Si se eliminaran todas las exenciones impositivas, no habría déficit fiscal

La exención del impuesto a las Ganancias de jueces y empleados judiciales es un tema de polémica recurrente. Hubo varios intentos por eliminarla pero, por las resistencias del propio Poder Judicial, terminaron siendo infructuosos. Lo correcto es que todos los ciudadanos paguen los mismos impuestos. Las idas y vueltas con este tema desnudan las improvisaciones y la arbitrariedad con la que se aplican los impuestos en la Argentina.

El mejor ejemplo es que mientras el Poder Ejecutivo se quiere mostrar firme con los jueces y empleados judiciales para que empiecen a pagar el impuesto a las Ganancias como corresponde, en paralelo, promete otra improvisada exención del impuesto a las Ganancias para los camioneros.

Los jueces deberían estar para impugnar esta aberrante arbitrariedad, pero seguramente se enfocarán en impugnar la quita de la exención que los beneficia a ellos tomando como precedente el trato privilegiado que se le ofrece a los camioneros.

En tanto, el ciudadano común -que no tiene poder de lobby ni sindical- debe seguir pagando impuesto a las Ganancias.

Agrava esta irritante situación el hecho de que los jueces y camioneros no son los únicos privilegiados con exenciones impositivas. En el sistema tributario argentino los tratos preferenciales a grupos de trabajadores, organizaciones, sectores y regiones son moneda corriente.

En el proyecto de Presupuesto 2023 se presentan unas 40 eximiciones y reducciones de alícuotas en el IVA, en el impuesto a las Ganancias, en el impuesto a los Combustibles, en Impuestos Internos, en el impuesto a los Bienes Personales, al Cheque y a las cargas sociales, conviviendo con 17 regímenes especiales de promoción en beneficio de actividades industriales, no industriales, minería, bosques, biocombustibles, bienes de capital, autopartistas, industria del conocimiento, industria naval, pymes y -el más grande y emblemático de todos- el régimen de promoción de Tierra del Fuego.

Para dar una idea de lo costoso que resulta este festival de exenciones, según el propio Presupuesto 2023, se estima -conservadoramente, o sea que el costo es todavía mayor- que lo que el Estado Nacional deja de recaudar por estas exenciones asciende a 2,5% del PIB.

Paradójicamente, esto es equivalente al 2,5% de déficit fiscal primario que el Gobierno compromete con el FMI y al 2,8% de déficit fiscal primario que el Gobierno proyecta que finalmente será el déficit 2022 y que está en la raíz del 100% anual de inflación con el que cerrará este año.

En otras palabras, si todos pagarán los impuestos como corresponde habría equilibrio fiscal primario y se acabaría el problema del déficit fiscal.

El punto es que el sistema tributario argentino es un entramado de desorden con una muy pesada carga tributaria que le dan legitimidad a las presiones sectoriales para sacarse de encima la irracionalidad. Este desorden se genera porque los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios) aplican similares impuestos a las mismas personas por los mismos hechos imponibles.

Una venta es gravada, como mínimo, con IVA por la Nación, con Ingresos Brutos por las provincias y con tasas de los municipios. Un inmueble o un automóvil están gravados por el impuesto a los Bienes Personales a nivel nacional y por los impuestos patrimoniales provinciales y municipales. Incluso hay superposiciones a niveles de impuestos nacionales como los ingresos del trabajo que están gravados por aportes personales, contribuciones patronales y el impuesto a las Ganancias.

Bajo este desorden naturalmente se exacerban las demandas y las presiones sectoriales por tratamientos especiales. Hay que decir que en las provincias y municipios también pululan los tratamientos diferenciales.

El argumento social que se usa para demandar el tratamiento privilegiado y con el que el funcionario público se justifica cuando lo otorga es la promoción económica y/o social. Se adopta como política la promoción de las pymes, de la industria, de la minería, de la industria del conocimiento, etcétera. Ciertamente que puede ser positivo tener políticas de promoción, pero lo negativo es querer promover otorgando exenciones impositivas.

Lo correcto es que todo el mundo pague los impuestos como corresponden y a aquellos sectores, regiones, empresas, personas que se quieran promover se les otorgue un subsidio directo.

De esta forma, se tiene un conocimiento cierto, preciso y transparente del costo de la promoción el cual se debería contrastar con el beneficio económico y social que dicha promoción genera (si genera). Esto permitiría saber sí la promoción genera beneficios y si dichos beneficios son superiores a los costos de la promoción.

Concluyendo, el principal desafío en Argentina es ordenar el sistema tributario tomando como eje la unificación de impuestos. Tender a un único impuesto a las ventas haciendo que el IVA absorba Ingresos Brutos y tasas municipales, a un único impuesto a la propiedad, unificando bienes personales con los impuestos provinciales y municipales aplicados a inmuebles y automotores, y a un único impuesto a los ingresos unificando aportes personales a la seguridad social y el impuesto a las ganancias. Luego, la promoción de sectores debería ser hecha con subsidios directores y no con exenciones.