Informe Nº: 09/08/2024
Toda crisis es una oportunidad y esta crisis bonaerense no es una excepcionalidad. Javier Milei es la oportunidad para eliminar la coparticipación y sacar a la provincia de Buenos Aires del desfinanciamiento estructural.
Por Jorge Colina, Presidente de IDESA
Es tensa la convivencia del Gobierno nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. No es novedad que esto es producto de la naturaleza ideologizada de las cabezas de ambos gobiernos. Mientras el Presidente profesa una declarada ideología libertaria, el gobernador de la provincia de Buenos Aires hace lo propio con la ideología marxista.
Muy interesante contraste de ideologías entre gobernantes. Pero lo que definitivamente resulta muy intrigante es que mucha gente que voto al “marxista” para gobernador luego votó al “libertario” para presidente. Paradojas y excentricidades de un país interminablemente sorprendente, como la Argentina.
De todas formas, el encuentro de estas dos ideologías es la oportunidad para rehacer la agenda de políticas públicas estructural de la Argentina. En particular, la rediscusión del acuerdo de coordinación tributaria del Estado nacional con las provincias.
El actual acuerdo de coordinación tributaria es la Ley de Coparticipación 23.548 que también lleva por nombre “Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias” y las leyes especiales que la complementan. Este acuerdo (transitorio) fue hecho en 1987 y es una de las fuentes de la decadencia de la Argentina por los incentivos al parasitismo que genera en las provincias. El mejor ejemplo es la Provincia de Buenos Aires.
En la Argentina, las provincias tienen las facultades originarias para fijar impuestos a la actividades domésticas. A los fines de evitar la anarquía impositiva de que cada provincia invente sus propios impuestos, generando aduanas interiores y superposición de tributos, se hacen acuerdos de coordinación tributaria entre el Estado nacional y las provincias.
El actual acuerdo (“Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias”) estipula que las provincias delegan en el Estado nacional la gestión y recaudación de impuestos nacionales y se establecen reglas de distribución fijas (esto es importante: “fijas”) entre el Estado nacional y las provincias (distribución primaria) y entre las provincias entre sí (distribución secundaria).
Es importante lo de las reglas de distribución “fijas” porque implica que si una provincia se desarrolla más que otras, no recibe más impuestos nacionales gracias a la mayor actividad económica de su territorio, sino que recibe el porcentaje fijo establecido en 1987 compartiendo su mayor recaudación con el Estado nacional y el resto de las provincias. El mensaje es claro: “tonto el que produce más, porque los mayores frutos tributarios se los lleva en su mayor parte el Estado nacional y el resto de las provincias”.
La provincia más perjudicada por esta distribución arbitraria y fija de la coparticipación es la de Buenos Aires porque Alfonsín, en 1987, cedió parte de su porcentaje a favor de las provincias del norte para lograr la aprobación del acuerdo. Esta cesión se la pensó transitoria por 2 años y resultó que hace 35 años que sigue vigente. Por eso, la Provincia de Buenos Aires, siendo la que más produce en Argentina, es la más desfinanciada de la Argentina.
En estos 35 años la provincia de Buenos Aires sobrellevó este desfinanciamiento estructural con parasitismo. En general, el gobernador de la provincia de Buenos Aires responde al color político del Gobierno nacional. Por lo tanto, siendo la provincia de Buenos Aires el principal bastión electoral, el Gobierno nacional siempre acudió a su salvataje financiero. La última vez que esto ocurrió fue durante el Gobierno de Alberto Fernández y la gobernación de Axel Kicillof.
Pero en el 2023 sucedió lo impensado. El gobernador Kicillof fue reelegido, pero en lugar de un peronista, el Gobierno nacional cayó en manos de un libertario cuyo lema es: “No hay plata”.
La Provincia de Buenos Aires empieza a sufrir el calvario del desfinanciamiento estructural.
Comienza el reclamo de la Provincia de Buenos Aires hacia el Gobierno nacional para restablecer el parasitismo. Pide que se le restituya “su” dinero de las tradicionales transferencias discrecionales nacionales, el dinero nacional para la obra pública provincial y los subsidios nacionales al transporte público urbano.
El presidente Milei, con buen tino, le dijo basta a las transferencias nacionales hacia la provincia de Buenos Aires. Las transferencias discrecionales son, como su nombre lo indica, discrecionales, por lo tanto, el presidente discrecionalmente las corta. La obra pública provincial debe ser financiada con recursos provinciales. Los subsidios al transporte urbano también. El tema es que la provincia de Buenos Aires está estructuralmente desfinanciada.
Lo que la provincia de Buenos Aires tiene que hacer es denunciar el “Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias” o Ley de Coparticipación, acordado allá en 1987, para hacer otro acuerdo de coordinación tributaria entre el Estado nacional y las provincias. El objetivo debe ser que no rija más la coparticipación y que las provincias se financien con el IVA, unificado con el impuesto a los Ingresos Brutos, que se genere en su territorio.
Esta es una salida posible y disruptiva al problema del desfinanciamiento estructural de la provincia de Buenos Aires. No es la coyuntura la que es adversa. Lo que es adversa para la provincia de Buenos Aires es la Ley de Coparticipación. Por eso, la Provincia de Buenos Aires no tiene que esperar que sobrevenga la bondad al presidente de la Nación, ni el cambio de color político en la presidencia.
Tiene que plantear la rediscusión del acuerdo de coordinación tributaria vigente, que es el “Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias” o Ley de Coparticipación, de 1987, para salir de la trampa de la coparticipación que la está ahogando.
Toda crisis es una oportunidad y esta crisis bonaerense no es una excepcionalidad. Milei es la oportunidad para eliminar la coparticipación y sacar a la provincia de Buenos Aires del desfinanciamiento estructural.
Fuente: el economista
