Informes Nacionales
Existe un amplio consenso en favor de desplegar estrategias que promuevan la cultura emprendedora. Esto está presente en los discursos pero no en las políticas públicas. Por eso prevalecen condiciones adversas que desalientan el nacimiento y desarrollo de nuevos emprendimientos. Entre las más importantes se destacan la enorme carga burocrática, la falta de infraestructura y un esquema tributario arbitrario que discrimina a los pequeños emprendedores.
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Un paso adelante en racionalizar el sistema impositivo es la eliminación de los impuestos a los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta. Son impuestos de muy baja recaudación que se superponen con los que cobran las provincias y los municipios, e imponen innecesaria complejidad administrativa a los contribuyentes. Pero, por lejos, el desafío más importante y complejo es lograr que en un futuro no lejano se logre acordar las reformas al sistema previsional que garanticen su sustentabilidad.
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Actualizar las jubilaciones perjudicadas por la insuficiente movilidad sufrida entre los años 2002 y el 2006 va en la dirección correcta. Subsana una injusticia y cancela un enorme pasivo que la administración anterior no registró. También es positivo crear una pensión no contributiva que reemplace a las arcaicas moratorias. El proyecto debería también contemplar el abordaje de las deudas que tiene la ANSES con las provincias y mecanismos para que la reforma previsional no se postergue.
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En los últimos años la creación de empleo fue baja y muy concentrada en el sector público. Esta es una de las razones por las cuales el Estado cobra muy altos impuestos y brinda pocos servicios. La euforia por el retorno al mercado de capitales debería mesurarse de cara a la magnitud del reto que implica modernizar el sector público. De lo contrario, puede ser el principio de un nuevo proceso de endeudamiento irresponsable cuyo final sea otra crisis.
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En los últimos años las universidades públicas recibieron importantes aumentos de presupuesto público. Este esfuerzo no fue correspondido con más egresados universitarios ni con mejoras significativas en la calidad. En lugar de jornadas de protestas, la comunidad universitaria debería impulsar la reflexión y la autocrítica para detener el derroche de fondos públicos y recuperar la calidad.
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UNICEF informó que en la Argentina, a finales del 2015, 1 de cada 3 niños y adolescentes es pobre estructural. Es decir, sufre alguna carencia de acceso a un derecho básico. La experiencia demuestra que con asistencialismo convencional nunca se revertirá esta dura realidad. En este marco, la devolución del IVA que grava los alimentos a la gente de más bajos ingresos plantea una alternativa innovadora con interesantes potencialidades.
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Para que la celebración del día del trabajador este imbuida plenamente de los principios de justicia social se debería dar a los trabajadores independientes la importancia que merecen. Las políticas públicas tienen una deuda pendiente con este cuarto de los trabajadores altamente discriminados por malas regulaciones que los asumen como si fueran titulares de grandes corporaciones en lugar de considerarlos como lo que son, esto es, simples trabajadores.
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En la última década se crearon muchos empleos formales pero también fue masiva la destrucción de puestos de trabajo. No se trata de un hecho excepcional sino que ocurre en todos los mercados de trabajo ya que la permanente creación y destrucción de empleos es un fenómeno natural del sistema productivo. Por eso, prohibir por ley los despidos es una política destinada al fracaso que demuestra escasez de ideas innovadoras y exceso de oportunismo político.
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El ingreso de UBER a la Ciudad de Buenos Aires genera intensas polémicas. La experiencia en otros países muestra que las resistencias de los taxistas son naturales pero difícilmente eviten usar una tecnología que permite brindar un servicio de más calidad a menor precio y, además, es fuente de muchas e interesantes oportunidades laborales. En vez de poner trabas a la innovación, el Estado debería concentrarse en promover su incorporación, facilitar la transición y generar condiciones para que todos puedan aprovecharla.
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Nuevamente la Justicia reacciona ante casos graves de denuncia de corrupción contra funcionarios públicos luego de un cambio de gobierno. No se trata de un episodio aislado de oportunismo sino de un problema estructural en la gestión del Poder Judicial. Las soluciones no pasan por seguir asignando más personal y fondos a la administración de justicia, como viene ocurriendo en los últimos años, sino por impulsar profundas reformas en el funcionamiento del sector.
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