Informes Nacionales
La reelección de la presidenta de Brasil viene acompañada por un replanteo de estrategias destinadas a combatir la inflación y la corrupción. Las evidencias muestran que estos dos flagelos son mucho más graves en Argentina que en el país vecino. Por eso, una inteligente mirada del proceso brasileño debería trascender el ámbito económico y extenderse a su dimensión política ya que delinea la agenda de políticas públicas que debería asumir la Argentina.
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El INDEC reportó que la desocupación aumentó y la participación laboral cayó. Las autoridades económicas argumentan que el incremento de la tasa de desempleo no es importante y que no son claros los motivos detrás de la caída en la tasa de participación. Sin embargo, la comparación con países vecinos sugiere que la Argentina sufre una severa carencia de empleos. Para revertir esta situación se necesita no sólo reactivar la producción sino también replantear las políticas vigentes que desalientan la creación de empleos y promueven la inactividad laboral.
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La AUH goza de amplios consensos pero, según datos oficiales, luego de cuatro años de implementada está lejos de haber logrado los resultados esperados. La reducción en la deserción escolar es modesta y no está concentrada entre los hogares beneficiarios del subsidio. El problema no se origina en su concepción sino en la vetusta gestión que aplica la ANSES. La solución comienza por descentralizar el control de condicionalidades de la AUH en las provincias que son las responsables de administrar las escuelas.
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El crecimiento descontrolado del gasto público exige aumento de impuestos y más emisión monetaria. Los sectores más acomodados presionan para reducir el impuesto a las ganancias, eludirlo a través de mecanismos de dudosa legalidad o cobrar un bono extraordinario que compense la inflación. La situación de los hogares más pobres es más grave porque sufren en plenitud la aceleración de la inflación. Para frenar este deterioro social es imprescindible reducir el crecimiento del gasto público, replantear prioridades y profesionalizar la gestión del Estado.
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La Ley sobre Riesgos del Trabajo produjo una importante reducción en la siniestralidad y mejoras en las prestaciones, con impactos moderados en los costos laborales. La incorporación del servicio doméstico era una tarea pendiente que recién ahora fue abordada. Lamentablemente, errores de instrumentación van a llevar a que la obligación de contratar una ART en este sector, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los trabajadores, provoque desprotección.
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La Presidenta llamó al diálogo para revertir la irracional superposición de impuestos que se produce entre la Nación, las provincias y los municipios. El planteo es muy pertinente. Pero para avanzar hacia un mejor sistema tributario previamente hay que detener el despilfarro de fondos públicos que induce la centralización de recursos públicos a favor de la Nación y la superposición de roles y funciones entre los tres niveles de gobierno.
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La insuficiente inversión en infraestructura cercena las posibilidades de desarrollo económico y progreso social. El problema no se origina en la falta de recursos sino en la priorización de gastos corrientes que generan réditos políticos inmediatos y en resabios de atávicas convicciones ideológicas que sostienen que el sector privado no debe intervenir en este sector. La experiencia de otros países, y la de la propia Argentina, señalan que es posible duplicar la tasa de inversión en infraestructura en base a una inteligente articulación entre el sector público y el privado.
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La OIT alertó que aun habiendo disfrutado de un contexto internacional muy favorable la informalidad sigue siendo muy alta. Si bien el fenómeno es causado por múltiples factores, uno de los más importantes son las regulaciones laborales que discriminan contra los trabajadores menos calificados. Se necesita apelar a nuevas estrategias que prioricen bajar las cargas sociales –que gravan a los salarios más bajos– antes que reducir el impuesto a las ganancias.
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En términos de PBI, la Argentina invierte muchos más que los países avanzados en personal de educación. Pero los pobres resultados que obtiene sugieren que el principal desafío pasa por aumentar la calidad de la gestión educativa. Algunos países de la OECD muestran que se puede mejorar los niveles de educación con un número pertinente de educadores, bien pagados y calificados, reglas que estimulen el buen desempeño, más insumos y mejor infraestructura.
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A partir de la salida de la crisis del 2002 el empleo privado registrado experimentó un fuerte crecimiento. El proceso no fue sustentable porque estuvo asociado a la licuación de salario real que produjo la mega devaluación. Prueba de ello es que la generación de empleos se fue debilitando a medida que las remuneraciones recuperaron poder de compra. Actualmente, la única fuente de creación de empleo formal es el sector público. El empleo público improductivo e innecesario agrava los problemas ya que aumenta el déficit fiscal y degrada la calidad del Estado.
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