La devaluación no resuelve los problemas

La devaluación produjo un aumento extraordinario de la recaudación impositiva. Pero el incremento del gasto público fue mayor debido a una fuerte expansión de los subsidios económicos. Como era previsible, los intentos de reeditar el “modelo” están fracasando porque ahora es más difícil licuar salarios y jubilaciones en comparación con la experiencia del año 2002. Pero fundamentalmente porque el deterioro que acumulan las empresas de servicios públicos obliga a compensar el aumento de costos que produce la devaluación con mayores subsidios del Estado. 

La mega devaluación del año 2002 produjo una fuerte recomposición de las cuentas fiscales. Entre los años 2001 y 2003, los ingresos públicos totales crecieron 59% liderados por un aumento de 78% en la recaudación impositiva. En contrapartida, el gasto público creció apenas un 25% explicado fundamentalmente por un aumento de apenas 17% en las jubilaciones que paga la ANSES y un 38% en los salarios públicos. De esta forma, se logró pasar de un déficit fiscal de $8.719 millones en el año 2001, a un superávit fiscal de $1.805 millones en el año 2003. Este ajuste, posteriormente acompañado por un contexto externo inéditamente favorable, fueron las bases del denominado “modelo”.

La intencionalidad subyacente de la fuerte devaluación impulsada entre diciembre y enero es reeditar este “modelo”. Dado que el contexto internacional siguen siendo muy favorable para la Argentina, con el ajuste devaluatorio se espera recomponer las cuentas fiscales y por esa vía volver a una senda de crecimiento como la que se dio entre los años 2003 y 2008.

Sin embargo, los primeros indicios muestran que ahora los desequilibrios fiscales no se corrigen con la devaluación. Según los datos oficiales del Ministerio de Economía el déficit fiscal pasó de $1.583 millones en enero del año 2013 a $3.051 millones en enero del año 2014. Este aumento del déficit fiscal se explica básicamente por la siguiente dinámica:

·  Los ingresos públicos crecieron 44% sustentados en un aumento del 42% en los ingresos tributarios.

·  El gasto público, por su parte, creció un 45%.

·  Dentro del gasto público, los salarios y las jubilaciones crecieron al 34% pero los subsidios al sector privado aumentaron un 73%.

Esta información sugieren que el ajuste cambiario no estaría teniendo los mismos efectos fiscales que tuvo en su momento la devaluación del año 2002. Si bien el aumento de precios asociado a la devaluación produjo un fuerte crecimiento en la recaudación impositiva, esto no compensó la dinámica explosiva que muestra el gasto público. En otras palabras, a diferencia de lo que ocurrió en la década pasada, la devaluación está fracasando como instrumento corrector de los desajustes macroeconómicos.

Uno de los mensajes subyacentes en la dinámica de las cuentas fiscales en el inicio del año es que no hay margen para seguir deteriorando los servicios públicos. En la experiencia del año 2002 fue clave el congelamiento de tarifas. Pero en la actualidad el nivel de degradación y descapitalización que sufren las empresas proveedoras de servicios públicos hace imposible reproducir la experiencia. Por eso, el aumento de costos que produce la devaluación inmediatamente se traslada a incrementos de subsidios.

Otro de los pilares del “modelo” del 2002 fue la licuación de jubilaciones y salarios que produjo el golpe inflacionario asociado a la mega devaluación. Pero ahora existe una norma que obliga a la actualización automática de las jubilaciones, por lo tanto, la licuación del gasto previsional es mucho más moderada. En igual sentido operan las paritarias donde se negocian los salarios de los empleados públicos y el criterio dominante es la inflación. El caso de los docentes es un testimonio claro de la alta conflictividad que generan los intentos de licuar salarios vía devaluación e inflación.

En la actualidad no hay margen para reeditar el “modelo”. En el año 2002 las jubilaciones se ajustaban discrecionalmente a voluntad del presidente, las presiones sindicales estaban mucho más sosegadas y las empresas proveedoras de servicios públicos estaban capitalizadas y saneadas. Ninguna de estas condiciones se presenta en la actualidad. Por ello, en lugar de persistir en el camino equivocado, es recomendable pensar nuevas estrategias. Esto incluye reformas que se hagan cargo de las hipotecas que deja el “modelo” como la degradación de los servicios públicos, el deterioro de la sustentabilidad del sistema previsional, la masiva acumulación de empleo público espurio y la deuda pública impaga y las nuevas deudas que se están generando con las estatizaciones.