Informe Nº: 21/09/2022
En los últimos días, en el decreto que creó el “dólar soja”, se previó también la creación de un fondo que sería destinado a los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde que empezó la gestión del actual gobierno hubo varios bonos asistenciales. ¿Cuáles fueron y cuáles son sus principales fallas? ¿Se dimensiona realmente la magnitud de la pobreza y la indigencia?
Un repaso por los bonos
IFE I, II y III (2020): Nacido para dar respuesta a la crisis de ingresos que suponía el confinamiento, fueron 3 entregas de $10 mil repartidas entre abril y septiembre de 2020 que llegaron a casi 9 millones de personas. En total implicó una erogación de aproximadamente un punto del PBI. A precios de hoy, los $10 mil equivaldrían a $30 mil.
Aunque se consideró la posibilidad de volverlo permanente, la magnitud del gasto requerido para financiarlo, en un contexto de déficit creciente, junto con otras fallas de diseño, hizo que se descarte esa posibilidad.
Refuerzo de Ingresos (2022): Entre mayo y julio de este año se otorgó un nuevo bono que consistió en dos pagos de $9 mil y se financió con el impuesto a la renta inesperada. Alcanzó a 7,5 millones de personas pero involucró un monto sensiblemente menor al IFE. Equivale a casi $11 mil a precios de hoy. En términos del PBI, fueron 0,2 puntos.
Bono de “$50 mil” (2022): Se repartirían 3 pagos de $16 mil entre octubre y diciembre. Esta vez los fondos provendrán de la recaudación de la extra de derechos de exportación que se espera obtener por reconocer un tipo de cambio a $200 cuando el tipo de cambio oficial es de $140. El bono atendería a personas que se encuentran en la indigencia y no reciben actualmente ayuda social alguna. La estimación oficial ronda los 2 millones de personas.
Mismos problemas que el IFE
Por no haber pasado por el Congreso y por su temporalidad, el bono de “$50 mil” se asemeja al IFE. También presenta una serie de problemas que se repiten.
En primer lugar, se subestima el número de beneficiarios: la proyección inicial del IFE fue de 3,6 millones de personas y se llegó a casi el triple. Para el nuevo bono se estima como mínimo 2,1 millones de personas (el número de personas indigentes). Lo que dicha estimación ignora es que ese universo abarca sólo los indigentes que viven en zonas urbanas. Proyectando la última cifra de indigencia del 8,2% sobre los 47,3 millones de personas que arrojó el último censo, resulta que de mínima existen 3,9 millones de indigentes en el país. Es decir, el universo a asistir es de casi el doble.
En segundo lugar, la asistencia va a llegar tarde: la declaración de confinamiento en 2020 tuvo lugar el 16 de marzo. La ayuda llegó a algunos hogares recién 3 meses después, en junio. Si bien la ayuda actual llegaría sólo con un mes de rezago, la alta inflación hará que se desvalorice.
Por último, el cruce entre organismos se va a dificultar: el IFE planteó serios inconvenientes al Estado para identificar a posibles destinatarios de la política social. Y aunque la pandemia ofreció una oportunidad para actualizar los sistemas de información y registro en el Estado, aún persisten serios atrasos. Por ejemplo, recientemente se conoció que se debieron dar de baja 40 mil beneficios vinculados a incompatibilidades entre el Potenciar Trabajo (administrado por el Ministerio de Desarrollo Social) y el Progresar (ANSES), ambos pertenecientes a organismos del mismo nivel de gobierno. De partida, dichos beneficios nunca debieron darse de alta.
La reflexión que se desprende es que si hay mala comunicación entre dependencias de un mismo nivel de gobierno, la tarea de cruzar bases de datos entre los niveles nacional, provincial y municipal es casi impracticable.
No bastan medidas a medias
La pobreza y la indigencia siguen en los últimos años una tendencia creciente que ningún gobierno pudo torcer. En esta ocasión, otra vez la asistencia social queda sujeta a la voluntad del político de turno plasmada a través de un DNU. El problema de la pobreza y sobre todo la indigencia no parece ser abordado con la seriedad que requiere.
Lo que se observa es una proliferación de ayudas asistenciales que muchas veces se acumulan en los mismos hogares beneficiados, a lo que se suman estos bonos improvisados. Una misma familia puede estar recibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), la tarjeta alimentaria, el Potenciar Trabajo y otras ayudas monetarias y en especies dadas por las provincias y los municipios. Y no se descarta que también sean beneficiadas con estos bonos, mientras que otras familias en estado de alta vulnerabilidad o en la pobreza no estén recibiendo nada.
La pobreza y la indigencia no se combaten con la proliferación de asistencialismo. Se combate con una economía sana, que crece con estabilidad de precios, con instituciones sociales propicias para la acumulación de capital humano de toda la población y el acceso fluido a empleos de calidad. El asistencialismo debería ser un dispositivo marginal enfocado en los casos de extrema vulnerabilidad y/o eventos transitorios que coloquen en vulnerabilidad a ciertas familias.
En Argentina sucede lo contrario. Hay una economía cada vez más distorsionada (el dólar soja es el ejemplo más reciente), sin crecimiento real y una inflación alta y creciente, con instituciones sociales disfuncionales (la crisis de la educación pública es el ejemplo más patente) y con instituciones laborales vetustas que castigan al empleador que genera empleo decente. Este adverso escenario económico y social solo puede generar pobreza y vulnerabilidad en las familias. Querer compensarlo con la proliferación de asistencialismo es tan inefectivo como pernicioso para las propias familias manipuladas por lo que manejan el asistencialismo.
