Informe Nº: 71316/07/2017
La Asignación Universal por Hijo no estaría teniendo impactos importantes sobre la decisión de trabajar de las madres. Se trata de una de las principales debilidades de este programa social ya que al no estimular el acceso a un empleo se reducen las posibilidades de superar la pobreza. El progreso social y la equidad de […]
La Asignación Universal por Hijo no estaría teniendo impactos importantes sobre la decisión de trabajar de las madres. Se trata de una de las principales debilidades de este programa social ya que al no estimular el acceso a un empleo se reducen las posibilidades de superar la pobreza. El progreso social y la equidad de género requieren que las mujeres pobres salgan de la “trampa de inactividad”. Para ello es necesario un profundo replanteo de las políticas educativas y de cuidados infantiles.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) generó, desde su creación a fines del año 2009, la discusión sobre los posibles desincentivos a la participación laboral de las mujeres que la reciben. Como el subsidio se otorga por la cantidad de hijos y se lo condiciona a tareas culturalmente impuestas a las madres (controles de salud de los hijos y escolaridad) un efecto no deseado que podría presentarse sería la inducción de las mujeres beneficiarias a confinarse a las tareas del hogar.
Pasados 8 años de su creación, informes de prensa adelantan que un estudio de UNICEF, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata habrían encontrado que la AUH no tendría impactos significativos en las decisiones de participación laboral ni en la tasa de empleo de las madres. De este modo, no sería posible concluir que la AUH haya generado desincentivos al trabajo.
Si bien el estudio todavía no fue publicado, con información procesada de la encuesta de hogares del INDEC se puede avanzar en el análisis del tema. Tomando al grupo de mujeres que declaran recibir algún subsidio asistencial y que están en edades reproductivas y laborales centrales (entre 25 y 45 años de edad) se observa que, entre el 2009 y el 2016:
Estos datos muestran que la incidencia de la inactividad laboral se mantuvo bastante estable tanto entre mujeres que reciben ayuda asistencial como las que no reciben. Si bien la encuesta del INDEC no identifica el programa asistencial al que accede el hogar, por su masividad, es altamente probable que en la mayoría de los casos se trate de la AUH. Esto sugiere que muchas mujeres que participaban del mercado laboral en el año 2009, cuando empezaron a recibir la AUH se mantuvieron en el mercado laboral. El no haber inducido al retiro laboral es un aspecto positivo. Sin embargo, las evidencias también muestran que las mujeres pobres siguen sufriendo el doble de inactividad laboral que las mujeres no pobres. Que semejante esfuerzo financiero en asistencialismo no se haya traducido en un cambio en la situación laboral de las mujeres pobres es negativo.
La persistencia de la alta incidencia en la inactividad laboral de las mujeres pobres tiene asociado importantes inequidades. Por un lado, implica reducir las intervenciones del Estado a la modesta meta de paliar la indigencia. Con transferencias asistenciales, sin facilitar e inducir el acceso de la mujer al empleo, no se puede superar la pobreza y menos aún promover la movilidad y el progreso social. Por otro lado, se perpetúa la inequidad de género ya que se convalida la tendencia cultural a recluir a las mujeres pobres al rol doméstico y reproductivo.
No se trata de minimizar la complejidad de factores que determinan la marginalidad social. Pero existen herramientas que podrían aumentar la progresividad de la política asistencial. Un aspecto que cabría evaluar es sumar a las condicionalidades de los controles médicos y la asistencia escolar, estímulos para la inserción laboral de la madre. Chile, en este sentido, ha sido pionero. Las primeras evidencias señalan que la participación laboral femenina habría aumentado, en particular, entre las mujeres más pobres.
Más importante que el asistencialismo son las políticas acompañantes. En especial, la promoción de la educación media y la formación para el trabajo de las mujeres pobres y los sistemas de cuidados infantiles de calidad. Ambas son funciones de los gobiernos locales y no es recomendable que el Estado nacional se inmiscuya en la gestión de estas funciones. Por el contrario, los principales cambio a impulsarse desde el nivel nacional son la reforma de la coparticipación para que los impuestos lleguen a la educación básica y los cuidados infantiles y el establecimiento de esquemas de monitoreo para inducir a que las provincias inviertan y gestionen con calidad estos servicios estratégicos.
