Informe Nº: 27/03/2023
El ministro de Economía sacó otro conejo de la galera. Mediante dos decretos oficializó la decisión de que los bonos en dólares en manos del Estado pasen a pesos. Para ello, obliga a todos los organismos públicos nacionales a desprenderse de sus tenencias de títulos de la deuda nacional nominados en dólares.
El ministro de Economía sacó otro conejo de la galera. Mediante dos decretos oficializó la decisión de que los bonos en dólares en manos del Estado pasen a pesos. Para ello, obliga a todos los organismos públicos nacionales a desprenderse de sus tenencias de títulos de la deuda nacional nominados en dólares. Con los pesos obtenidos de la venta deben comprar títulos del tesoro nacional en moneda local.
El esquema es lo suficientemente complejo como para que su operatoria e implicancias sólo sean entendible para quienes tiene conocimientos minuciosos del mercado financiero. Pero despejando tecnicismo financiero y yendo a la sustancia, la iniciativa busca financiamiento para el tesoro nacional. Como los inversores vienen rechazando títulos en pesos con vencimiento posterior a este mandato presidencial y los inversores del exterior los títulos en dólares, Sergio Massa decidió sacar otro “conejo de la galera”.
En términos simplificados, la principal implicancia de esta medida es que el Estado argentino toma deuda en dólares pagando más del 35% anual. Para tener de referencia, un país como Estados Unidos se endeuda a una tasa del 5%, aproximadamente. Evaluando de manera puntual, desnuda cuan desesperante es la situación financiera que enfrenta el Estado nacional. Evaluado de manera más general, pone de manifiesto cuan dramáticamente desenfocado se encuentra el sistema político para enfrentar esta situación.
Más gastos, más deuda. Hace algunas semanas, desde esta columna comentaba que el Congreso se aprestaba a sancionar una nueva prórroga a las moratorias previsional. El pronóstico se cumplió. Como ocurrió en anteriores oportunidades -la última moratoria había sido impulsada por el gobierno de Cambiemos- la aprobación se dio en el marco de encendidos discursos reivindicando las intervenciones públicas como instrumento de justicia social.
Pero nuevamente, como viene sucediendo desde hace más de una década, quedaron en minoría los que piensan que las moratorias son una muy mala política para abordar el problema social que provoca que mucha gente no haga aportes previsionales. No es casualidad que sea un invento argentino: no existe caso así en el mundo. Es mala porque es burocrática, injusta y financieramente insostenible.
Como lo señalé en la anterior columna, las moratorias son el principal factor desestabilizador de las finanzas públicas. A nivel nacional, el pago de jubilaciones y pensiones representa más del 40% del gasto público y una proporción alta y creciente de ese gasto deriva de las moratorias. No es complicado asociar el déficit fiscal y el agotamiento de cualquier fuente de financiamiento a las moratorias.
El último “conejo” que sacó Massa de la galera hace más explícita las contradicciones. Entre los organismos obligados a (mal) vender sus tenencias de título públicos, el principal es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que es el que invierte el dinero del régimen previsional. Es decir que el FGS debe entregar sus tenencias de bonos globales y sus bonos ley local y cederlos al Tesoro y recibir bonos duales a cambio.
Este dato no es menor y permite despejar tecnicismos e ir de manera simple y concreta a la sustancia de la medida. Para cubrir los desequilibrios fiscales, dentro de los cuales las moratorias hacen una contribución muy relevante, el Estado toma deuda a tasas exorbitantes. Para el gobierno el “éxito” de la medida es “ganar” algunas semanas (no meses) de financiamiento. Para la sociedad es un nuevo paso en la profundización de la degradación.
¿Hay soluciones? Luego del dato del IPC de febrero (6,6%) se confirma que el gobierno no está siendo capaz de bajar la inflación y difícilmente consiga un cambio significativo en los próximos meses. De cara a las elecciones, la única aspiración es que la inflación no se acelere. La meta oficial dejó de ser el 3% mensual y pasó a ser evitar una hiperinflación. Es decir que las aspiraciones del gobierno se redujeron a “conejos” de la galera para intentar evitar que la inflación se acelere. Sin embargo, genera mucha preocupación que se van terminando los trucos.
Durante más de medio siglo -en el cual hubo gobiernos militares y democráticos de muy variada orientación- siempre el Estado gastó por encima de sus ingresos. No es exagerado afirmar que el déficit fiscal es una “política de Estado”. Frente a esto, el gobierno apela a apropiarse de los ahorros previsionales y endeudarse a tasas exorbitantes. Que ante semejante panorama se sigan tomando decisiones que aumenta el déficit, como las moratorias previsionales, desnuda la profunda degradación del sistema político. Mientras, se acumulan impactos sociales devastadores. La inflación provocada por la irresponsabilidad fiscal exacerba la pobreza y la pobreza impacta con particular intensidad entre los niños, que son los que en el futuro serán el sostén del sistema previsional.
Como sociedad nos merecemos aspiraciones más ambiciosas que estar constantemente al borde del precipicio y esperando trucos financieros para estirar la agonía. Para ello es fundamental un sincero ejercicio de autocrítica, de procurar intentar aprender de los errores y de asumir que el problema central no es la grieta sino los férreos consensos que sostienen malas políticas.