La historia de la libertad de elección de obra social (y los inconvenientes de su restricción)

El sistema de obras sociales nacionales brinda la cobertura de salud a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado y público nacional. Se conforma por cerca de 260 obras sociales donde el 90% son las obras sociales sindicales, es decir, las manejadas por los sindicatos.

Estas engloban a los trabajadores alcanzados por los convenios colectivos de trabajo. El 10% restante son las obras sociales de dirección que aglutinan los trabajadores que están por fuera de los convenios colectivos (ejecutivos y profesionales).

Las obras sociales se crearon por iniciativa del Gobierno de Juan D. Perón que delegó en los sindicatos la cobertura de salud de los trabajadores allá por finales de los años ‘40. Desde sus inicios cada sindicato, signatario de un convenio colectivo, formaba su obra social donde compulsivamente se afiliaban todos los trabajadores de la rama de actividad. Esto significa que los trabajadores no se podían cambiar de obra social. Pertenecían a la obra social del sindicato que firmaba el convenio colectivo que se les aplicaba.

Estando los afiliados cautivos no había incentivos de las obras sociales a dar buena cobertura. Esto posibilitó que durante las década de los ‘60, ‘70 y ‘80 hubieran muchos desvíos de fondos de las obras sociales para el financiamiento de la actividad sindical y la corrupción. A principio de los ‘90, las obras sociales estaban en profunda crisis económica producto de estos desmanejos (agravados por la hiperinflación) y mucha insatisfacción de la gente con el servicio. Tanto es así que mucha gente tenía doble cobertura. Tenía la obra social de actividad y pagaba de bolsillo una prepaga.

En los ’90, entonces, se monta un proyecto grande de reconversión de las obras sociales (se llamaba PROS) por el cual se les presta mucho dinero a las obra sociales para que salgan de su crisis y se reconviertan. Pero, a cambio, se estipula que deben empezar a competir entre ellas como una forma de colocar una regla que incentive la buena atención. Así es como en 1996 comienza la competencia entre obras sociales.

Aquí fue cuando las empresas de medicina prepaga hicieron convenios con obras sociales chicas para que los trabajadores que quisieran derivar su aporte a una prepaga ejerzan la opción a la obra social con convenio con la prepaga y ésta le deriva el aporte a la prepaga. Esto es lo que se conoce como la “derivación de aportes”. Como una forma de restringirla “derivación de aportes”, se estipuló en 1998 que las personas debían permanecer por lo menos un año en su obra social de actividad antes de ejercer la opción de traspaso.

Como el tema de los traspasos era incipiente, esto no generó demasiados problemas. Pero tres años después, en el 2001, estaba generando problemas porque ya había gente que derivaba su aporte a una prepaga y cambiaba de trabajo, por lo que no podía seguir derivándolo durante el primer año de antigüedad en el nuevo empleo. Por esto, en el 2001 se elimina esta restricción al ejercicio de opción de obra social.

Recientemente, los sindicatos más grandes lograron que el Gobierno restituya esta restricción. Entonces, quién tenga una prepaga con derivación de aporte, si cambia de empleo, se queda sin la prepaga durante el primer año en el nuevo empleo. A menos que la pague de bolsillo.

Si esta restricción no causó muchos inconvenientes entre 1998 – 2001 es porque había poca gente derivando su aporte a una prepaga. Pero 20 años después, ahora en el 2021, hay más de 2 millones de trabajadores que hacen derivación de aporte de los 6,5 millones que aportan a las obras sociales nacionales. O sea, 1 de cada 3 trabajadores de las obras sociales deriva su aporte a una prepaga.

Observando la dinámica del mercado laboral, surge que hay aproximadamente 650.000 trabajadores que inician una relación laboral cada año. Algunos son recién entrantes al empleo asalariado registrado (los menos), otros no derivan aporte (pero tendrán que cambiar de obra social por cambio en el empleo) y otros derivan aportes (tendrán que pagar de bolsillo la prepaga o quedarse sin ella). Es decir, va a ser mucha la gente perjudicada cada año.

Lo más paradójico es que la medicina privada (las prepagas y los prestadores médicos privados) están en una severa crisis de financiamiento. En el medio de la guerra contra el Covid-19, el Gobierno les autorizó ajustes de precios por sólo 26% desde diciembre del 2019 a la fecha. Pero la inflación en este período fue de 71% y los costos de atención médica con el Covid-19 subieron por encima del 100%. Los prestadores médicos privados están al borde del colapso. Sin embargo, la gente que se atiende en la medicina privada deberá pagar dos veces por el servicio sin que eso signifique mayores recursos para su médico y la clínica donde se atiende.

El doble esfuerzo va para los sindicatos.

Fuente: El Economista