Informe Nº: 10/05/2024
La inflación de los últimos meses afectó seriamente los salarios de los trabajadores en el país. El gobierno deberá implementar otros instrumentos y reformas para completar su plan de superávit fiscal, todo con el “Pacto de Mayo” de trasfondo.
Por Virginia Giordano, jefa de investigación
Entre diciembre 2019 y febrero 2024, la inflación aumentó un 1603%, mientras que los salarios formales subieron un 1303% y los informales 718%. Es decir, los formales perdieron casi 300 puntos porcentuales y los informales 884 puntos.
Dicho de otra manera, en diciembre 2019 el salario promedio de la economía era $45.000, si hubiese seguido el ritmo de la inflación sería hoy de 766 mil pesos. Pero en el caso de los formales hoy seria 551 mil pesos, y en el de los informales 368 mil.
La capacidad de los salarios para dejar de perder, y principalmente recuperar el terreno perdido dependerá de los siguientes factores:
La inflación es quien reduce el poder adquisitivo de los salarios. En Argentina, donde la inflación ha sido persistentemente alta, la recuperación de los salarios reales depende significativamente de la capacidad del gobierno para poder controlar la inflación.
Partiendo de la premisa que la inflación es causada por la propensión sistemática que tiene el gobierno argentino a gastar por encima de los recursos, es imperativo abordar el ordenamiento integral del sector público. Esto es, equilibrar las cuentas públicas y aumentar la cantidad y calidad de bienes públicos en base a la incorporación de las mejores prácticas en la gestión del Estado.
El gobierno viene logrando superávit fiscal desde enero, pero la estrategia de equilibrar las cuentas públicas en base a la licuación sobre todo de jubilaciones parece muy endeble y no sostenible en el tiempo. Y en todo caso, aún si se lograra controlar la inflación, estos no recuperarían lo perdido en los últimos años.
El sector laboral en Argentina muestra una notable división. El 52% de los empleados se engloba en categorías de trabajadores informales o autónomos, quienes se desempeñan en puestos de baja productividad y bajos salarios. La remuneración promedio de este grupo solo alcanza la mitad de la percibida por el sector formal (31%). Y son trabajadores que no tienen una instancia de negociación salarial para compensar la inflación, y los que más perdieron frente al avance de la misma.
Un factor clave que impide el desarrollo de empleos de calidad, además del desfavorable contexto económico actual, son las instituciones laborales obsoletas. Dentro de las principales barreras para la creación de empleos de calidad se encuentran los elevados costos laborales no salariales, que desalientan la contratación en el sector formal. Además, las estructuras salariales y otras condiciones laborales impuestas por los convenios colectivos sectoriales se aplican uniformemente a una variedad de empresas, sin considerar las diferencias significativas entre grandes empresas en zonas metropolitanas y pequeñas y medianas empresas en regiones más alejadas.
En esta línea la Ley de Bases aprobada en el senado, presenta algunas medidas para mejorar la legislación laboral y ofrecer los incentivos correctos.
Las regulaciones laborales orientadas a promover el empleo suelen clasificarse como políticas pasivas, ya que no intervienen directamente en el mercado laboral, sino que buscan establecer un marco regulatorio que aliente la inversión en proyectos productivos, lo que, a su vez, impulsa el empleo y el crecimiento económico. Sin embargo, es esencial reconocer que, por sí mismas, estas leyes no bastan para fomentar la inversión.
Es necesario contar con un entorno más propicio para la inversión productiva, lo que implica una reorganización completa del sector público. La estabilidad macroeconómica es crucial, pues un ambiente económico previsible permite que las empresas planifiquen a largo plazo y minimicen los riesgos vinculados a las inversiones. Esto implica mantener una inflación baja y estable, tipos de cambio competitivos y políticas monetarias que no alteren los procesos del mercado.
Para lograr esto y hacer sostenible en el tiempo el superávit fiscal, es necesario implementar reformas estructurales, y aquí es donde el gobierno parece estar teniendo mayores dificultades. La convocatoria del Presidente para firmar el “Pacto del 25 de Mayo” en Córdoba, un decálogo que busca establecer las bases para transformar el país, puede ser la oportunidad para aplicar estas reformas necesarias.
Fuente: Perfil
