¿Por qué el sistema de protección social en Argentina está en jaque?

Por Virginia Giordano, Jefa de investigación de IDESA

Por protección social se entiende aquellas políticas que lleva a cabo el gobierno para garantizar el bienestar y la seguridad económica de las personas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.

Su objetivo principal es brindar apoyo a individuos y a familias frente a riesgos como la enfermedad, el desempleo, la vejez, la pobreza, etcétera.

El sistema de protección social en Argentina tiene sus raíces a mediados del siglo pasado, y se pensó como un sistema contributivo. Es decir, el acceso a beneficios como jubilaciones, asignaciones familiares, cobertura de salud (obra social) y seguro de desempleo dependía de que la persona hubiese hecho aportes salariales para recibir estos derechos.

Sin embargo, este esquema comenzó a enfrentar dificultades con la expansión de la informalidad y la exclusión laboral. Como respuesta, se fueron incorporando al sistema contributivo las familias con adultos que trabajaban de manera informal o estaban desempleados.

¿Cómo fue la extensión de las políticas de protección social?

A lo largo de las últimas décadas, el sistema inicialmente contributivo fue ampliado para incluir a sectores que quedaban fuera de él, en busca de garantizar derechos esenciales a una mayor proporción de la población.

En el ámbito de la salud, uno de los hitos fue en 2000, cuando se amplió el acceso al Programa Médico Obligatorio (PMO) a los trabajadores monotributistas, quienes hasta ese momento no tenían garantizada una cobertura de salud privada. El PMO obliga a las obras sociales y a los prestadores de salud a cubrir un conjunto de servicios médicos esenciales.

Con esta medida, se empezó a integrar a un sector creciente de trabajadores independientes y autónomos, con un aporte mucho menor, que es el del monotributo.

En cuanto a las jubilaciones, la ampliación de la protección social fue significativa. En 2005, se implementaron las primeras moratorias previsionales, que permitieron a personas que no habían realizado los aportes necesarios acceder a una jubilación contributiva.

Estas moratorias fueron renovadas en varias ocasiones, extendiendo el acceso a miles de personas que, de otra forma, no hubieran tenido derecho a una jubilación. Una medida inédita en el mundo, ya que por lo general se otorgan beneficios no contributivos a adultos mayores que no llegan a cubrir sus años de aportes.

En cuanto a las asignaciones familiares, en 2007 se crearon planes asistenciales para brindar apoyo a familias cuyos principales sustentos eran trabajadores informales o desocupados. El punto más significativo de esta ampliación fue en 2009, con la creación de la asignación universal por hijo (AUH).

Este programa se destinó a hogares en situación de informalidad o desempleo, asegurando una prestación mensual por cada hijo menor de 18 años o con discapacidad.

La protección social: un sistema en tensión

Estas políticas, aunque efectivas en términos de inclusión social, generaron una distorsión en el sistema de protección social que inicialmente estaba basado en la contribución de los trabajadores formales. Al extender los beneficios a sectores que no realizaban aportes, se creó una tensión financiera.

Hoy en día, solo un tercio de los hogares en Argentina se sostienen completamente a través del empleo formal (tanto jefe como cónyuge tienen empleo registrado). Otro tercio combina jefe o cónyuge con trabajo formal y el otro con empleo informal o sin empleo, mientras que el tercio restante corresponde a hogares que no acceden al empleo formal.

De esta estructura emergen dos implicancias clave. La primera es la paradoja de intentar cubrir a todas las familias cuando sólo una minoría contribuye financieramente al sistema mediante aportes salariales. La segunda es que un regreso a un modelo puramente contributivo sería inviable desde el punto de vista social, ya que la mayoría de los hogares no tienen la capacidad económica para sostenerlo.

La alternativa a la improvisación es ordenar el sistema de protección social. Las metas principales son asegurar protección a las familias y prevenir que la formalidad laboral se vea desincentivada.

El eje central es rediseñar los beneficios, asegurando un acceso básico para todas las familias y una compensación adicional para quienes contribuyen con aportes salariales.

Fuente: La voz