Informes Nacionales
Aunque desde la salida de la crisis del año 2002 se observa una importante mejora en la distribución del ingreso, las manifestaciones de insatisfacción de la población son intensas. Mientras los segmentos medios perciben que el inédito crecimiento en la presión impositiva no es correspondido con mejores servicios del Estado, los más postergados reciben muy poco del fuerte aumento en el gasto público. Esto no se resuelve creando más programas asistenciales, para beneficiar a los pobres, ni reduciendo el impuesto a las ganancias, para congraciarse con la clase media. Lo que se necesita es un profundo cambio en la calidad de gestión del Estado.
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Ante la requisitoria de legisladores, motivadas por el agravamiento de la inseguridad, el Jefe de Gabinete dejó traslucir que la gestión de la policía y la justicia es responsabilidad de las provincias. La respuesta es correcta, pero parcial, ya que parte del problema también se genera por la centralización de fondos públicos. De todas formas, es imprescindible una autocrítica a nivel de los gobiernos provinciales tanto por haber permitido el avasallamiento del federalismo como por perseverar en la mediocridad de la gestión en sus responsabilidades.
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En el marco del aletargamiento en el nivel de actividad económica se hacen más explícitas las negativas consecuencias sociales derivadas de la baja calidad institucional. Testimonios concretos son las barreras que discriminan contra la inserción laboral de los jóvenes, especialmente las mujeres. Mientras que en los países más avanzados el progreso social se basa en altas tasas de empleo juvenil y femenino, en la Argentina el ingreso de los jóvenes está fuertemente condicionado por baja formación, regulaciones laborales e impositivas onerosas y burocráticas, y ausencia de estrategias para promover conductas reproductivas responsables.
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La devaluación produjo un aumento extraordinario de la recaudación impositiva. Pero el incremento del gasto público fue mayor debido a una fuerte expansión de los subsidios económicos. Como era previsible, los intentos de reeditar el “modelo” están fracasando porque ahora es más difícil licuar salarios y jubilaciones en comparación con la experiencia del año 2002. Pero fundamentalmente porque el deterioro que acumulan las empresas de servicios públicos obliga a compensar el aumento de costos que produce la devaluación con mayores subsidios del Estado.
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La Nación interviene decisivamente en la negociación de los salarios docentes pero aporta una porción marginal y cada vez más pequeña de las remuneraciones. Este esquema potencia la conflictividad, llegando a la irracionalidad de que en las provincias donde se acordaron aumentos con los sindicatos tampoco se iniciaron las clases. En lugar de interferir en la política salarial, la Nación debería apoyar financieramente a las provincias que reduzcan el ausentismo docente, el retraso y la deserción escolar, y mejoren la calidad educativa.
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El Estado argentino finalmente compensará a REPSOL por la estatización de YPF. Aunque se difundió como costo de la indemnización unos U$S 5 mil millones pagaderos en bonos, computando los altísimos intereses implícitos en esos títulos el costo superará los U$S 10 mil millones. Además de lo elevado del monto, el grueso de los pagos serán afrontados por los futuros gobiernos. Se trata de otro testimonio de decisiones tomadas con criterios oportunistas y poco profesionales que hipotecan el bienestar de las futuras generaciones.
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La caída en la tasa de desempleo que informó el INDEC se produjo porque mucha gente dejó de buscar empleo. Esto es el resultado de la pérdida de capacidad para generar nuevos empleos asociada al bajo crecimiento económico y la pobre calidad de las instituciones laborales. El problema no se resuelve induciendo a que en las paritarias se fijen aumentos de salario por debajo de la inflación y utilizando fondos públicos para subsidiar la inactividad laboral –como la Asignación Universal por Hijo y el Progresar– sino mejorando el diseño de las instituciones laborales.
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El “modelo” instaurado a partir del año 2003 se basó en los superávits gemelos (fiscal y externo). Como ambos estuvieron sustentados en la licuación de salarios reales que produjo la mega-devaluación, la economía perdió impulso cuando las remuneraciones recuperaron el nivel previo a la crisis. Para restablecer el “modelo” se requiere no solo devaluar sino también lograr que los aumentos de salarios sean inferiores a los del dólar y la inflación. Una alternativa socialmente más promisoria para crecer sin deteriorar las remuneraciones reales es impulsar políticas públicas que promuevan la productividad y la competitividad.
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Ante la inestabilidad del dólar, las autoridades anunciaron la intención de revisar los subsidios económicos. Además de tardía, la iniciativa está planteada como una amenaza a quienes pretenden proteger sus ahorros comprando dólares en lugar de una política equitativa y racional en la asignación de fondos públicos. La regla general debería ser que las tarifas sean acordes a los costos de los servicios públicos. En paralelo, instrumentar una tarifa social para que todos los hogares pobres –no sólo los que viven en Buenos Aires– sean los únicos subsidiados.
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Ante el persistente drenaje de reservas las autoridades anunciaron una nueva política cambiaria. Junto con ello, se dispuso la instrumentación del programa Progresar con el objetivo de paliar la marginalidad que sufren millones de jóvenes. Se sigue sin tomar conciencia de que la escapada del dólar refleja el exceso de gasto público muy mal administrado y que, por lo tanto, no habrá solución sin una profunda transformación del sector público. Pero más grave aún es inducir a miles de jóvenes, en el inicio de su vida productiva, a la dependencia del asistencialismo.
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