Mercado Laboral
Aunque se siguieron aumentando los impuestos, la recaudación apenas creció al ritmo de la inflación. Como el incremento de impuestos no alcanzó para financiar el aumento del gasto público, con decretos de necesidad y urgencia se apeló a los fondos de la ANSES y el Banco Central. Esto refleja un serio desequilibrio de las cuentas públicas, pero también un grave deterioro institucional ya que parte importante de estos recursos se dilapidan en clientelismo con planes sociales y empleo público, subsidios a empresas públicas y privadas, propaganda oficial y discrecionalidad en las transferencias para someter a gobernadores e intendentes.
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Aunque puedan estar operando intencionalidades políticas, los saqueos están asociados a la degradación del sistema judicial y de seguridad y a la mala calidad de las políticas públicas que se vienen aplicando. Apenas la economía se desacelera se explicita que la política fiscal es insostenible y que los subsidios sociales, lejos de actuar como un factor promotor de movilidad, operan como un mecanismo que perpetúa la dependencia de millones de personas del asistencialismo estatal. Se trata de un nuevo testimonio de que no se está aprovechando la inédita oportunidad que la bonanza internacional brinda para promover desarrollo social.
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Datos del INDEC señalan que el aumento del empleo en el último año se explica casi en su totalidad por el crecimiento del empleo asalariado no registrado. Estas estimaciones son preliminares, dado que se basan en encuestas a hogares aplicadas sólo en los grandes aglomerados urbanos, sin embargo, marcan una tendencia a la expansión del desempleo y la informalidad. Parte del problema se explica por el estancamiento de la actividad económica, pero también hay una alta incidencia del incremento de los costos laborales. Por ello, se requiere reformar las instituciones labores en la dirección de reducir las cargas que subyacen en el empleo formal.
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La Argentina tradicionalmente era reconocida en América Latina por la mayor extensión de su clase media. Pero esta posición se viene diluyendo en las últimas décadas. Si bien la bonanza económica tiene asociada mejoras en los indicadores sociales de todos los países, el crecimiento de la clase media en la Argentina es sensiblemente menor al observado en Brasil, Chile y Uruguay. Esto no se explica por diferencias en la dotación de recursos naturales ni cuestiones ideológicas sino por la calidad de las políticas públicas. Por eso, para no seguir desperdiciando oportunidades alcanzaría con emular a los países vecinos.
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Como era previsible, el retraso tarifario en los servicios públicos exacerba el consumo, provoca déficits de inversiones que deterioran la calidad de los servicios y demanda cuantiosos subsidios a favor de las empresas proveedoras. Esto no se resuelve con el anunciado aumento de las tarifas de gas y electricidad que alimentará un fondo estatal para financiar las inversiones. La solución genuina pasa por gestionar las obras en base a articulación público-privada y tender a cobrar la tarifa real a todos los usuarios, complementado con subsidios focalizados a través de un régimen de tarifa social a favor de las familias más pobres.
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En la última década, el Producto Bruto Interno experimentó un importante crecimiento. La mitad de este fuerte crecimiento de la economía fue absorbida por el aumento del gasto público. En paralelo, la gente percibe que el esfuerzo de pagar más impuesto es desproporcionado con respecto a los pocos beneficios que recibe del Estado. El problema no es el tamaño del gasto público sino la falta de sentido estratégico y las deficiencias en su gestión. Para legitimar la alta presión impositiva se necesita un razonable rendimiento social en el uso de los fondos públicos.
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Uno de los componentes más importantes del Presupuesto Nacional para el año 2013 es el referido a las empresas públicas. Un rasgo significativo es que se mantiene un muy bajo nivel de transparencia en la gestión de esta parte del Estado y enormes desequilibrios que son cubiertos con fondos del Tesoro. La principal novedad es que se incluyen exenciones impositivas a Aerolíneas Argentinas. Sorprende la manera en que se reproducen los mismos errores que llevaron a la crisis terminal de las empresas públicas en la década de los ‘80.
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El proyecto de Presupuesto 2013 es cuestionado por basarse en las estadísticas oficiales manipuladas. Dejando de lado este tipo de controversia, el proyecto delata que la inflación ha pasado a ser un problema central para el fisco. Aunque el aumento de precios siga generando crecimiento nominal de la recaudación, no llega a compensar el impacto que la inflación tiene como factor de expansión del gasto público a través de la indexación de jubilaciones y salarios de los empleados públicos. La inflación se ha convertido en un factor de expansión autónoma del gasto público y, con ello, de insolvencia fiscal.
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Los países europeos en crisis dirimen entre aplicar una reducción explícita y nominal de salarios y gasto público, o apelar a la inflación para realizar el mismo ajuste, pero a través de licuar las remuneraciones y el gasto del Estado. Esto último es lo que hizo la Argentina en los años 2002 y 2003 cuando aplicó una fuerte licuación de salarios vía inflación. Lamentablemente, las dificultades fiscales de las provincias y la pérdida de competitividad de las empresas sugieren que, sin un cambio de rumbo, la Argentina va camino hacia un nuevo ajuste.
VERLa Argentina disfruta de un contexto internacional inéditamente favorable, creando condiciones propicias para un fuerte crecimiento en la producción. En este sentido, la generación de empleos fue potenciada por la licuación de costos laborales asociada a la mega-devaluación; además de los niveles record en materia de presión impositiva y gasto público. No obstante, la calidad del empleo tuvo una mejora modesta, lo cual, se traduce en profundas consecuencias sociales.
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