¿Qué son?
Existen 2 tipos de pensiones por invalidez:
- Las contributivas, que se otorgan a trabajadores que estaban realizando aportes al momento de encontrarse una discapacidad.
- Y las no contributivas, que se otorgan a personas que no realizaron aportes y su situación económica no les permite subsistir. Actualmente asciende a $ 20.300 (el 70% de un haber mínimo).
Irregularidades
Entre 2001 y 2021 hubo un crecimiento atípico en el número de beneficios no contributivos que se otorgaron (en especial entre 2009 y 2014). Se pasó de 76 mil a más de 1 millón (del 0,2% de la población argentina al 2,4%).
El hecho de que haya habido un aumento tan pronunciado sin haber mediado ninguna catástrofe natural ni una guerra, parece indicar que hubo discrecionalidad y fraude. Más aún cuando provincias con estructuras de población similares tienen porcentajes de beneficiarios tan dispares, llegando algunas al 8%, y habiendo municipios en los cuales se llega al 38%.
¿Qué explica este fenómeno?
Principalmente el mecanismo de asignación posibilitaba que se falseen datos y el gobierno hacía poco por detectar casos irregulares.
Estos beneficios se tramitan en el Ministerio de Desarrollo Social nacional y para obtenerlos se requiere de un Certificado en un hospital público.
A partir de 2016, los controles se reforzaron y el número de beneficiarios dejó de crecer.
¿Qué implica?
Tiene dos implicancias directas:
- Perpetúan la pobreza: debido a que son incompatibles con un empleo formal, condenan a sus perceptores al asistencialismo para toda su vida.
- Suman presión al sistema previsional: aunque no son el principal factor que explica el déficit previsional, su magnitud no es minúscula (representan el 10% de la recaudación de aportes y contribuciones) y sus efectos se extienden a largo plazo.
Otra forma de cuantificar su impacto es que, para financiar una pensión por invalidez, se necesita de los aportes jubilatorios de más de 2 trabajadores.
Conclusión
- La asignación de estos beneficios se realizó discrecionalmente, sin seguir criterios técnicos adecuados. Esto maximiza el rendimiento político, pero no garantiza que el beneficio vaya a quien debe percibirlo.
- El proceso de revisión de las pensiones no debe desactivarse. Para las personas que no son inválidas, pero están en situación de vulnerabilidad es necesario poner a disposición otros programas que faciliten el acceso al empleo.
- Por otra parte, si bien se trata de pensiones no contributivas, se generan erogaciones que sobrecargan al sistema previsional o en última instancia al déficit fiscal. Y son un ejemplo de cómo las decisiones que se toman hoy pueden generar erogaciones hasta en varios años después.
