Informe Nº: 09/11/2022
Los legisladores provinciales de Tierra del Fuego pensaron sólo en los empleados públicos y no en la sociedad. Es que pasaron por alto que el gasto previsional ya representa el 15% del gasto público total provincial. Los costos lo pagaran los niños de hoy cuando sean adultos.
Por Jorge Colina, Presidente de IDESA
En Juntos por el Cambio hay una polémica entre unos de sus líderes (Mauricio Macri) y dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR). Lo que pasó es que el expresidente cuestionó a los diputados provinciales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio de Tierra del Fuego por sancionar parámetros jubilatorios más generosos que el régimen general para los empleados públicos de esa provincia.
En rigor, lo que Macri cuestionó no es sólo la flexibilización de los parámetros jubilatorios que van a desestabilizar las cuentas públicas de la provincia, sino también que cuando las propuestas son de indisciplina fiscal la “grieta” desaparece.
La Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego sufre una profunda crisis de financiamiento, como le ocurre al sistema nacional (Anses) y al resto de las cajas provinciales. En el año 2015, la Caja de Tierra del Fuego tenía un déficit no financiable por lo que en el 2017 se avanzó con una reforma muy resistida. La idea era tender a armonizar los parámetros jubilatorios de la Caja de Tierra del Fuego con los del régimen nacional. Sin embargo, no se pudo y se quedó a mitad de camino.
Por ejemplo, las edades jubilatorias en el régimen nacional son 60 años para las mujeres y 65 para los varones, pero en Tierra del Fuego se estableció que la nueva edad jubilatoria sería 60 años para varón y mujer.
Esta reforma a mitad de camino tuvo altos costos económicos (por los obstáculos a la actividad debido a las manifestaciones), sociales (por los conflictos generados por los empleados públicos) y políticos (hubo cambios de bandos de políticos oficialistas a la oposición y el oficialismo perdió las elecciones). O sea, fue un proceso parcial -pero al menos en la dirección de la sostenibilidad- y excesivamente costoso.
Sin embargo, la semana pasada la Legislatura de Tierra del Fuego decidió -con alto consenso- que los empleados públicos provinciales se sigan jubilando a los 55 años de edad (o sea, como era antes de la reforma del 2017) hasta el 31 de diciembre del 2027. En la polémica con el expresidente Macri, los legisladores de Tierra del Fuego señalan que esta es una reforma pensada en los trabajadores. El tema es si pensaron también en la ciudadanía de Tierra del Fuego.
Para aproximar una respuesta es bueno hacer un cálculo simple. Los empleados públicos de Tierra del Fuego se pueden jubilar a los 55 años con 25 años de aportes realizados en la Caja provincial (en realidad la exigencia es 30 años pero se pueden completar con 5 años de aportes en otros regímenes como el nacional).
A los 55 años, la esperanza de vida en Argentina es de 85 años. Esto implica que el empleado público de Tierra del Fuego habrá hecho 25 de aportes a la Caja y cobrará de la Caja 30 años de jubilaciones. No hace falta ser matemático para darse cuenta que esto es insostenible.
El argumento que se da para justificar esta irresponsabilidad es que la Caja muestra un superávit. Pero es gracias a los costosos cambios realizados en la reforma del 2017. De todas formas, lo más grave es que se trata de un argumento falaz. El sistema previsional de Tierra del Fuego es joven. Tiene apenas 40 años de operación por lo que todavía tiene pocos jubilados respecto a los trabajadores activos (7.000 contra 23.000). Por la dinámica demográfica están creciendo más los jubilados que los activos, con lo cual en el corto plazo volverá a entrar en déficit.
Lo que confirma que los legisladores provinciales de Tierra del Fuego pensaron sólo en los empleados públicos y no la sociedad es que pasaron por alto que el gasto previsional ya representa el 15% del gasto público total provincial. Para tener una idea de magnitud, la inversión en educación primaria y secundaria de Tierra del Fuego es el 22% del gasto público provincial. Cuando pase esta ventana de oportunidad de jubilarse a los 55 años, en el 2028 es altamente factible que el gasto en jubilaciones de los empleados públicos sea equivalente o mayor al gasto en educación básica. Empleados públicos jubilados antes de ser adultos mayores, con niños y jóvenes menos educados. No hay forma de verle sostenibilidad a esta regla previsional.
El caso de Tierra del Fuego no es un hecho aislado. Es un fenómeno generalizado y de larga data. Otro ejemplo se dio en Córdoba en 1990. En 1989, el gobernador de esa provincia Eduardo Angeloz se presentó como candidato presidencial por la UCR con la promesa de traer un “lápiz rojo” para terminar con el déficit fiscal. Perdió las elecciones presidenciales por lo que necesitaba generar la re-elección en su provincia. Le fue bastante fácil lograr un consenso también unánime para sacar una norma previsional provincial de similares contenidos. A los pocos años, el desequilibrio previsional fue tan grande que desestabilizó las finanzas públicas de Córdoba generando una grave crisis económica y política y daños institucionales que perduran hasta la actualidad.
A nivel nacional, con igual grado de imprevisión e irresponsabilidad se regalaron 3,5 millones de jubilaciones con las moratorias previsionales lo que dejó al sector público nacional con déficit estructural. Esto fue entre el 2005 y el 2015. En el 2016 se crea la PUAM, que es un beneficio más sustentable financieramente, para cancelar las moratorias que son fiscalmente muy costosas. Pero el consenso en el Congreso nacional fue en favor de renovar las moratorias “transitoriamente” junto con la PUAM. La última renovación de las moratorias previsionales se hizo hace un par de meses con casi consenso total.
En materia de improvisación e irresponsabilidad previsional no hay “grieta”. Los costos lo pagaran los niños de hoy cuando sean adultos: ya hoy, 50% de ellos son pobres.
