Informe Nº: 15/12/2021
¿El Gobierno está decidido a abordar la actualización de las tarifas a la energía, y reducir el déficit primario? Si es así, esa señal es más potente que un acuerdo con el FMI
El Ministerio de Economía había presentado el 15 de septiembre pasado el proyecto de Presupuesto 2022. Sin embargo, desde ese mismo día quedó durmiendo en el Congreso sin que se registren intentos para que sea tratado. Hay que recordar que esa fue la semana posterior a las PASO cuando se atravesó las peripecias de las intempestivas puestas a disposición de renuncias por parte de los ministros y de la carta de la vicepresidenta. El oficialismo no estaba de ánimo para hablar de números fiscales.
Pasadas las elecciones en noviembre, el Gobierno anuncia que acelerará las negociaciones con el FMI con vistas a un acuerdo en diciembre y que hará un presupuesto plurianual. Con lo cual todo el mundo pensó que el proyecto presentado el 15 de septiembre de dormido pasaba a muerto.
Un grupo de funcionarios viaja a Washington a negociar con el FMI y regresa con una gacetilla del organismo diciendo que hubo entendimientos. Pero nada más en concreto.
Lo cierto es que muy rápidamente los funcionarios del Ministerio de Economía solicitan al Congreso tratar con urgencia el proyecto del 15 de septiembre para acelerar su sanción con acompañamiento de la oposición. Si bien está desactualizado, el viejo proyecto sirve para observar cuál es la estrategia que subyace en la reducción proyectada del déficit que allí se hace.
El proyecto de presupuesto plantea reducir el déficit primario de 4% en 2021 a 3,3% en 2022 del PIB. Luego, el déficit financiero que es el primario más el pago de intereses de deuda bajaría de 5,3% a 4,9% del PIB. Baja menos porque habrá más pagos de intereses.
Por el lado de los ingresos se proyecta el aumento de la presión tributaria en 1% del PIB los cuales irían aproximadamente mitad y mitad para la nación y las provincias. La mitad que va a la Nación le permite compensar la caída en los ingresos no tributarios (fundamentalmente los del Fondo de Garantía de Sustentabilidad) haciendo que los ingresos públicos queden en el 2022 iguales que en el 2021 en términos del PIB.
La reducción del déficit, entonces, viene por el lado del gasto. En términos de PIB, el gasto previsional y de empleados públicos se mantiene constante. Bajan algunos gastos que figuran como “otros” para subir 0,2% del PIB el gasto de capital. Lo que disminuye sensiblemente son las transferencias corrientes que pasarían de 7,1% a 6,5% del PIB.
Dentro de las transferencias corrientes están las asignaciones familiares y los planes sociales, que no se tocan. Le siguen los subsidios económicos. Entre éstos, los más pesados son los subsidios a la energía. Aquí es donde está la tecla.
Para el 2022 están presupuestados para subsidios a la energía $609.000 millones que representan el 1% del PIB. El punto es que cuando uno mira lo ejecutado por esta partida durante el 2021, al día de hoy, surge que ya asciende a $700.000 millones que representan 1,6% del PIB. O sea, el 2022 tiene presupuestado para subsidios a la energía un monto inferior, no sólo en términos de PIB, sino también en términos nominales al que se va a gastar en el 2021.
Aquí se abren dos posibilidades.
Una es que los $609.000 millones para el 2022 estén desactualizados por lo que durante el transcurso del año que viene, con decisiones administrativas de Jefatura de Gabinete, el monto se actualice a un nivel similar al del 2021 en términos del PIB. Esto implica que el gasto efectivo por subsidios a la energía no será del 1% del PIB sino del 1,6%, como será en el 2021. Siendo así, no habrá reducción del déficit primario y aumentará el déficit financiero porque habrá aumento en el pago de intereses.
La otra posibilidad es que el Gobierno esté decidido a abordar la actualización de las tarifas a la energía, complementado con tarifas sociales para las familias de menores ingresos, y con eso reducir en 0,6% del PIB el déficit primario. Si es así, esto es una señal para la sociedad de que se quiere efectivamente reducir el déficit, para reducir la emisión y, con ello, controlar la inflación.
Esta señal es más potente que un eventual acuerdo con el FMI. Porque abordar el retraso tarifario es una evidencia concreta de que se empezó a ordenar las cuentas públicas, mientras que un acuerdo con el FMI es una “promesa” de que en algún momento se comenzará a ordenar las cuentas públicas.
De todas formas, la decisión sobre qué alternativa tomar no es de las autoridades económicas sino del propio Presidente. Porque el ordenamiento de las cuentas públicas es una decisión política. Tomada la decisión política, recién vienen los aspectos técnicos.
