Informes Nacionales
Las nuevas autoridades económicas plantearon la necesidad de avanzar con una profunda reforma tributaria. El planteo está justificado en la compleja superposición de impuestos que desalienta la inversión y la creación de empleos. Pero el ordenamiento tributario debe ir acompañado de la reducción de la evasión. Para ello, es central desalentar los pagos en efectivo. La eliminación de la devolución del IVA por el uso de las tarjetas de débito va en sentido contrario.
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El año termina sin mejoras en la economía y manteniendo como principal desafío el ordenamiento de las cuentas públicas. Junto con el anuncio de cambio de ministro se destacó la importancia de abordar esta meta. Pero la modernización y sustentabilidad del sector público depende más del resto del gabinete que del Ministro de Hacienda. Puntos claves son revisar los programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales y la reforma previsional.
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Sería deseable que el trabajoso acuerdo logrado para reformar el impuesto a las ganancias sea el punto final de un debate mal planteado. La Argentina sufre una estructura impositiva compleja y perversa que grava mucho al consumo y a la producción y poco a los ingresos altos y a la propiedad. Para promover progreso e inclusión social la prioridad no es reducir la incidencia del impuesto a las ganancias sino cambiar el resto del sistema tributario.
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El haber malogrado la aplicación de las pruebas PISA testimonia el divorcio de la comunidad educativa argentina con la calidad. Gracias a que la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo en la prueba se tiene al menos datos de ese distrito. Aunque es información parcial alcanza para desnudar severos problemas de gestión con fuertes implicancias distributivas. Las soluciones demandan un replanteo profundo, incluyendo cuestionar la utilidad de mantener un ministerio de educación nacional.
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El proyecto de ley del impuesto a las ganancias aprobado por la oposición en Diputados tiene groseros errores técnicos. La desordenada mezcla de iniciativas sin respetar un mínimo de coherencia derivó en un articulado complejo e incoherente que seguramente la mayoría de los que lo votaron no fueron conscientes de sus implicancias. Una de ellas es que se vuelve a la muy resistida tabla que impuso la Alianza en 1999 y que derogó Cristina Kirchner en el 2009.
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Resulta muy contradictorio declamar en favor de la equidad social y en simultáneo desplegar una tenaz resistencia a pagar el impuesto a las ganancias. En los países socialmente más avanzados se observan diferencias en los niveles de presión tributaria, pero en todos los casos hay preeminencia del impuesto a las ganancias. En Argentina, por el contrario, se paga poco impuesto a las ganancias y se castiga a los pobres con altos impuestos al trabajo y al consumo.
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El rechazo al voto electrónico y el acuerdo para aumentar el gasto asistencial con la “Emergencia Social” son dos triunfos del conservadurismo político que brega por sostener esquemas de poder feudales. Si todos los recursos que se asignan a programas asistenciales llegaran a las familias de más bajos ingresos, no habría ningún hogar debajo de la línea de pobreza. Por eso, para alcanzar el objetivo de “Pobreza Cero” no se necesita más asistencialismo sino mejor institucionalidad.
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Los partidos de la oposición se alinearon para aprobar en el Senado un proyecto de ley que implica multiplicar los planes asistenciales. La iniciativa pareciera ignorar que el presupuesto para el año próximo ya contempla que un cuarto de los ingresos públicos se asigne a esta función. Pero lo más criticable es la tozuda apelación al asistencialismo tradicional en lugar de aportar ideas que ayuden a encontrar soluciones estructurales a los problemas sociales.
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La elección como presidente de Estados Unidos del controvertido candidato republicano seguramente implicará un contexto internacional menos favorable para la Argentina. Ante la posibilidad de menor acceso al crédito y precios de las exportaciones más bajos resulta prudente replantear estrategias. Es recomendable acelerar las reformas estructurales necesarias para equilibrar las cuentas públicas.
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La litigiosidad espuria en el sistema de riesgos del trabajo es uno de los principales factores que conspiran contra la generación de empleo productivo. El gobierno reaccionó enviando un proyecto de ley al Congreso. Más allá de la norma, el éxito de la iniciativa depende crucialmente de la disposición y la capacidad para profesionalizar la justicia laboral, las comisiones médicas y el accionar de las ART.
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