Informes Nacionales
El muy buen desempeño de las economías latinoamericanas en los últimos años es generalizado. La causa principal es un contexto internacional inéditamente favorable. Por eso, que las importaciones en Argentina se estancaran es una mala noticia. No sólo porque el fenómeno está asociada a las prohibiciones oficiales, que son inconsistentes e insostenibles, sino porque también se está dando en Brasil, Chile y Uruguay. Esto podría ser un indicio de que el contexto internacional está desmejorando y la Argentina no se está preparando para enfrentarlo.
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Las demandas paritarias de aumentos salariales del orden del 30% son coherentes con el objetivo de proteger las remuneraciones del intenso proceso inflacionario, pero inconsistentes con el equilibrio macroeconómico. La etapa del “crecimiento fácil” luego de la gran licuación de costos que produjo la devaluación del año 2002 ha concluido. Con costos laborales que tiende a superar los niveles de la convertibilidad se hacen explícitas las consecuencias de no haber aprovechado este período de bonanza para tomar medidas que generen mejoras genuinas en la productividad de las empresas y la competitividad de la economía.
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El empleo no registrado es una preocupación social compartida. Por eso, resulta muy revelador que la bonanza económica y los mayores controles laborales indujeron a una mayor propensión al cumplimiento de las normas, pero entre las empresas más grandes. Entre las empresas más pequeñas estas acciones no han tenido impactos importantes. Esto señala la importancia de integrar, como un componente clave y prioritario dentro de las políticas públicas, la revisión de la legislación laboral y de la seguridad social con sentido simplificador a fin de adaptar las normas a las limitadas posibilidades de los pequeños emprendimientos.
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Desde el año 2009, cuando resurge el déficit fiscal luego de la crisis del año 2002, el oficialismo, acompañado por gran parte de la oposición, en lugar de acordar estrategias para construir un Estado moderno y equilibrado, viene apelando a captar fondos a través de confiscaciones. El desequilibrio fiscal es creciente, las deudas no registradas se acumulan y los ahorros se fugan. Más allá de que para justificar las confiscaciones se apele al sentimiento nacionalista, el proceso conduce a la decadencia, como ya ocurrió en el pasado. Por esta vía, la Argentina desaprovecha la inédita oportunidad que el contexto internacional le está brindando a Latinoamérica.
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Se argumenta que la estatización de YPF permitirá evitar el envío de remesas de utilidades al exterior. Sin embargo, mucho más inteligente es crear confianza y oportunidades de negocios para que las entradas de nuevos capitales extranjeros sean superiores a las remesas al exterior. Este es el camino que siguen con éxito, por ejemplo, Brasil y Chile. En la Argentina, al despreciar el aporte que la inversión extranjera puede hacer dinamizando la producción y los empleos de calidad, implícitamente se contribuye a profundizar el atraso y la marginalidad social.
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La Argentina se apresta a ejecutar otra re-estatización. El justificativo, en este caso, es que con el cambio en la propiedad de YPF se revertiría el déficit energético. Se esta obviando que la grave crisis energética es la consecuencia de políticas deficientes y no del carácter privado del principal operador. Aunque en otras partes del mundo empresas públicas son manejadas profesionalmente, en la Argentina la experiencia –incluso la más reciente– demuestra que esto no ocurre. Peor aun, las ineficiencias, privilegios y corrupción que cobijan las empresas estatizadas insumen una enorme masa de recursos públicos que podrían tener un mucho mejor uso y un alto impacto en un plan serio de inclusión social.
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Recientemente Chile implementó un moderno sistema de cuidado de la primera infancia. Se combina un régimen de licencias por nacimiento, compartido entre la mujer y el varón, con un servicio de guarderías gratuitas para las familias más pobres. En Argentina, por el contrario, prevalece un acotado esquema de licencias sólo para la mujer y la carencia, casi total, de servicios públicos y gratuitos de calidad para el cuidado de los niños que integran las familias humildes. La reforma chilena muestra que con espíritu innovador y profesionalismo se pueden construir instituciones que promueven la equidad social y de género.
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Información referida a las 500 empresas más grandes del país muestra que en los últimos años los impuestos y los salarios crecieron muy por encima del valor agregado y que este proceso se sostuvo gracias a la expansión de los subsidios. Se ha llegado al punto en que las grandes empresas reciben del Estado montos equivalentes a casi un cuarto de su masa salarial. El hecho de que para muchas de las empresas líderes sea más importante congraciarse con los funcionarios para captar subsidios y otras prebendas, que invertir, innovar e incorporar tecnología, ilustra de manera clara la urgente necesidad de un cambio de estrategia como país.
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El vertiginoso crecimiento de la presión impositiva llevó a que los argentinos nunca pagaran tantos impuestos como en la actualidad. Junto con ello, se dio un inédito proceso de concentración de recursos fiscales a favor de la Nación. Dado que la responsabilidad por los principales servicios estatales es de las provincias, este proceso explica la contradicción entre impuestos que aumentan y servicios que empeoran. Peor aún, induce a la baja calidad en la gestión del Estado generando crecientes desequilibrios que la Nación financia con emisión monetaria y las provincias con endeudamiento y altos riesgos de regreso a las cuasi-monedas.
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Uno de los fenómenos más relevantes de los últimos años es el vertiginoso crecimiento del gasto público. El proceso es tan intenso que, aún en un contexto económico muy favorable y con una presión impositiva llevada a niveles récord, las cuentas públicas muestran un déficit creciente. Se ha llegado al punto en que la voracidad fiscal subordina instituciones muy relevantes para el desarrollo social, como el sistema previsional, el Banco Central y el federalismo, en pos del objetivo de paliar los desequilibrios del Tesoro Nacional. Esta es una de las secuelas más dañinas del manejo poco profesional del sector público.
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