Sector Público
Como viene ocurriendo desde hace varios años, el proyecto de Presupuesto Nacional presentado al Congreso adolece de severas inconsistencias. Aún así, contiene información valiosa. Un dato muy sugerente es que se está programando aumentos de jubilaciones, salarios públicos y subsidios a empresas públicas y privadas deficitarias por debajo de la inflación verdadera. Se trata de una evidencia bastante contundente de que, más allá de los discursos, el temido “ajuste” no es una opción de política sino un camino inevitable originado en decisiones equivocadas y el despilfarro cometidos en la última década.
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El gobierno nacional decidió que la Gendarmería se involucre en tareas de seguridad en el Gran Buenos Aires. Se trata de una acción oportunista y de baja eficacia ya que obliga a descuidar las funciones que esa fuerza venía ejecutando para que desarrolle tareas que se superponen con las de la policía bonaerense. Un camino genuino para mejorar la seguridad de todos los ciudadanos –y no sólo los de Buenos Aires– es dejar de despilfarrar fondos públicos en subsidios económicos y transferirlos a las provincias para que modernicen sus policías.
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Los CEDIN, tal como fueron reglamentados, operarán como una moneda nacional convertible en dólares. Que un Gobierno que ha denostado enfáticamente la convertibilidad apele a este tipo de herramienta demuestra que utilizar el respaldo de una moneda extranjera más que una opción es una necesidad derivada de la inflación alta y persistente. Mientras no haya estabilidad, la gente va a ahorrar y utilizar como medio de pago una moneda diferente a la nacional. Por eso, la tan proclamada “soberanía monetaria” no se logra con discursos sino con mejores instituciones, en particular, un manejo más responsable y profesional del Estado.
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El presidente Mujica generó fuertes controversias al opinar que los uruguayos son pocos proclives al trabajo. Dado que, según la información oficial de ambos países, los argentinos no trabajan más que los uruguayos, estas polémicas declaraciones bien podrían ser aplicables a la Argentina también. En cualquier caso, la cuestión central es que se trata de una generalización que esconde situaciones muy diferentes. Una de las divergencias más notables se da en los niveles de exigencias mucho más laxos que prevalecen en el Estado respecto a las que se aplican en la mayor parte del trabajo en el sector privado.
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