LA DEFLACIÓN EN LOS PRECIOS DE LA MEDICINA PRIVADA

Los precios de la medicina prepaga según el INDEC

El INDEC informó que la inflación en mayo 2024 bajó a 4,2%. Una caída importante respecto a diciembre 2023 y enero 2024 cuando la inflación mensual fue de 25% y 20%, respectivamente. Esto da señales de esperanzas a la población en torno a la posibilidad de volver a tiempos más tranquilos en términos de inflación.

Dentro del Índice de precios del INDEC, uno que tuvo “deflación” fue el que mide la evolución del precio de las prepagas. Junto con la variación de las frutas (-9,6%), prepagas fueron el otro ítem cuyo precio disminuyó.

Es muy importante aclarar que las frutas son precios estacionales, que suben de precio en época fuera de estación y bajan en estación cuando hay más oferta. Los servicios de la medicina privada pueden ser estacionales en su nivel de actividad (en invierno se trabaja más que en verano) pero no en sus precios los cuales están determinados por los costos de la economía que, con inflación, se mantienen creciendo.

Obviamente que esto se explica por la saga de la liberación de los precios de las prepagas y el posterior conflicto con el gobierno.

La saga por el tema de los precios de las prepagas puede ser analizada en retrospectiva (como ya se hizo en números anteriores de los Enfoques de Medicina Sanitaria) y comparativamente con otros precios regulados que es lo que se hará en el presente artículo.

Se analizará la saga de los precios reprimidos y liberados hasta abril 2024, ya que en mayo es cuando viene el castigo a la medicina privada. Se trata de mirar la saga completa para entender la razonabilidad (o no) del castigo.

La saga de los precios de la medicina privada

Lo primero que hay que mirar es la película anterior a diciembre 2023 (vendría a ser la Parte I de la saga), que es la parte de la película de la represión de precios. Luego, mirar la Parte II de la saga que es la que comienza en diciembre con la liberación de los precios.

Estos datos se presentan en el Cuadro 1.

En la primera columna se tiene la inflación general (IPC) y la inflación que tuvieron los principales precios regulados que son nafta, prepagas, educación, transporte público y electricidad y gas en el período diciembre 2019 – noviembre 2023, que es el que corresponde al gobierno anterior. Es importante tomar el período del gobierno anterior porque es el actor que en la saga reprime fuertemente los precios regulados.

La segunda columna ya es la del actual gobierno: el de la libertad.

La tercera columna es la suma de las dos columnas anteriores, o sea, la Parte I y II juntas de la saga o el período diciembre 2019 – abril 2024.

La última columna es el atraso total de cada precio regulado respecto al IPC en abril 2024, antes del castigo.

Lo que se observa es que en la Parte I de la saga (diciembre 2019 – noviembre 2023), los precios regulados sufrieron mucho. En particular, el transporte público y la electricidad y gas, que son los precios más regulados por el Estado que luego compensa con subsidios económicos a los prestadores de los servicios. En el caso de prepagas y educación, la represión no fue tanta porque el Estado nacional no subsidia estos servicios.

Esto es importante porque preanunciaba que cuando viniera la Parte II de la saga, con la libertad, el Estado se iba a ensañar con las prepagas. Porque al tener menos atraso que educación, con la libertad iba a buscar un mayor acomodamiento de precios que educación; y a la vez, aunque su acomodamiento sería menor que transporte público y electricidad y gas, dado que el Estado tiene que dejar de subsidiar estos servicios, el mismo Estado no iba a permitir que las prepagas apelen al bolsillo del cliente justo en el momento que el Estado tiene que sacarse de encima los subsidios a los servicios públicos. Y es lo que pasó.

Mire ahora la segunda columna del cuadro anterior. Este es el período de la libertad: diciembre 2023 – abril 2024. Las prepagas subieron –según el INDEC– un 170%. Sacando educación –la cual, no por casualidad, fue el precio regulado que menos se retrasó en la Parte I, la de la represión– fueron los precios que menos aumentaron en comparación con electricidad y gas (266%), que lo define el gobierno, con transporte público (186%), que también lo define el gobierno, y con la nafta (182%), que no lo define el gobierno pero lo controla.

Lo más notable se observa en la última columna (atraso total de precios regulados con respecto al IPC en abril 2024 respecto a diciembre 2019). Todos siguen retrasados. Ciertamente que con desigual intensidad, pero los más atrasados siguen siendo los que más subieron en la Parte II, la de la libertad. Lo que preanuncia que transporte público y electricidad y gas tienen que seguir subiendo, si el gobierno aspira a bajar los subsidios económicos. Sin embargo, a las prepagas las mandaron a bajar.

La seguidilla de los aumentos de los precios regulados en la libertad

Una curiosidad es que los precios regulados aplicaron los “picos” de aumento en la libertad en seguidilla. En diciembre y enero pegó la nafta con dos aumentos de 49% cada uno; en enero fue prepagas con 39%; en febrero fue transporte público con 86%; en marzo que comenzaron las clases fue educación con 47% y en abril al golpe lo dio electricidad y gas con 64%.

Como se observa, la población tuvo que pagar un alto costo, no por la libertad, sino por la represión de los precios en la Parte I de la saga que fue la de la demagogia con los precios de los bienes y servicios regulados.

En el gráfico no se presenta el dato de mayo pero los datos son: prepagas son forzadas a bajar 8,2%, electricidad y gas no sube, nafta sube 5% y transporte público y educación suben 8%. Más sosegados que el primer cuatrimestre.

Como se observa en el gráfico, al final, el aumento “pico” más moderado fue el de las prepagas, pero el ensañamiento vino hacia las prepagas. La razón es que es el servicio cuya calidad es el menos visibilizado para la mayoría de la gente; hasta que se enferma.

Si no hay sinceramiento en transporte público, la gente no puede ir a trabajar; si no hay en nafta se arman largas colas en las estaciones de servicios con negativos impactos en la prensa; si no hay en electricidad hay cortes de luz que generan masivos cacerolazos; si no lo hay en educación, no comienzan las clases en el colegio privado.

Si no hay sinceramiento en la medicina privada, el médico gana poco, tiene pocas ganas de atender a la cartilla, cobra copagos por fuera de los pactados y se deteriora la calidad de la atención médica, en general, cosa que el usuario no está en condiciones de discernir. En definitiva, la medicina privada dentro de los precios regulados es la más indefensa ante los embates del Estado, cuando el Estado se pone nervioso con la inflación.

Propuesta de política

Las autoridades habilitan a ajustar las cuotas de las prepagas a partir de julio, tomando la decisión de manera individual y, aunque no se quiere que sea automáticamente por inflación, tampoco se quiere que sea muy alejada de la inflación. Esto implica que los precios de la medicina privada, en términos reales, no se recuperarán más, o se recuperarán muy poco.

No queda otra que poner el PMO sobre la mesa. El Poder Ejecutivo restringe los precios de los planes de salud y el Congreso expande la cantidad de servicios que hay que dar en los planes de salud. Dado que no se puede sincerar los precios de los planes, corresponde sincerar las prestaciones del PMO que se pueden pagar con precios no sincerados.

Aquí hay que volver al mismo lugar del que la medicina privada no puede salir: la distorsión interpretativa que existe en la clase política, los medios de comunicación y la población de que el PMO es financiado con “mana del cielo” y no con el bolsillo de la gente.

La otra distorsión interpretativa es confundir atención médica con servicios sociales. Los servicios de transporte, educación y adaptación del hábitat para el discapacitado son servicios sociales que deben ser financiados, no por el seguro de enfermedad (obras sociales y prepagas) –ya que la discapacidad no es una enfermedad, es una condición– sino por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con su presupuesto de rentas generales. Si la ANDIS otorga el certificado de gratuidad (CUD), entonces, corresponde que la ANDIS financie la gratuidad.

Lo mismo le cabe a los servicios sociales de la adicciones, que deberían ser financiados por el SEDRONAR y a los servicios sociales de los programa de salud mental que deberían ser financiados por el Ministerio de Salud nacional que es el que los crea.

Los medicamentos biológicos de muy alto costo deberían ser financiado con un fondo de alto costo administrado por la CONATEC y cofinanciado –en la parte que es innovación– por los recursos de investigación.

En otras palabras, no se trata de negar coberturas sino de ordenarlas. Lo que es atención médica debe ser financiado por el seguro de enfermedad, lo que son servicios sociales gratuitos por los entes estatales que generan el derecho a la gratuidad y la innovación en medicina por los recursos de investigación.

Esto no es la panacea, pero sería un gran paso adelante.