Informe Nº: 07/12/2023
La salida es olvidarse de la Corte Suprema, de las leyes compensatorias, y directamente ir al hueso: eliminar las coparticipación.
Por Jorge Colina, presidente de IDESA
Resulta que Sergio Massa tenía que ganar las elecciones como sea. Entonces, no tiene mejor idea que sacarles el impuesto a las Ganancias a los asalariados y a los jubilados. De esta forma, compraba los votos de la clase media. No salió bien. La clase media votó por Javier Milei.
Pero resulta que ahora hay que pagar la factura de la promesa a los asalariados y jubilados que no pagarán más ganancias. La cuenta está “salada“. El impuesto a las Ganancias es un impuesto coparticipable. O sea, 60% va a las provincias. Por lo tanto, si un candidato a Presidente lo baja, perjudica a las provincias.
En setiembre la coparticipación a las provincias creció 2% por encima de la inflación. En setiembre se tomó la decisión de bajar el impuesto (coparticipable) a las ganancias. En octubre, la coparticipación a provincias cayó 7% real y en noviembre 18% real.
Los gobernadores pusieron el grito en el cielo y varios de ellos hicieron demandas judiciales en la Corte Suprema. La misma historia de siempre. El Gobierno nacional manipulando impuestos nacionales que -por la coparticipación- va a las provincias y las provincias alimentando un frondosa litigiosidad por la manipulación. Esto es aburrido. Hasta los jueces de la Corte están cansados.
Lo más complejo del tema es que Massa modificó el impuesto a las Ganancias -perjudicando a las provincias-, por decreto, lo cual es inconstitucional, sólo para el 2023. Para el 2024 logró mayorías en el Congreso y la baja del impuesto a las Ganancias es por ley, lo cual es constitucional. Por lo tanto, a las provincias no les queda lugar para ir a reclamar. Solitas se perjudicaron.
Ahora hay que ver qué hacemos.
La primera reacción de las provincias es la tradicional. Vamos a ir por una ley que nos compense el daño económico que hizo una ley que nosotras mismos aprobamos. Este es el camino de la decadencia.
La otra, que no se probó nunca en la Argentina, es la de dejar de centralizar en el Gobierno nacional impuestos, para que después el Gobierno nacional te perjudique manipulando los impuestos (demagógicamente) y la provincia tenga que estar en el Congreso buscando leyes compensatorias y/o abogados para que le hagan demandas judiciales ante la Corte por la demagogia del gobierno nacional.
La salida es olvidarse de la Corte Suprema, de las leyes compensatorias, y directamente ir al hueso: eliminar la coparticipación.
La solución no es difícil.
Hoy, la provincia más perjudicada por la coparticipación es la provincia de Buenos Aires. Ella renunció a 10 puntos porcentuales de la coparticipación en favor de las provincias del norte. Esto lo hizo Raúl Alfonsín en 1987 para lograr el acompañamiento de los gobernadores peronistas del norte, en el Congreso. La misma Ley 23.548 se denomina “Régimen Transitorio …”. Pero en este país los parches transitorios son perennes.
Lo que hay que hacer es lograr el acuerdo de una mayoría de provincias. Las más productivas del país. Que incluso ya no se sabe bien cuáles son.
Porque, obviamente, en la pampa húmeda están Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa; se agregan Mendoza y San Luis, y aparece Neuquén y Chubut con la energía; Río Negro con agroindustria y turismo; y sigue la lista con San Juan, Catamarca y Jujuy con los minerales; Salta y Tucumán también van con agroindustria y turismo.
Entonces, ya se tiene una mayoría de provincias que pueden claramente vivir de lo que producen. No hace más falta la coparticipación.
El paso siguiente es hacer un nuevo acuerdo entre las provincias y con el Estado nacional para derogar la Ley 23.548 (“Régimen Transitorio…” o de coparticipación) y sancionar un nuevo acuerdo donde lo que se distribuye son los impuestos, no la recaudación.
El Estado nacional se financia con los impuestos al comercio exterior (artículo 4° de la Constitución Nacional), a la seguridad social (el Estado nacional paga las jubilaciones) y el impuesto a los ingresos (mal llamado “…a las ganancias”). Listo. Que haga lo que quiera con el impuesto a las ganancias. Que suba el mínimo no imponible, que baje la alícuota, que suba los tramos de alícuota. Chau. Es su impuesto. Es el impuesto del Gobierno nacional.
Hay que aclarar que esto se instrumenta con una asignación específica de las provincias al Estado nacional, porque la competencia originaria en el impuesto al ingreso es provincial. Pero esto no es difícil de instrumentar. Es parte el acuerdo.
Si el Estado nacional se queda con todo el impuesto a los ingresos (mal llamado “… a las Ganancias”), las provincias se quedan con todo el IVA que generen en su territorio. Las provincias deberían unificar IVA con ingresos brutos -en una primera etapa- y con las tasas de industria y comercio municipales -en una segunda etapa- de forma tal que las dirigencias provinciales y municipales estén incentivadas a generar desarrollo local y territorial.
Aprovechemos la caída del impuesto a las Ganancias para matar la coparticipación y construir reglas más sanas para la producción. Basta de demandas judiciales en la Corte Suprema y leyes en el Congreso por compensación. Vamos por los buenos incentivos para gobernadores e intendentes.
Fuente: el economista.
