Informes Especiales
La Asignación Universal por Hijo es la política de protección social que reúne los mayores consensos. Sin embargo, para que sea efectiva ella debe articularse con acciones institucionales que apunten al cuidado de la primera infancia. Por un lado, porque el combate a la pobreza requiere de la activación laboral de todos los integrantes de los hogares pobres en edad activa y, por otro lado, porque es fundamental mejorar la atención y la estimulación temprana de los niños en situación de vulnerabilidad. En el presente número de Empleo y Desarrollo Social se ofrecen algunas ideas para institucionalizar un sistema de cuidados para la primera infancia que beneficie en forma particular a las familias en situación de pobreza.
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La capacitación de los trabajadores es un instrumento con altas potencialidades para elevar los niveles de productividad y competitividad de las empresas. Sin embargo, hay diversos estudios que sugieren que tiene un impacto muy limitado en mejorar las perspectivas de empleo e ingresos de la población con limitaciones estructurales. En este sentido, ella no sustituye a la necesidad de mejorar la calidad de la educación básica. Para asegurar la pertinencia y calidad de la capacitación es fundamental que exista una estrecha articulación entre las empresas y el Estado. Además hay que establecer mecanismos efectivos para que los capacitados se inserten en el mercado laboral formal, para lo cual es necesario dar incentivos apropiados a las empresas y promover la incorporación a la formalidad de las pequeñas empresas. La capacitación para el trabajo sin mecanismos eficaces para la inserción laboral muestra muy baja efectividad.
>Los cambios experimentados en el sistema previsional en la última década aumentaron la cobertura previsional sobre la base de agravar desequilibrios de mediano plazo. La alta litigiosidad asociada a la manipulación de la movilidad y la derivación de los recursos previsionales estatizados para financiar el déficit del sector público comprometen severamente el futuro de la previsión social en Argentina. En este número de Empleo y Desarrollo Social se presenta un análisis de los cambios ocurridos y se hacen propuestas de reforma para restablecer la equidad y la sustentabilidad del sistema.
>La educación es un elemento clave para eliminar la pobreza y disminuir la exclusión social. En los últimos años, la inversión en educación ha crecido de manera significativa, superando la meta del 6% del PBI fijada en la Ley de Financiamiento Educativo. Sin embargo, las evaluaciones internacionales señalan que los alumnos argentinos muestran severos y crecientes déficits en su formación. Para achicar la brecha entre recursos invertidos y resultados alcanzados, hay que lograr una sensible mejora en la calidad y gestión educativa. Un instrumento de importancia estratégica es la evaluación docente. En los países más avanzados, ella forma parte de la cultura de la comunidad educativa, pero en la Argentina el proceso es muy incipiente. El presente número de Empleo y Desarrollo Social ofrece algunas recomendaciones para estimular la evaluación docente y así mejorar los resultados educativos.
>Los impuestos al salario son una fuente de intensas polémicas e impactos distorsivos y regresivos. Por un lado, las muy altas cargas sociales y la baja valoración de las prestaciones de la seguridad social inducen a una masiva expansión de la informalidad, especialmente entre las empresas más pequeñas. Por el otro, la falta de actualización de los parámetros que se aplican para calcular el impuesto a las ganancias es objeto de permanentes reclamos. La prioridad para el país es generar más empleos de calidad y disminuir la alta informalidad laboral. Para ello, los cambios en los impuestos al salario deben hacerse como parte de una estrategia integrada que enfrente ambos desafíos y disminuya la exclusión social.
>La mitad de los adolescentes no termina la secundaria a tiempo y la calidad de la educación recibida es mediocre. Consistente con ello, un 55% de los jóvenes menores de 24 años sufre severos problemas de empleo. Con la finalidad de atacar este problema el Progresar contempla subsidiar a los jóvenes entre 18 y 24 años pertenecientes a los hogares más pobres para que continúen sus estudios. Tal como está diseñado, más que solucionar los problemas existentes, el programa tenderá a promover el asistencialismo. Para combatir la discriminación laboral que sufren los jóvenes es mucho más efectivo mejorar la calidad y la pertinencia de la educación y eliminar trabas que desalientan la contratación de jóvenes. En este número de Empleo y Desarrollo Social se presentan propuestas de políticas públicas en esta dirección.
>La Argentina disfruta de un contexto internacional inéditamente favorable, creando condiciones propicias para un fuerte crecimiento en la producción. En este sentido, la generación de empleos fue potenciada por la licuación de costos laborales asociada a la mega-devaluación; además de los niveles record en materia de presión impositiva y gasto público. No obstante, la calidad del empleo tuvo una mejora modesta, lo cual, se traduce en profundas consecuencias sociales.
>Las mujeres son mayoría en el último año de la educación básica y secundaria; terminan con éxito la secundaria en mucho mayor número que los varones; dominan en la mayoría de las orientaciones científicas y con mejor desempeño.
>El hambre es un problema real que afecta a millones de habitantes de nuestro país y tiene graves consecuencias sobre los niños y adolescentes. Sin embargo, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, Argentina produce comida suficiente para alimentar a 442 millones de personas. Es evidente que no se trata de un problema de disponibilidad de alimentos, sino de falta de acceso a éstos por parte de los sectores más pobres de la población. En este número de Empleo y Desarrollo Social examinamos la información disponible sobre esta problemática y las actividades de los Bancos de Alimentos. Estas acciones de la sociedad deben ser reforzadas con un apoyo más decidido del Estado.
>Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares que el INDEC ha vuelto a publicar recientemente revelan que en la Argentina hay 4,4 millones de personas con empleos informales de mala calidad y 1 millón de desempleados. Esta evidencia demuestra que a pesar del crecimiento económico y de las medidas implementadas en los últimos años, los problemas laborales continúan sin resolverse. La devaluación del año 2002 indujo una importante generación de empleos sustentada en la erosión del salario real, pero este modelo se ha agotado. Ahora es necesario
implementar una fuerte modernización de las instituciones laborales, con énfasis en un régimen especial para las microempresas que concentran un alto porcentaje del empleo privado no registrado y operan con una lógica de “trabajo – trabajo”.
