Mercado Laboral
Para que la celebración del día del trabajador este imbuida plenamente de los principios de justicia social se debería dar a los trabajadores independientes la importancia que merecen. Las políticas públicas tienen una deuda pendiente con este cuarto de los trabajadores altamente discriminados por malas regulaciones que los asumen como si fueran titulares de grandes corporaciones en lugar de considerarlos como lo que son, esto es, simples trabajadores.
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En la última década se crearon muchos empleos formales pero también fue masiva la destrucción de puestos de trabajo. No se trata de un hecho excepcional sino que ocurre en todos los mercados de trabajo ya que la permanente creación y destrucción de empleos es un fenómeno natural del sistema productivo. Por eso, prohibir por ley los despidos es una política destinada al fracaso que demuestra escasez de ideas innovadoras y exceso de oportunismo político.
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El ingreso de UBER a la Ciudad de Buenos Aires genera intensas polémicas. La experiencia en otros países muestra que las resistencias de los taxistas son naturales pero difícilmente eviten usar una tecnología que permite brindar un servicio de más calidad a menor precio y, además, es fuente de muchas e interesantes oportunidades laborales. En vez de poner trabas a la innovación, el Estado debería concentrarse en promover su incorporación, facilitar la transición y generar condiciones para que todos puedan aprovecharla.
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Como todos los años, los estudiantes fueron rehenes del agotador proceso de negociación salarial que precede a cada inicio lectivo. Nuevamente no se logrará cumplir con la modesta meta de que el calendario escolar arranque sin paros aun cuando se invierten cada vez más recursos financieros y esfuerzo político. Esta profunda degradación de la educación es consecuencia de creer que los intereses de los gremios docentes son los mismos que los de los estudiantes.
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Con un alto impacto fiscal, se dispuso reducir la incidencia del impuesto a las ganancias. La decisión se tomó en el marco de un contrasentido entre la declamación por una mayor participación del Estado e igualdad social junto con un enconado rechazo a pagar impuestos, especialmente, el impuesto a las ganancias. Una alternativa más progresista a la de insistir con el impuesto a las ganancias es reducir las cargas sociales y el gasto público.
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El gobierno hizo explícitas sus metas de reducción de la inflación. Aunque modestas, cumplirlas exige un programa integral de reducción en los excesos de gasto público producidos en los últimos años. Abordar los bolsones más visibles de empleo público espurio es apenas uno de los componentes. Mucho más importante como determinantes del crecimiento del gasto público es la expansión indiscriminada de jubilaciones sin aportes y subsidios económicos a empresas.
Las autoridades económicas explicitaron que la meta de inflación para el presente año será de entre 20% y 25% anual. Se trata de un nivel inferior al del año pasado, pero no muy diferente al observado en años anteriores. Se planteó además que el ritmo de crecimiento en los precios irá disminuyendo progresivamente hasta alcanzar niveles de un dígito entre los años 2018 y 2019. Comparado con otros países, incluso los vecinos, se trata de metas muy modestas. Hay un reconocimiento de que la Argentina no sólo sufre una de las inflaciones más altas del mundo sino que la seguirá soportando por varios años más.
El principal motivo es el muy alto déficit fiscal. Aun con record de presión tributaria, los ingresos no alcanzan para cubrir las erogaciones del Estado. La consecuencia es una masiva emisión monetaria que impacta sobre los precios. Esto marca la importancia crucial de encarar un programa integral de reducción del gasto público.
Para abordar la tarea de disminuir el gasto público es importante identificar los principales componentes del incremento. Según los datos del Ministerio de Economía, entre los años 2004 y 2014, la presión impositiva nacional creció 8 puntos porcentuales del PBI mientras que el gasto público 12 puntos del PBI. Dentro del crecimiento del gasto se destacan:
Estos datos muestran que sólo estos tres componentes de gasto público explican 10 de los 12 puntos porcentuales de PBI que subió el gasto público. Además, si bien el exceso de contratación de personal en el Estado ha sido un factor importante de expansión, no fue el principal. Mayor incidencia cuantitativa tuvo la expansión del gasto previsional vía el otorgamiento indiscriminado de jubilaciones sin aportes y los subsidios para sostener el retraso de las tarifas de servicios públicos y los déficits de las empresas del Estado.
Los primeros pasos tendientes a corregir las manifestaciones más visibles de uso del Estado para distribuir empleo a militantes, familiares y amigos vienen siendo avalado por gran parte de la sociedad. Pero frente a la magnitud del déficit fiscal, es imprescindible incorporar en la agenda de políticas públicas la revisión de las reglas que rigen el sistema previsional, reducir los subsidios económicos normalizando las tarifas de servicios públicos y erradicar las ineficiencias, abusos y corrupción en las empresas del Estado.
No menos importante son los aspectos cualitativos. La sistemática depredación y colonización que sufrió el Estado plantea un enorme desafío de reconstrucción. Aunque el sector público nunca tuvo tantos empleados, en los niveles centrales y en numerosas delegaciones del interior, la gestión de la asistencia social se privatizó en las organizaciones sociales. Los conflictos en Jujuy demuestran las resistencias que se enfrentan para lograr que el Estado recupere la gestión. Fenómenos parecidos ocurren en las empresas públicas como lo señala el caso de Aerolíneas Argentinas donde gran parte de los subsidios que se le transfieren son apropiados por intereses privados.
Con resignación hay que asumir que la inflación, con todas sus secuelas económicas y sociales negativas, seguirá siendo alta por varios años. La principal razón son las dificultades para financiar el muy alto déficit fiscal, aún en un escenario de nuevo acceso al crédito internacional. Esto marca la altísima importancia de que todas las áreas del sector público adopten criterios de austeridad y simultáneamente incorporen innovación y profesionalismo. El desafío no sólo es reducir el déficit fiscal sino también reconstruir el Estado. Esto implica un profundo cambio de prioridades. En lugar de que el Estado sea la vía para que dirigentes sociales o empresas privadas se apropien de fondos públicos, debe pasar a actuar como un instrumento de progreso económico y social.
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Concluido el mandato del gobierno saliente emergen los pasivos ocultos. Aunque la manipulación de las estadísticas oficiales genera dudas, en materia laboral la peor herencia no es el desempleo sino la alta y creciente inactividad laboral. Muchas mujeres adultas y jóvenes, que podría trabajar, no lo hacen por la falta de oportunidades y aletargadas por la proliferación del asistencialismo. Para revertir el fenómeno se requiere capacidad de diálogo, audacia política y profesionalismo.
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La experiencia internacional enseña que el progreso está estrechamente ligado con la dinámica emprendedora. Argentina supo ser cuna de empresarios innovadores creadores de empresas de alto crecimiento. Pero las evidencias señalan que esta fortaleza tiende a desaparecer asociado a la prevalencia de la prebenda, la dependencia y el amiguismo. Sólo retomando valores del emprendimiento, el riesgo empresario y la innovación se podrá retornar a las sendas del desarrollo social.
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Una de las principales vías para promover el desarrollo social es aumentar la participación laboral de las mujeres. Para ello es imprescindible que tengan la oportunidad de estudiar e incorporarse tempranamente al mercado de trabajo. De allí la importancia de que no sean absorbidas por las tareas domésticas. Este es uno de los motivos por los cuales las políticas modernas de promoción social contemplan sistemas de alta calidad para el cuidado de la infancia y la ancianidad.
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El deterioro laboral no se explicita a través de aumentos del desempleo sino de incrementos en la inactividad. El fenómeno afecta con más intensidad a las mujeres, especialmente a las jóvenes con bajos niveles de formación. Persistir con instituciones laborales arcaicas y planes asistenciales de pobre diseño y gestión impone costos sociales importantes y genera discriminación de género.
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