¿Por qué hay que eliminar la coparticipación?

Virginia Giordano – Coordinadora de IDESA

Supongamos que usted es padre de dos jóvenes estudiantes. A ambos les pasa el mismo monto de mensualidad para sus gastos de la universidad y salidas. El hijo A es responsable, excelente estudiante y administra sus fondos para llegar a fin de mes. Incluso tiene un trabajo part-time donde complementa los ingresos que recibe de la familia y pudo comprarse un auto.  El hijo B es poco responsable, mal alumno porque no se esfuerza y es dispendioso en los gastos. Nunca llega a fin de mes y se dedica a presionar para que le den más dinero.

Mes a mes usted entrega el mismo dinero convencido que es un esquema equitativo, pero se enfrenta con resultados muy frustrantes. Se siente injusto con el hijo A, a quien no se le reconocen monetariamente sus méritos y esfuerzo; y le genera angustia las consecuencias aún más negativas para el hijo B, ya que se siente responsable por fomentar la irresponsabilidad.

Esta simple anécdota familiar sirve para explicar lo que sucede con la coparticipación federal de impuestos y las provincias argentinas. A través de este mecanismo, el Estado Nacional -el padre en nuestra anécdota familiar- es un mecanismo a través del cual recauda la mayor parte de los impuestos para luego distribuirlos entre el nivel nacional y el conjunto de las provincias -los hijos-. Implica una enorme concentración de recursos y de poder a nivel central que es incompatible con la lógica de un régimen federal y genera muy malos incentivos a las provincias.

Los gobernadores reciben la coparticipación independientemente de la contribución que cada uno hace al desarrollo del país. Por ejemplo, cuando una provincia se comporta como el hijo A y se esfuerza por fomentar la producción, los impuestos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas que producen no se lo queda la provincia que se esforzó. Estos fondos van al Estado Nacional, donde la mitad se queda allí y la otra mitad se distribuye entre las 24 provincias. Como resultado, el Estado Nacional y los 23 gobernadores -hijos del tipo B- se benefician de estos recursos sin haber contribuido a fomentar el desarrollo.

Peor aún: no sólo no estimula el esfuerzo productivo, sino que genera poderosos incentivos al mal gastar el dinero que reciben. Los resultados, después de 35 años de persistir en este perverso mecanismo, están a la vista. La información que provee el Censo 2022 es contundente. Sacando a Tierra del Fuego, las tres provincias más beneficiadas por la coparticipación son Catamarca, Formosa y La Rioja. Reciben, por habitante, casi 3 veces más que el promedio de las provincias.

¿Qué dice el Censo 2022 sobre el desarrollo social de estas provincias? En Catamarca, el 23% de los hogares no tiene piso de material, el 45% no posee cloacas y el 81% no está conectado a la red de gas. En Formosa, el 38% de los hogares no tiene piso de material, el 58% no tiene acceso a cloacas y el 97% no cuenta gas de red. Y en La Rioja, el 19% de los hogares no dispone de piso de material, el 38% no tiene cloacas y el 83% no tiene gas de red. La media del país muestra que el 13,4% de los hogares no tienen piso de material, el 37,8% no tiene cloacas y el 41,7% no tiene acceso al gas.

Es decir, luego de 35 años de vigencia de la ley de coparticipación, las tres provincias más beneficiadas siguen sometiendo a su población a condiciones paupérrimas. ¿Cómo se explica semejante fracaso siendo provincias privilegiadas en la distribución de fondos? ¿En qué gastaron ese dinero? La respuesta es también muy simple: usaron los fondos que le llegan a través de la coparticipación para multiplicar el empleo público y otros favoritismos a fin de eternizarse en el poder.

(Mala) redistribución. Bajo el slogan de la solidaridad, el federalismo y la redistribución geográfica de recursos, la coparticipación saca recursos a las regiones más productivas del centro y sur del país para redistribuirlos a la región del norte, que es la menos desarrollada. Parece “justo” darle a los que menos tienen. Pero en la práctica opera como un mecanismo de empobrecimiento general y de ampliación de las brechas de desarrollo.

La coparticipación atrasa y lo hace con particular ensañamiento contra las regiones más pobres del país. Quienes más plata reciben de la coparticipación más tentaciones tienen de usar esos fondos para aumentar el empleo público y otras acciones clientelísticas que les permitan perpetuarse en el poder. El fracaso no nos debería sorprender. No es mala suerte que en las provincias más pobres prevalezcan regímenes políticos más feudales. La coparticipación es la que contamina el sistema político.

La forma más directa de cambiar los incentivos es eliminar la coparticipación volviendo al esquema originalmente establecido en la Constitución Nacional. No centralizar plata para después distribuirla, sino distribuir las fuentes tributarias. Bajo este esquema, el Estado nacional debería financiarse a través de impuestos sobre el comercio exterior, los ingresos y la seguridad social.

Por otro lado, cada provincia debería financiarse mediante un nuevo IVA que surja de unificar el actual IVA con Ingresos Brutos y tasas municipales, generando así ingresos en su propio territorio. Para apoyar a las regiones empobrecidas por el actual régimen, se podría crear un Fondo de Convergencia que transfiera recursos solidariamente, pero condicionados a un plan de desarrollo. De esta manera, las provincias serán incentivadas a promover la generación de valor agregado en su propio territorio, una mayor autonomía financiera y una mayor responsabilidad en la gestión de recursos.