La historia de los “planes sociales” en Argentina

Por Jorge Colina, Presidente de IDESA.

 

En la teoría económica internacional, lo que en Argentina se denomina coloquialmente “plan social” se llama subsidio al empleo directo. Es una política de mercado laboral activa (active labor market policy) donde se subsidia el salario de los desocupados para que las empresas los entrenen mientras ejecutan un trabajo (subsidiado). La idea es que el desocupado aprenda trabajando. “Learning by doing”, le dicen en el mundo desarrollado.

Aquí hay un punto central de la teoría. No es un empleo. Es un trabajo subsidiado para aprender a trabajar. Si la empresa luego decide tomar al desocupado, adelante. Pero la idea es que el desocupado desarrolle empleabilidad trabajando para que consiga en su vida laboral buenos empleos por sus propios medios. A este punto se volverá en esta nota.

En Argentina, esta concepción de subsidio al empleo directo vino en la década de los ’90 con los Planes Trabajar. Personas que habían quedado desocupadas en el proceso de reconversión económica eran subsidiadas desde el Fondo Nacional de Empleo (FNE) para trabajar en empresas privadas que hacían obra pública o para ayudar a los municipios con trabajos para la comunidad.

Tempranamente, en la misma década de los ’90, ya había grupos de piqueteros que se hacían de unidad ejecutora de una contraprestación, a fin de darles este subsidio a sus desocupados. Pero tenían un accionar limitado. Estos subsidios rondaban en alrededor de los 250.000.

La masividad y el cambio de naturaleza hacia el “plan social”, tal como hoy se conoce, se dio con la crisis del 2002. Su gravedad justificó distribuir 2,2 millones de subsidios con el Plan Jefas y Jefes de Hogar. Aquí se da vuelta el formato. Se pasa de subsidio directo a la empresa a subsidio directo a la persona quién, luego, será convocada a dar una contraprestación. Así nace el concepto de que un plan tiene que tener contraprestación, y la realidad de que no todos tienen o cumplen una contraprestación.

La forma de distribuirlos fue organizando, en los municipios, Consejos Consultivos Locales, conformados por las fuerzas vivas de la sociedad civil, que elegirían a los beneficiarios. La historia demostró que la mayoría de estos consejos fueron cooptados por las organizaciones piqueteras y se convirtieron en el ámbito donde disputaban las listas que cada organización piquetera metería. Aquí nace otro conocido condimento actual.

De todas formas, se esperaba que con la recuperación económica el Plan Jefas y Jefes fuera transitorio. La recuperación vino. Entre 2004 y 2012, el PIB creció 50%, el empleo privado formal en empresas creció otro 50% (2 millones de nuevos asalariados formales en empresas privadas) y el salario real formal creció 80%.

Pero seguía habiendo más de un millón de planes sociales. Sólo que habían cambiado de nombre. Por eso que no se habló más del Plan Jefas y Jefes y se pasó a hablar de los “planes sociales” en genérico. Este fenómeno advertía que los planes sociales venían para quedarse, independientemente de cómo le vaya a la economía.

Luego, el expresidente Mauricio Macri propuso volver a convertir los planes en lo que la teoría dice son subsidios al empleo directo. Este fue el Plan Empalme. Pero la CGT exigió que dicho empleo directo en las empresas sea con un contrato de duración indefinida, en relación de dependencia y aplicándose los convenios colectivos de rama o actividad.

Aquí conviene volver a la teoría, como se dijo al comienzo de la nota. Los subsidios al empleo directo en empresas no son empleo. Son un subsidio para que el desocupado aprenda a trabajar, trabajando en una empresa por un tiempo limitado. Por esta razón, el Empalme nunca funcionó.

Ahora, resuenan en el Ministerio de Desarrollo Social nacional las demandas de los piqueteros y las promesas de los funcionarios por “convertir los planes sociales en empleos decentes”. 

Siendo así, hay que decirle a los piqueteros que, entonces, el dinero de los planes no va a sus organizaciones, va a las empresas y a la CGT que es esto no es un empleo sino un entrenamiento laboral en las empresas. Si se logra convencer a piqueteros y a la CGT de esto, hay más chances –que con Macri– de comenzar a convertir los planes sociales en empleo decente.

Falta un detalle. El otro día, el presidente de Toyota dijo que quiso entrenar a jóvenes para incorporarlos a su moderna planta, pero no pudo porque la mayoría de los entrevistados no terminó la secundaria. O sea que, además de convencer a los piqueteros y a la CGT, hay que lograr que los jóvenes terminen la secundaria.

Para esto, hay que cerrar el Ministerio de Desarrollo Social. Porque los niños y jóvenes son movilizados con sus familias a las inmediaciones de este edificio para demandar planes sociales, en lugar de estar en la escuela.

La obvia siguiente pregunta es, ¿…y quién atiende a los pobres?

Las provincias. El artículo 121° de la Constitución Nacional es claro estableciendo que las provincias detentan para sí las competencias que no deleguen expresamente a la Nación. Ninguna provincia delegó alguna vez las competencias de asistencialismo. Es el Estado Nacional el que se arrogó dichas competencias con la creación de ese ministerio.

 

Fuente: El Economista