pobres herramientas reales para mejorar su futuro, ya sea a través de un empleo de calidad o de mayores oportunidades para continuar sus estudios.

Algunas de estas reformas están contempladas en el Acta de Mayo, firmada entre el gobierno nacional y la mayoría de los gobiernos provinciales. Sin embargo, el mayor desafío ahora es su implementación. La lucha contra la pobreza no puede limitarse a soluciones inmediatas; requiere voluntad política, compromiso sostenido y una visión de largo plazo que ponga el foco en la generación de empleo y el fortalecimiento de la educación como pilares del desarrollo social.