Sólo 1 de cada 4 trabajadores rurales está registrado

Uno de los rasgos que distingue la política previsional de los últimos años es la  proliferación de regímenes jubilatorios especiales. Uno de ellos, que recientemente tuvo media sanción en el Congreso, se refiere a los trabajadores rurales. Se trata de una iniciativa de dudosa eficacia social dada la masiva informalidad que prevalece en ese segmento del mercado laboral. Más allá de este caso puntual resulta llamativo y muy preocupante que se sigan sancionando normas que aumentan las promesas a futuro cuando los incumplimientos presentes de la ANSES están generando cientos de miles de juicios previsionales.

En el Congreso Nacional se dio media sanción a un proyecto de ley propugnando la creación de un régimen previsional especial para la actividad rural. Fundamentado en el hecho de que en el contexto rural prevalecen condiciones de trabajo que determinarían un envejecimiento prematuro se propone relajar los requisitos de acceso a la jubilación. Los puntos claves son la disminución de la edad mínima de retiro desde los 60 años para mujeres y 65 para los varones que establece el régimen general a 57 años para ambos sexos y la reducción de los años de aportes requeridos desde 30 a 25 años; asimismo, se obliga a las empresas más grandes a abonar 3% más de contribuciones patronales.

No se trata de una iniciativa aislada. Desde hace algunos años, el régimen general va teniendo menos cobertura legal ya que por diferentes vías se han ido multiplicando los regímenes especiales que relajan los requisitos para acceder a la jubilación. El resultado es un mapa de normas muy complejo del que no surge una visión integral que contemple la equidad y la sustentabilidad financiera. 

En el caso del régimen especial para trabajadores rurales se cuenta con información fragmentada. Sin embargo, en base a datos oficiales se pueden estimar que:

• Según el Censo 2010, la población total de la Argentina se estima en 40,1 millones de habitantes de los cuales  3,4 millones de personas habitan zonas rurales.
• Estimando una tasa de participación laboral en el orden del 40%, los trabajadores rurales serían aproximadamente 1,3 millones de personas.
• La cantidad de trabajadores asalariados registrados en el sector rural asciende a 335 mil personas, o sea, aproximadamente 25% del total de trabajadores rurales.

En base a esta información de fuentes oficiales se deduce que los trabajadores rurales que acceden a la cobertura de la seguridad social y, por lo tanto, serían los beneficiarios directos del régimen especial, constituyen una minoría. De cada 4 trabajadores, 3 van a quedar excluidos porque trabajan “en negro” u, ocasionalmente, son cuentapropistas con aportes intermitentes. Además, existen indicios de que los excluidos son los que más necesitan de la protección del Estado. Según datos de la AFIP, los 335 mil trabajadores “en blanco” reciben una remuneración promedio de $2.500 mensuales, un nivel que casi duplica la que percibe un trabajador “en negro” urbano y seguramente también es mucho más alta que los ingresos que reciben la mayoría de los trabajadores informales rurales.

El proyecto de ley intenta atender la realidad de que su eficacia es muy baja debido a la masiva informalidad en el sector rural. Para ello, establece una “moratoria previsional permanente” (similar a la denominada “jubilación de amas de casa”). A través de este dispositivo se propone eximir de la obligación de realizar aportes para acceder a la jubilación especial a las personas que declaren haber realizados trabajos rurales “en negro”. La idea implica asumir con resignación la masiva informalidad laboral y agrega un nuevo nicho para la corrupción y el negocio de los gestores.

Más allá de sus particularidades, el proyecto es un eslabón más dentro de una larga cadena de iniciativas que pugnan por restablecer viejos regímenes especiales que habían sido derogados y de crear nuevos. En todos los casos, son promesas que se sabe de antemano que no podrán ser cumplidas. Un cálculo actuarial simple alcanza para demostrar que el régimen general previsional es crecientemente insustentable. La desordenada creación de regímenes especiales potencia esta tendencia.

Prometer beneficios previsionales de manera improvisada constituye un acto de demagogia y un irresponsable aumento de la deuda publica no registrada. Agrega combustible a la explosiva masificación de juicios que enfrenta la ANSES por incumplimiento de las normas previsionales. Países vecinos con gobiernos de orientaciones ideológicas muy diversas –como Uruguay, Chile y Perú– siguen una estrategia mucho más responsable y consistente: perfeccionan el sistema mixto. Por esta vía se preserva la sustentabilidad frente a un contexto demográfico crecientemente adverso, se potencia la solidaridad con prestaciones básicas suministradas a través de un régimen no contributivo y se genera equidad con esquemas de ahorros individuales donde la prestación es función del esfuerzo de aportes realizados durante la vida activa.