Informes Nacionales
El sinceramiento de los datos del INDEC confirma que la desigualdad en la distribución personal de los ingresos es persistente. Las políticas tradicionales –como la reapertura de paritarias, el bono de fin de año o exenciones en el impuesto a las ganancias– no aportan solución ya que la mitad de los ocupados cobran menos del salario mínimo legal y se desempeñan en la informalidad. La prioridad es crear un estatuto tributario y laboral especial para pequeños emprendimientos.
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La aplicación de pruebas educativas motorizó polémicas a pesar de que se trata de una herramienta de uso habitual en otros países al permitir una mejor definición de las políticas. Entre las evidencias que explicitan estas mediciones aparece que mientras la inversión en educación aumentó, el aprendizaje de los alumnos decreció. Esto demuestra que, más prioritario que seguir aumentando el presupuesto educativo, es cambiar los estilos de gestión de las escuelas.
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La administración centralizada de la política laboral toma como referencia a las grandes empresas y es poco sensible con las limitaciones de las empresas más pequeñas y menos productivas. La respuesta a esta discriminación es la alta informalidad, que llega a ser masiva en las regiones más postergadas. Se deben repensar las instituciones laborales incorporando criterios más descentralizados que incluyan la necesidad de la mayoría y no sólo la de la elite más productiva.
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Los sindicatos presionan para lograr incrementos en las remuneraciones de los asalariados registrados. Aunque se argumente un interés social, estas políticas profundizan la pobreza. La razón es que los beneficios aumentan los costos laborales impactando sobre los precios de los bienes y servicios de la canasta básica, mientras que la mayoría de las familias pobres no reciben los beneficios porque sus ingresos se generan en el trabajo informal.
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El retorno de la medición de la pobreza y la indigencia confirman que mucha gente sufre privaciones materiales. El dato debería motivar autocrítica, especialmente en torno a la sobreestimación de los impactos que se esperaban del asistencialismo. Limitándose a repartir dinero no se logrará erradicar la indigencia ni mucho menos la pobreza. Además de ayuda social, se necesita estabilidad de precios, maternidad responsable y facilitar la inserción laboral de las mujeres.
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El INDEC corrigió la medición de la Línea de Pobreza. Nuevamente se podrá medir como corresponde la incidencia de la marginalidad social y mejorar el análisis de sus causas. Aquí hay que destacar la fuerte asociación entre pobreza e informalidad laboral. Para superar la tajante segmentación entre trabajadores formales e informales es imprescindible multiplicar la cantidad de empresas, mejorar la calidad de la educación y modernizar las instituciones laborales.
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El gobierno presentó el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017. Un aspecto muy positivo es que se recupera el presupuesto como instrumento de planificación de la política pública luego de más de una década de oscurantismo y manipulación. La principal debilidad es que se observa una inercia que limita los avances hacia una mejor organización del Estado. Esto lleva a un crecimiento del endeudamiento público que no es sostenible en el tiempo.
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La incapacidad para llevar a la práctica el consenso sobre la necesidad de sancionar un nuevo sistema de coparticipación demuestra que hay que cambiar de estrategia. Seguir reduciendo el tema a una puja de porcentajes entre jurisdicciones garantiza perseverar en el fracaso. En cambio, eliminando superposiciones de roles entre la Nación y las provincias puede abrir espacios de acuerdo político que faciliten una mejor organización del Estado.
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La Provincia de Buenos Aires planteó ante la Corte Suprema un cuestionamiento por el Fondo del Conurbano. Argumenta discriminación respecto al resto de las provincias en la distribución de una parte del impuesto a las ganancias. No menos discriminador contra el resto de las provincias es que con recursos nacionales se subsidien los servicios públicos de los habitantes del conurbano. La acumulación de arbitrariedades es tan grande que la Justicia no las va a poder resolver. Se necesita un replanteo integral de roles entre Nación, provincias y municipios.
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La difusión de los primeros datos laborales emitidos por el INDEC en su proceso de normalización generó alarmas. La información más comentada es el crecimiento de la tasa de desempleo. Sin embargo, el aumento se debe a que personas que hace un año se registraban como inactivas ahora se registran como desocupadas. Más allá de la cuestión estadística, la escasez de empleos es grave y justifica una estrategia integral que demanda mucha innovación y audacia política.
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