La Nación no debe tener a cargo los servicios públicos del AMBA

Los subsidios que financia el Estado nacional responden a dos tipologías. Los subsidios sociales buscan paliar la pobreza. Se destacan la Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la ANSES y los planes asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social donde se destacan la Tarjeta Alimentaria y el plan “Potenciar Trabajo”, entre otros. Los subsidios económicos tienen por principal finalidad reducir el costo de los servicios públicos (electricidad, gas, transporte público) y sostener empresas públicas y algunas privadas.

Mientras los subsidios sociales no entran en la agenda de las negociaciones con el FMI, los subsidios económicos están en el centro de la discusión. El 70% de los subsidios económicos corresponden a las tarifas de electricidad y gas y otro 20% a subsidiar el transporte público. Por esto, la baja de los subsidios económicos implica la suba en las tarifas de electricidad, gas y transporte público. Esta es la principal razón de por qué el gobierno elude hablar sobre el tema, cuando el FMI insiste en hablar sobre él.

En este marco cabe preguntarse cuán pertinente es la insistencia del FMI sobre los subsidios económicos. Para ello sirve analizar los datos del Ministerio de Economía sobre la ejecución del presupuesto. Según esta fuente se observa que:

• En el 2015 el déficit fiscal era de 3,8% del PBI y los subsidios económicos del 4,2% del PBI.
• En el 2019 el déficit bajó a 0,4% del PBI y los subsidios económicos al 1,6% del PBI.
• En el 2021 el déficit fiscal vuelve a subir a 3,0% del PBI mientras que los subsidios económicos lo hicieron al 3,4% del PBI.

Estos datos muestran que hay una alta correlación entre el déficit fiscal y los subsidios económicos. Si bien el desequilibrio fiscal se explica por una multiplicidad de factores vinculados al desorden del Estado, los subsidios económicos son los que más rápido impactan. Dado que la senda de reducción del déficit acordada con el FMI es bastante corta (terminar con la emisión monetaria en el 2024 y eliminar el déficit primario en el 2025), parece imposible lograrla sin abordar la reducción de los subsidios económicos. Para ello hay que revisar las tarifas de los servicios públicos, pero además corregir el desorden bajo el que operan los servicios públicos de electricidad y transporte.

En el caso de la electricidad, la generación y el transporte son competencias de la Nación, mientras que la distribución al usuario final es competencia de las provincias. Bajo la misma lógica el transporte urbano es competencia provincial y municipal. Sin embargo, en el caso particular del AMBA, la distribución de la electricidad y el transporte urbano todavía siguen a cargo del Estado nacional. Esto es porque no se trasladaron estas funciones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cuando se creó en 1996. Por esta razón, el Estado nacional termina financiando, con fondos federales, subsidios a los servicios públicos que deberían ser financiados por la CABA y la provincia de Buenos Aires en el Conurbano. Un avance ordenador clave es trasladar estas competencias a estas dos jurisdicciones y ellas decidir si mantienen los subsidios y, de hacerlo, financiarlos con sus propios recursos.

Con relación a las tarifas, el principio general es fijarlas en un nivel que alcance para cubrir los costos de producir los servicios. Para contemplar la situación de las familias de menores ingresos hay que aplicar un esquema de tarifa social, es decir, el Estado se hace cargo de parte de la tarifa (en la medida que sea un consumo razonable). Para el caso del transporte urbano se puede subsidiar de manera universal para desincentivar el uso del auto que es ecológicamente más dañino, pero debe hacerse por boleto vendido y no de manera discrecional a las empresas, como es actualmente. Esta es la forma de contar con servicios públicos sustentables (sin cortes), sin derroches y con equidad.

Que el FMI ponga atención en los subsidios económicos es lógico por la importancia que tienen en el déficit fiscal y la emisión. Pero es un error limitarse a cumplir con una meta fiscal sin avanzar en un ordenamiento integral del Estado. El punto de partida de este ordenamiento es que la Nación deje de administrar y subsidiar los servicios del AMBA eliminando los irritantes privilegios respecto al resto del país.