Para terminar con las transferencias discrecionales a provincias, hay que ordenar la organización federal

Por Jorge Colina, Presidente de IDESA

En la negociación de la Ley Ómnibus en el Congreso hay una discusión en torno a los fondos que el Tesoro Nacional envía discrecionalmente a las provincias. Desde las autoridades económicas se amenaza con cortar estas transferencias y desde las provincias se amenaza con no apoyar la Ley Ómnibus si se tocan esos fondos.

Estos fondos son los programas nacionales en funciones provinciales que innumerables veces se trataron en estas páginas. Los ministerios nacionales de educación, salud, seguridad, medio ambiente, vivienda hacen programas nacionales de “ayudas” a las provincias mandándoles pequeños recursos para arreglar escuelas, comprar medicamentos para los centros de salud provinciales, pagar parte del salario docente o de algunos médicos jóvenes de hospitales provinciales, etcétera, o sea todos gastos que deben ser hecho por las propias provincias con recursos propios.

Esto es así porque la educación básica, la salud púbica, la vivienda, urbanismo y seguridad son funciones provinciales y para esto cuentan con la coparticipación y los ingresos provinciales.

¿De cuánta plata se está hablando?

Según los datos del Ministerio de Economía para el 2023:

• 0,2% del PIB fueron a las provincias para gastos corrientes de las escuelas. Cabe aclarar que las provincias asignan de su bolsillo más del 3% del PIB en educación básica. Además, dentro del 0,2%, la mayor parte es el Fondo de Incentivo Docente que cubre apenas el 7% del salario docente; el 93% restante lo pagan las provincias.
• 0,1% del PIB fue para gastos corrientes de centros de salud y hospitales públicos provinciales, cuando las provincias asignan de su bolsillo 2% del PIB a salud.
• 0,4% del PIB fue para gastos corrientes de otras funciones provinciales.

Se está hablando de 0,7% del PIB para gastos corrientes en funciones provinciales, en las que las provincias ya asignan 6% de PIB de sus propios recursos. O sea, son claramente “ayuditas”.

Lo que corresponde desde el Estado Nacional es abandonar esta mala práctica de estar ayudando a las provincias en funciones provinciales.

Lo que pasa es que cuando se quiere dejar claro esto, aparece el tabú: la coparticipación.

Como la coparticipación tiene criterios que centralizan en el Estado Nacional y luego eso se redistribuye entre provincias de forma arbitraria, las provincias se sienten legitimadas a exigir las “ayuditas” desde el Estado Nacional.

Lo que habría que hacer es un nuevo acuerdo Nación-provincias donde se establece que no hay más coparticipación. Luego, cada provincia pasa a financiarse con el IVA que recauda en su propio territorio. Esto es un enorme incentivo a la generación de valor agregado en la provincia. De esta forma, las provincias generarían mayor valor agregado, lo que les redituaría más recursos fiscales provinciales para financiar sus obras públicas provinciales y la totalidad de los gastos de funcionamiento de los servicios sociales.

Para las provincias hoy más rezagadas, contemplar un Fondo de Convergencia desde donde se les financie incluso hasta infraestructura provincial, pero atado a un plan de desarrollo y con un plazo. No como un cheque en blanco, como es la coparticipación.

Esto demuestra que la forma sustentable de bajar el déficit fiscal no es pujando entre la Nación y las provincias, sino ordenando la organización federal para que cada provincia esté incentivada a generar valor agregado en su territorio.