Publicada el: 03/07/2024
Argentina ha implementado diversas políticas públicas destinadas a fomentar la inclusión en la educación universitaria, logrando aumentar el acceso a la educación superior, pero su efectividad en términos de retención y éxito académico sigue siendo una asignatura pendiente. A pesar de que el acceso a la educación superior ha mejorado gracias a medidas como la […]
A pesar de que el acceso a la educación superior ha mejorado gracias a medidas como la ampliación de la oferta educativa y la implementación de programas de becas, la deserción y las bajas tasas de graduación siguen siendo desafíos críticos, afectando en mayor medida a los estudiantes de bajos recursos. Estos estudiantes, aunque ahora tienen más oportunidades de acceso, a menudo enfrentan múltiples barreras que dificultan su permanencia y éxito en la universidad.
En este contexto, la organización del sistema universitario y su financiamiento juegan un rol crucial. Las universidades argentinas, principalmente financiadas por el Estado, enfrentan el desafío de distribuir eficientemente los recursos para no solo mantener, sino mejorar la calidad educativa y la infraestructura. El financiamiento insuficiente o inadecuadamente distribuido puede resultar en servicios de apoyo estudiantil deficientes, falta de recursos didácticos y tecnológicos, y una infraestructura física inadecuada, lo cual contribuye directamente a las altas tasas de abandono.
Esta situación resalta la necesidad de revisar y adaptar las estrategias de inclusión, para no solo abrir las puertas de la universidad, sino también asegurar que los estudiantes puedan completar sus estudios exitosamente.
El siguiente informe, presenta una serie de lineamientos para el correcto desarrollo educacional de nuestro país.
Para acceder al informe, haga clic aquí.