Informe Nº: 24/11/2021
El avance de intervenciones nacionales sobre funciones provinciales y municipales no es original.
Por Jorge Colina, Presidente de IDESA.
La historia con la ley que propone La Cámpora de colocar un impuesto a los envases no es reciente. Se remonta a un proyecto de ley que fue discutido en comisiones del Congreso allá por los años 2016?2018. En ese proyecto se aspiraba a que los generadores de envases implementen sistemas de gestión para mitigar la contaminación. Este proyecto no tenía ningún impuesto a los envases.
Es La Cámpora la que toma este proyecto que está durmiendo en el Congreso y le coloca un Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER). Para financiar este fondo se propone la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP) que será manejada desde el Ministerio de Ambiente.
La tasa se fijará por kilo de materiales en los envases y no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta del producto envasado.
El Ministerio de Ambiente se erige entonces como el coordinador de los Sistemas Locales de Gestión Integral de Envases de todo el territorio nacional. Estos “sistemas locales” son los municipios y las organizaciones de trabajadores del reciclado.
Lo primero a tener en cuenta es que esta tasa no desalienta la generación de envases porque la tasa se traslada al precio del consumidor. Por lo tanto, no es una herramienta ecológica. En el Ministerio de Ambiente dirían que ellos le darán la impronta ecológica usando el FONAGER para financiar sistemas de gestión de residuos en los municipios a través de las organizaciones de reciclado.
Actualmente, el Ministerio de Ambiente financia proyectos de mejora de basurales en algunos municipios. Según el Presupuesto 2022, se prevé llegar a 70 municipios. Pero en la Argentina hay 2.170 municipios o sea que el Ministerio de Ambiente de la Nación llega a apenas el 3% de los municipios.
El minúsculo porcentaje es lógico porque desde una oficina en la Capital no se puede hacer gestión de residuos en más de 2.000 municipios. No hay motivos para pensar que con el FONAGER la cosa cambie.
Lo peor de todo es que la idea de armar un FONAGER entra en abierta violación a la Constitución Nacional. El artículo 5º de la Constitución establece que “Cada provincia dictará para sí una Constitución que asegure su régimen municipal?” y el artículo 121º establece: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal.” Por esto, lo más grave de esta iniciativa es que propone crear un impuesto para ejercer desde el Gobierno Nacional funciones que la Constitución le tiene expresamente vedadas.
El avance de intervenciones nacionales sobre funciones provinciales y municipales no es original. Es la lógica que inspira a los Ministerios nacionales de Educación, Salud, Desarrollo Social, y el de Hábitat, entre otros. Estas son funciones provinciales y municipales pero los ministerios nacionales se ponen a “ayudar” arreglando escuelas, mandando remedios a los hospitales, repartiendo comida en comedores barriales, haciendo una que otra vivienda por algún lugar.
El problema de estas superposiciones de funciones entre el Gobierno Nacional, por un lado, y los gobiernos provinciales y municipales, por el otro, está en la génesis de la decadencia de la gestión pública en Argentina.
Se tiene un Ministerio de Educación nacional y otro por cada provincia, pero la educación pública está en franca decadencia (como los demuestran las pruebas de calidad) y cada vez más gente tiene que pagar de su bolsillo una escuela privada. Se tiene un Ministerio de Salud nacional y otro por cada provincia, pero la gente tiene que pagar una prepaga para tener acceso oportuno a la atención médica.
Hay un Ministerio de Desarrollo Social nacional y uno por cada provincia, pero la pobreza está en el 40%, en subida y atendida sólo cuando hay elecciones.
Lo mismo con la superposición de un Ministerio de Hábitat nacional y los provinciales y la gente que tiene invadir terrenos fiscales para vivir en villas de emergencia.
La propuesta ahora es pagar un impuesto más, en este caso a los envases, y darle la plata al Ministerio de Ambiente nacional para que recicle. Dada la experiencia con la educación, la salud, la atención a los pobres y el déficit de viviendas, el resultado se sabe de antemano: los envases seguirán tirados en los basurales municipales y algunos intendentes (elegidos a dedo desde Buenos Aires) recibiendo recursos del FONAGER para hacer politiquería en su localidad.
