Mercado Laboral
La conflictividad laboral en la Argentina es mucho más alta que la observada en países desarrollados. Parte del problema se origina en la alta inflación, pero también inciden las vetustas instituciones laborales. Para mejorar la calidad de la negociación colectiva es necesario revisar la ultra-actividad y la representatividad. (más…)
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La prohibición a los familiares de funcionarios a ser nombrados en el Estado tiene un valor simbólico. Pero también denota impotencia frente a las dificultades para profesionalizar al Estado. Dentro de ellas, la principal se deriva de aplicar con exagerada rigidez el principio de la estabilidad en el empleo público.
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Las nuevas tecnologías están provocando profundas transformaciones en los procesos productivos. Una de las principales consecuencias es la masiva destrucción de empleos tradicionales y la generación de nuevos puestos de trabajo. La discusión por la reforma laboral debería estar menos centrada en el pasado y más en los desafíos futuros que plantean estos nuevos escenarios. (más…)
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La discriminación laboral contra las mujeres es motivo de justificada preocupación. Las evidencias muestran que el fenómeno no se genera porque en el mercado laboral se subvalúe el aporte femenino a la producción sino por la atávica tradición de colocar en la mujer la centralidad de las tareas domésticas. Por eso, la equidad de género no se logrará sólo con nuevas regulaciones laborales. Hace falta también propiciar un cambio cultural que distribuya con equidad los roles dentro del hogar.
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Los juicios laborales son un tema recurrente en la agenda laboral. Desde un punto de vista estrictamente judicial, los juicios laborales no tienen connotación positiva ni negativa. Son un método legítimo de resolución de conflictos por derechos.
Pero desde el punto de vista social y ético es irrefutable que su proliferación debe ser motivo de preocupación. Porque el verbo judicializar significa llevar por la vía judicial asuntos que podrían resolverse por la vía del diálogo. En este sentido, la judicialización es eminentemente negativa porque elige los costos del conflicto cuando el diálogo es todavía opción.
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En el presente informe se muestran los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales y del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial publicados recientemente por el Ministerio de Trabajo de la nación. En el mismo, se puede indagar acerca de la evolución interanual e intermensual del Índice de Empleo elaborado por esta dependencia, y de la cantidad de empleo registrado por provincia y sector de actividad entre los meses Mayo-Junio de 2016 y 2017.
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La discusión en torno a la actualización del salario mínimo legal no llegó a un acuerdo. El problema no es la falta de capacidad de consenso sino que, ante los muy bajos niveles de productividad vigentes, el salario mínimo no es una herramienta eficaz para sacar a la gente de la pobreza. En lugar de seguir embarcado en controversias estériles, el Consejo del Salario Mínimo debería abordar la modernización de las instituciones laborales y educativas.
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La Asignación Universal por Hijo no estaría teniendo impactos importantes sobre la decisión de trabajar de las madres. Se trata de una de las principales debilidades de este programa social ya que al no estimular el acceso a un empleo se reducen las posibilidades de superar la pobreza. El progreso social y la equidad de género requieren que las mujeres pobres salgan de la “trampa de inactividad”. Para ello es necesario un profundo replanteo de las políticas educativas y de cuidados infantiles.
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El crecimiento de la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo es vertiginoso. El fenómeno está asociado a los criterios laxos y concesivos que aplica la Justicia en cuatro provincias. En estas jurisdicciones, se genera casi el 80% del total de juicios de todo el país. La reforma sancionada por el Congreso de la Nación, que ya cuenta con la primera adhesión a través de una ley sancionada por la Legislatura de Córdoba, es un nuevo intento por resolver este crucial problema.
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