Entre todos los frentes posibles, uno vuelve a tomar protagonismo: la reforma laboral. No es la única respuesta, pero sí una condición necesaria para destrabar la generación de empleo formal y sostenido.
Este documento analiza por qué es relevante, qué plantea el borrador que circula en el gobierno y qué puntos críticos aún permanecen sin resolver.
- Radiografía de un mercado laboral roto
El mercado de trabajo en Argentina arrastra un deterioro profundo. Más de la mitad de los trabajadores (52%) está en la informalidad o trabaja por cuenta propia, en ocupaciones de baja productividad y con ingresos que representan, en promedio, la mitad de lo que perciben quienes tienen un empleo formal. Solo el 31% de la fuerza laboral cuenta con un empleo privado registrado. El 17% restante trabaja en el sector público, muchas veces también en tareas de escaso valor agregado. A esto se suma que un 22% de las personas en edad de trabajar no participa del mercado: no tiene empleo ni lo busca.
La evolución de las últimas dos décadas confirma que esta fragilidad no es coyuntural. Entre 2003 y 2023, la población urbana en edad laboral creció en seis millones de personas. De ese total, sólo tres millones lograron acceder a un empleo privado formal. Un millón se incorporó al empleo público y otros dos millones quedaron absorbidos por la informalidad.
Lo relevante es que ni siquiera en los años de fuerte expansión económica, como los de la primera década del período, se logró revertir esta dinámica. El crecimiento permitió aumentar el empleo, pero no cambió su composición estructural. La informalidad se mantuvo elevada, el empleo público funcionó como contención, y el cuentapropismo creció más por falta de alternativas que por dinamismo emprendedor.
Estos datos muestran con claridad que el crecimiento, por sí solo, no resuelve el problema del empleo en Argentina. Sin reformas profundas en la estructura productiva, la educación y el marco institucional que regula el trabajo, el empleo de calidad seguirá siendo un bien escaso, incluso cuando la economía crece.
- ¿Por qué se habla de una reforma laboral?
En este contexto, la reforma laboral vuelve a aparecer como una pieza importante —aunque no exclusiva— dentro de un paquete más amplio de transformaciones. No alcanza por sí sola para revertir el cuadro, pero sí puede remover algunos de los obstáculos que hoy desalientan la formalización del empleo.
A continuación, se describen tres factores del régimen laboral actual que, sin ser los únicos responsables, contribuyen a trabar la expansión del empleo registrado.
- Alto costo no salarial
Uno de los principales frenos a la contratación formal es la brecha entre lo que el empleador paga y lo que el trabajador efectivamente cobra. El costo no salarial en Argentina, que incluye contribuciones patronales y aportes personales, alcanza en promedio el 34,6% del salario, el valor más alto de América Latina. Este porcentaje supera considerablemente el promedio regional de LAC, que es del 21,7%.
Sin embargo, el sistema actual de seguridad social genera tensiones: muchas de las prestaciones que deberían estar cubiertas por los aportes —como la atención médica o la jubilación— se encuentran desfinanciadas o deterioradas, y además conviven con beneficios no contributivos que no requieren aportes previos. Esto debilita el argumento del “salario diferido” y convierte, en la práctica, a las cargas sociales en una forma de imposición sobre el empleo formal.
El impacto es más fuerte en sectores de baja productividad y en pequeñas empresas, que enfrentan dificultades para absorber estos costos y terminan optando, muchas veces, por la informalidad.
- Convenios colectivos centralizados y desactualizados
Otro obstáculo estructural es la rigidez del esquema de negociación colectiva. En Argentina, la mayoría de los trabajadores registrados está alcanzada por convenios sectoriales firmados por grandes sindicatos y cámaras empresariales. Estos convenios fijan condiciones uniformes sin diferenciar entre empresas grandes y pymes, ni entre regiones con realidades productivas muy distintas.
Además, muchos de estos acuerdos fueron firmados hace décadas y siguen vigentes por la regla de ultraactividad, que permite su aplicación indefinida aun después del vencimiento. Esto produce una situación de estancamiento normativo: se actualizan las escalas salariales en paritarias, pero no se revisan ni modernizan otras cláusulas laborales que han quedado obsoletas.
El resultado es un sistema que ofrece poca flexibilidad para adaptarse a nuevas formas de organización del trabajo, a cambios tecnológicos o a situaciones específicas de empresas o sectores. Esto desalienta la inversión y encorseta la dinámica laboral, especialmente en sectores con fuerte presencia de pymes.
- Despidos costosos e imprevistos
El régimen de extinción del contrato de trabajo en Argentina combina altos costos con elevada incertidumbre. Si bien la Ley Bases (27.742) eliminó las multas agravadas por empleo no registrado, la alta judicialización persiste porque los tribunales comenzaron a aplicar reclamos por “daño moral”. Es necesario trabajar con las justicias provinciales para que apliquen la ley con racionalidad y previsibilidad.
La falta de previsibilidad y la disparidad de criterios entre tribunales hacen que muchas empresas perciban al despido como un riesgo desproporcionado. Esta percepción, combinada con la falta de herramientas alternativas (como seguros de desempleo o sistemas de indemnización por fondo), contribuye a la parálisis del mercado laboral formal.
- ¿En qué avanzó el gobierno y qué está pendiente?
En paralelo al debate público, circula de manera informal un borrador de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. A continuación, se revisan los principales ejes de la propuesta y se señalan las oportunidades perdidas o los puntos críticos aún sin abordar.
1. Costo laboral: sin alivio para la formalización
Si bien el borrador no incorpora medidas estructurales para reducir de manera permanente la carga fiscal sobre el empleo —uno de los factores que más afectan la contratación formal, especialmente en pymes o sectores de baja productividad—, el Gobierno implementó alivios transitorios, como la condonación de deudas por aportes y contribuciones y planes de facilidades de pago previstos en la Ley Bases (27.742). Sin embargo, estas medidas solo corrigen hacia atrás irregularidades previas y no reducen el costo laboral hacia adelante, por lo que resultan insuficientes para impulsar nueva creación de empleo formal.
Una reforma más ambiciosa debería incluir un mínimo no imponible sobre la masa salarial en las contribuciones patronales, para reducir la presión sobre las pymes y facilitar el empleo formal en la base del mercado. También se discute la posibilidad de eximir de aportes personales durante los primeros cinco años a trabajadores sin experiencia previa, como una forma de mejorar la inserción de jóvenes y mujeres en el mercado formal. Ninguna de estas herramientas está hoy incluida en la propuesta oficial.
- Convenios colectivos: una descentralización a medias
El borrador contempla que convenios colectivos firmados a nivel de empresa puedan tener prioridad sobre los sectoriales, lo cual podría abrir espacio para acuerdos más adaptados a cada realidad productiva. Sin embargo, el alcance de esta medida es muy limitado si no se modifica quién puede negociar estos convenios.
Actualmente, tanto los convenios sectoriales como los de empresa solo pueden ser suscriptos por las cúpulas sindicales y empresariales. Esto deja sin margen a las propias unidades productivas y a sus trabajadores para acordar condiciones específicas. Una descentralización real implicaría permitir que las microempresas (hasta 10 trabajadores) queden fuera del alcance del convenio sectorial, rigiéndose por la ley general y los acuerdos internos. En el caso de las pymes, debería habilitarse la firma de convenios propios si el convenio de su actividad está ultraactivo (es decir, vencido pero vigente por no haber sido reemplazado).
La Ley 24.467 de 1995 ya incluía este tipo de mecanismos, pero nunca se aplicó en la práctica porque el poder de negociación siguió en manos de las estructuras sindicales. Sin revisar esa arquitectura institucional, la descentralización seguirá siendo más formal que real.
- Indemnizaciones y litigiosidad: mejora parcial, riesgo latente
Uno de los pocos avances concretos del gobierno fue la eliminación, mediante la Ley Bases (27.742), de las multas agravadas por empleo no registrado, que habían incentivado una fuerte judicialización del vínculo laboral. Sin embargo, el problema persiste por otras vías: muchos reclamos se canalizan ahora como “daño moral” u otras figuras que generan igual o mayor incertidumbre.
La interpretación de estos casos queda en manos de las justicias provinciales, donde no hay criterios unificados. Esto alimenta el riesgo legal de cualquier desvinculación, en particular para pymes que no tienen capacidad para afrontar largos juicios o asumir costos imprevisibles.
