Informes Nacionales
Datos del INDEC señalan que el aumento del empleo en el último año se explica casi en su totalidad por el crecimiento del empleo asalariado no registrado. Estas estimaciones son preliminares, dado que se basan en encuestas a hogares aplicadas sólo en los grandes aglomerados urbanos, sin embargo, marcan una tendencia a la expansión del desempleo y la informalidad. Parte del problema se explica por el estancamiento de la actividad económica, pero también hay una alta incidencia del incremento de los costos laborales. Por ello, se requiere reformar las instituciones labores en la dirección de reducir las cargas que subyacen en el empleo formal.
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La Argentina tradicionalmente era reconocida en América Latina por la mayor extensión de su clase media. Pero esta posición se viene diluyendo en las últimas décadas. Si bien la bonanza económica tiene asociada mejoras en los indicadores sociales de todos los países, el crecimiento de la clase media en la Argentina es sensiblemente menor al observado en Brasil, Chile y Uruguay. Esto no se explica por diferencias en la dotación de recursos naturales ni cuestiones ideológicas sino por la calidad de las políticas públicas. Por eso, para no seguir desperdiciando oportunidades alcanzaría con emular a los países vecinos.
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La presión impositiva alcanzó niveles inéditos. Aún así, resulta insuficiente frente al extraordinario aumento del gasto público. Por eso, el gobierno nacional apela de manera cada vez más intensa al “impuesto inflacionario”, es decir, a apropiarse de recursos por la vía de desvalorizar con inflación los billetes en poder del público. Con este mecanismo –que resulta más regresivo y distorsivo que cualquiera de los peores impuestos–, la Nación se apodera de una masa de recursos equivalentes a la mitad de los ingresos de la Provincia de Buenos Aires o aproximadamente al doble de los ingresos de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
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Como era previsible, el retraso tarifario en los servicios públicos exacerba el consumo, provoca déficits de inversiones que deterioran la calidad de los servicios y demanda cuantiosos subsidios a favor de las empresas proveedoras. Esto no se resuelve con el anunciado aumento de las tarifas de gas y electricidad que alimentará un fondo estatal para financiar las inversiones. La solución genuina pasa por gestionar las obras en base a articulación público-privada y tender a cobrar la tarifa real a todos los usuarios, complementado con subsidios focalizados a través de un régimen de tarifa social a favor de las familias más pobres.
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En la última década, el Producto Bruto Interno experimentó un importante crecimiento. La mitad de este fuerte crecimiento de la economía fue absorbida por el aumento del gasto público. En paralelo, la gente percibe que el esfuerzo de pagar más impuesto es desproporcionado con respecto a los pocos beneficios que recibe del Estado. El problema no es el tamaño del gasto público sino la falta de sentido estratégico y las deficiencias en su gestión. Para legitimar la alta presión impositiva se necesita un razonable rendimiento social en el uso de los fondos públicos.
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Pocos temas generan mayores consensos que la educación como factor de progreso social. En función de ello, en los últimos años se han multiplicado los recursos asignados a la educación pública. Pero, paradójicamente, las familias de manera masiva optan por enviar a sus hijos a escuelas privadas. Se trata de una manifestación, espontánea y silenciosa, asimilable a un “8N educativo” que denota frustración y desencanto frente a la mala administración de los fondos públicos. Esto marca la urgencia de reconstruir el sistema educativo en base a valores de esfuerzo y calidad.
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Las inundaciones son una prueba concreta de las carencias de infraestructura que sufre la ciudadanía y la actividad productiva. No es un problema de disponibilidad de recursos públicos sino de capacidad para administrarlos a favor del bienestar general. Para financiar las obras hídricas que permitan evitar o mitigar las inundaciones alcanzaría con redestinar los fondos estatales que se dilapidan en Aerolíneas Argentinas. Con un manejo más profesional, federal y honesto del sector público se podrían evitar los enormes daños que producen las inundaciones.
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Los datos oficiales señalan que se consolida la retracción de la producción industrial. Esto no está asociado a la crisis de los países desarrollados, sino al severo retroceso en la competitividad. Los problemas fueron transitoriamente disimulados gracias a la mega devaluación del año 2002 y posteriormente a la apreciación cambiaria de Brasil. Pero estos fenómenos se están agotando. Prueba de ello es que la industria brasileña también está en declive aun cuando otros países de la región siguen creciendo. Para recuperar el crecimiento económico, hay que implementar reformas estructurales que eleven la competitividad.
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La desaceleración de la actividad económica no trajo aparejado aumentos de la tasa de desempleo. Esto no significa que no se estén produciendo problemas laborales sino que la falta de oportunidades se manifiesta principalmente a través de gente que se retira del mercado de trabajo. De no mediar este fenómeno, la tasa de desempleo abierto habría experimentado un notable aumento. La bonanza económica permitió disimular los problemas, pero apenas el crecimiento se morigera vuelven a emerger las consecuencias sociales de la baja formación de gran parte de la población adulta y de las deficientes regulaciones laborales.
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Uno de los componentes más importantes del Presupuesto Nacional para el año 2013 es el referido a las empresas públicas. Un rasgo significativo es que se mantiene un muy bajo nivel de transparencia en la gestión de esta parte del Estado y enormes desequilibrios que son cubiertos con fondos del Tesoro. La principal novedad es que se incluyen exenciones impositivas a Aerolíneas Argentinas. Sorprende la manera en que se reproducen los mismos errores que llevaron a la crisis terminal de las empresas públicas en la década de los ‘80.
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