¿Pueden vivir las provincias con lo que recaudan tal como lo plantea Milei?

Los conflictos entre el gobierno nacional y las provincias son recurrentes. Los temas son variados, pero la lógica es siempre la misma. Entre los más recientes aparece el manejo de los incendios, la inseguridad en el conurbano bonaerense y la crisis penitenciaria en la Ciudad de Buenos Aires. Más actual son los conflictos en torno a la tragedia que sufre Bahía Blanca, donde la discusión gira en torno a qué nivel de gobierno tiene que brindar fondos y asistencia ante semejante tragedia independientemente de los paliativos que se vayan disponiendo sobre la marcha, para cubrir las urgencias.

El argumento repetido desde el gobierno nacional es que son problemas de órbita local cuyo principal origen es la mala gestión provincial. En la posición contraria, los gobernadores plantean que la causa principal es la falta de apoyo del gobierno Nacional. En el medio quedan los ciudadanos que reciben servicios muy por debajo de lo que esperan en función de los altos impuestos que pagan.

El origen de los problemas

Esta disputa -con muy negativas consecuencias sobre la calidad de la gestión pública– tiene su raíz en dos cuestiones clave: cómo se recauda y cómo se gasta en la Argentina. En materia de gasto el esquema prevaleciente es que todas las jurisdicciones intervienen en casi todas las funciones del Estado. Estos solapamientos incrementan los costos administrativos, generan malos incentivos y diluyen responsabilidades. La eficacia del control social es débil, ya que no es claro quien es el responsable de los fracasos. No hay premios, ni castigos.

Por el lado de la recaudación también prevalecen las superposiciones. Por un mismo hecho imponible hay que pagar tres impuestos regulados desde los tres niveles de gobierno. Esto hace escalar los gastos administrativos del Estado y los ciudadanos, genera mayores oportunidades para la evasión y da pie a la incorporación del sistema tributario de impuestos muy distorsivos. Ingresos Brutos y tasas municipales son muy malos tributos, pero son las alternativas que le quedan a las provincias y municipios ante el hecho de que la Nación cobra el IVA.

El régimen de coparticipación agrava la situación. Centraliza la recaudación para luego distribuirla entre la Nación y las provincias. El esquema es muy complejo, arbitrario, injusto y generador de muy malos incentivos. El más negativo es que induce a que las provincias se despreocupen por la recaudación y se fomentan el gasto ineficiente, mucho empleo público innecesario y gasto clientelar y poca inversión en infraestructura y en mejorar la calidad de los servicios a cargo del Estado.

Las ideas de Milei

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei propuso devolver a las provincias su autonomía impositiva fomentando la competencia fiscal. Si bien fue un planteo breve y genérico parecería que el objetivo es migrar hacia un esquema de correspondencia fiscal. Esto es que cada jurisdicción se encargue de cobrar a sus habitantes los impuestos necesarios para cubrir las erogaciones que demandan los servicios que les brinda.

El planteo es claramente superador a la situación actual. Si cada provincia dependiera de su propia recaudación aumentaría su compromiso en mejorar la administración tributaria y la gestión de los gastos, además de que se fortalecería la rendición de cuentas ante los ciudadanos. Se alinean los incentivos de los gobernantes con las necesidades de sus habitantes: quién gasta, recauda y responde por el uso de los recursos.

¿Cómo se implementaría?

Como lo venimos señalando en las publicaciones de IDESA el punto de partida es un Acuerdo de Coordinación Fiscal entre la Nación y una mayoría de provincias que ordene de manera clara, precisa y racional la distribución de funciones y potestades tributarias entre niveles de gobierno. Es falso que la Constitución Nacional exige apoyo unánime. Alcanza con mayorías que permitan aprobar luego el Acuerdo a través de una ley del Congreso.

El punto clave es eliminar las superposiciones tanto en las funciones como en los tributos. En relación a los impuestos esto implica, como paso fundamental, unificar los que gravan la misma o similar base imponible. La reforma más importante es que el IVA observa Ingresos Brutos y tasas municipales. No es un tema menor que una transformación de estas características está gradualmente instrumentando Brasil.

Si se identifica con claridad cuáles son los roles a cargo de la Nación y cuáles de las provincias y se establece que el impuesto a las ganancias se destina a la Nación y el “super IVA” a las provincias, la correspondencia fiscal es factible de instrumentar. Solo es necesario contemplar la situación de las provincias actualmente más rezagadas a las que les sería imposible el financiamiento con los impuestos que les cobra a sus ciudadanos. Para estas provincias, que representan una proporción relativamente pequeña de la población y el PBI total del país, es necesario contemplar un mecanismo de transferencia de recursos que les permita mantener el funcionamiento del Estado. Las transferencias tienen que ser automáticas como ocurre con la coparticipación, pero condicionadas al cumplimiento de metas de responsabilidad fiscal y un compromiso concreto con un plan de desarrollo. 

Por Virginia Giordano, Jefa de investigación de IDESA

Fuente: El cronista