Informe Nº: 42125/12/2011
La metodología utilizada para sancionar el complejo y discutible paquete de leyes elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso puso en evidencia el método de gestión política basado en la imposición. Tanto es así que en la aprobación del Presupuesto 2012 la mayoría de los diputados y senadores terminaron votando en contra de sus propias […]
La metodología utilizada para sancionar el complejo y discutible paquete de leyes elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso puso en evidencia el método de gestión política basado en la imposición. Tanto es así que en la aprobación del Presupuesto 2012 la mayoría de los diputados y senadores terminaron votando en contra de sus propias provincias al dejar en el Gobierno central tres cuartas partes de los recursos tributarios. Esto no sólo sirve para el sometimiento político de gobernadores e intendentes sino que opera como un poderoso factor de despilfarro y atraso social.
El Gobierno nacional realizó un ejercicio de demostración de la facilidad con la que puede imponer su voluntad para aprobar leyes. Casi como en un trámite, ordenó aprobar, sin modificaciones sustanciales, los proyectos de leyes sobre Papel Prensa, el régimen laboral agrario, las modificaciones a la ley penal tributaria, la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero; también hizo votar las prórrogas de los impuestos a las ganancias, al cheque, a los cigarrillos y las retenciones a los hidrocarburos; prorrogó la emergencia del 2002 e hizo aprobar el Presupuesto Nacional 2012. En todos los casos, el proceso de sanción fue fluido y automático.
La mayoría de los legisladores que responden al oficialismo se alinearon a la voluntad del Gobierno central. Esto es natural y deseable en la medida en que constituye un bloque político. Sin embargo, se puso al descubierto la carencia de un mínimo debate previo. Sólo en el marco de la obediencia extrema se explica que muchos diputados y senadores queden expuestos a votar en contra de quienes supuestamente representan (las provincias).
Un ejemplo es el Presupuesto Nacional 2012. Con el voto unánime y sin modificaciones, el oficialismo sancionó las siguientes proyecciones y pautas de distribución:
• Para el año 2012 se proyecta que la recaudación total de impuestos nacionales ascenderá a $668 mil millones.
• El Gobierno nacional absorberá de manera automática $505 mil millones, o sea el 76% del total.
• Las provincias obtendrán por la vía de la coparticipación los restantes $164 mil millones, es decir, sólo el 24% del total.
El modelo fiscal aprobado solidifica para el año 2012 la distribución de recursos visiblemente desbalanceada que opera en la última década. Prueba de ello es que la Nación seguirá acaparando 3 de cada 4 pesos que los contribuyentes pagan en concepto de impuestos nacionales. La paradoja es que esta situación, indiscutiblemente dañosa para las provincias, ha sido votada por una mayoría de legisladores de las provincias.
El argumento esgrimido por los legisladoras de provincias que votan esta desigual distribución de recursos es que, lo que la Nación concentra, luego vuelve a las provincias a través de obras, acciones y asistencias financieras. Sin embargo, hay una diferencia abismal entre recibir los recursos mediante un mecanismo de distribución automática, como lo establece la Constitución Nacional con la coparticipación federal de impuestos, a recibirlos de manera dadivosa gracias a la “generosidad” del Gobierno central. En el primer caso, las estrategias y las prioridades son elegidas por las provincias; en el segundo, son adoptadas por el Gobierno central, en general, mediando la imposición de un sometimiento.
El uso de fondos públicos para el sometimiento de las dirigencias locales puede ser un método pragmático y exitoso de gestión política, pero definitivamente es el ocaso del progreso social. En la lógica del sometimiento se desvían las prioridades. Las provincias son responsables de la gestión de los dispositivos institucionales más estratégicos con que cuenta el Estado para promover el progreso: la educación básica, la salud pública, la vivienda y la infraestructura urbana, la asistencia social, la seguridad, la administración de justicia. Desfinanciar las provincias en la distribución automática para luego transferirle recursos centralizados de manera discrecional, en base al sometimiento, fatalmente provoca deterioro en la calidad de estos servicios públicos esenciales, indispensables para superar al atraso regional y encaminarse al desarrollo social.
En la Argentina existe una aspiración prácticamente unánime de sentar las bases para un desarrollo social equitativo, igualitario e inclusivo. El rol fundamental e insustituible del Estado dentro de una estrategia de progreso social es garantizar servicios de educación, salud, vivienda, urbanización y seguridad de alta calidad. Para ello, las provincias tienen que comprometerse a alcanzar resultados concretos en cada una de estas áreas, pero esto no será posible sin una asignación automática de recursos públicos coherente con la distribución de responsabilidades que consagra la Constitución Nacional.
