Ministerio de planificación recibió un tercio del aumento de recaudación

En el debate sobre la expulsión del Congreso del ex – Ministro de Planificación Federal faltó profundizar sobre los factores que explican la corrupción. En especial, tener en cuenta que el vertiginoso aumento en la presión tributaria concentrado en el nivel nacional favoreció la discrecionalidad. Por eso, la necesaria reconstrucción institucional para promover el desarrollo social y combatir la corrupción debe incluir la reforma del sistema impositivo y de la coparticipación federal. 

El caso del ex – Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del anterior gobierno es paradigmático del profundo deterioro que sufre el sistema político argentino. Durante los 12 años que esta persona se desempeñó en el cargo (2003 – 2015), las instituciones fueron incapaces de prevenir que se produjeran los desvíos de la legalidad sospechados. Tampoco sirvieron para evitar que se propagaran las conductas una vez que se presentaron. Finalmente, no evitaron que esta persona pudiera legalmente eludir la Justicia escudado en fueros que le otorga su carácter de diputado democráticamente electo.

El debate en la Cámara de Diputados estuvo centrado en las controversias entre quienes bregaron por la expulsión alegando falta de honorabilidad y quienes consideraban que una expulsión violaría la voluntad popular de la porción de ciudadanos que votó al cuestionado. Más allá del resultado de la votación, queda pendiente indagar sobre los factores que generaron las condiciones propicias para la corrupción masiva y sistemática.

Para echar luz sobre el tema cabe considerar que entre los años 2004 y 2015 la recaudación de impuestos administrados por la AFIP subió de 20,3% a 26,3% del Producto Bruto Interno (PBI). Este aumento de 6% del PBI, inédito en la Argentina y con pocos antecedentes en el mundo, fue distribuido de la siguiente manera:

• Un 1,5% del PBI se distribuyó automáticamente a las provincias.
• El ex – Ministerio de Planificación Federal absorbió y manejó 2,1% del PBI.
• Las otras reparticiones nacionales se apropiaron del restante 2,3% del PBI.

Estos datos muestran que más de un tercio del vertiginoso aumento en la presión tributaria nacional fue asignado al ex – Ministerio de Planificación. Tal fue la apropiación de esa dependencia nacional, que capturó muchos más recursos que las provincias: que son quienes tienen a cargo la provisión de los principales servicios sociales. Aquí aparece un factor causal de corrupción que trasciende la honestidad de un funcionario. La oportunidad para el mal manejo de fondos públicos nace de un exagerado aumento de impuestos, centralizados en el nivel nacional y asignados a un Ministerio donde prevaleció la discrecionalidad, la debilidad de los mecanismos de control y una gran carencia de transparencia.

Obviamente que es importante la independencia y eficiencia de la Justicia para detectar casos de corrupción y aplicar las sanciones que corresponden. Pero esto no alcanza cuando se generan condiciones para que el mal uso de los fondos públicos se vuelva cotidiano y masivo. Por eso, para disminuir la corrupción es necesario un abordaje integral. Esto implica, no solo construir instituciones que reduzcan la discrecionalidad y exijan la rendición de cuentas, sino también evitar la masiva centralización de recursos en un puñado de funcionarios públicos nacionales.

De aquí que rediseñar el sistema tributario y sus mecanismos de distribución automática de manera más coherente con el régimen federal es una herramienta para combatir la corrupción. Menos y mejores impuestos bien distribuidos son la base para lograr una asignación más eficiente y transparente de los recursos públicos y, con ello, el punto de partida para entablar un proceso sostenido de desarrollo social.

La descentralización de recursos es una condición necesaria pero no suficiente para una mejor gestión del Estado. En general, las provincias y los municipios actualmente no son garantía de probidad y transparencia. Esto plantea un importante desafío a la Nación. En lugar de preservar la concentración, debería buscar nuevas herramientas que lleven a promover reformas institucionales en los gobiernos locales. Hay que pasar de la vieja lógica que generalmente termina premiando a las malas administraciones y castigando a quienes se ocupan de mejorar la gestión a otra donde se apoye a los gobiernos dispuestos a innovar para satisfacer mejor las necesidades sociales. Para ello hay en la experiencia internacional indicadores reconocidos que permiten medir el efecto de las políticas estatales.