Déficit fiscal
La euforia por el acuerdo con el Club de París es arrebatada. En condiciones normales recuperar capacidad de crédito es positivo. Pero en un contexto de déficit fiscal muy alto y creciente puede ser destructivo. Firmar compromisos que deberán afrontar los próximos gobiernos para financiar el déficit fiscal con más endeudamiento es prolongar la agonía e hipotecar el futuro. Para que el financiamiento internacional pueda ser asignado a inversiones productivas, primero hay que reconstruir el Estado.
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Apelando a un instrumento de excepción –un Decreto de Necesidad y Urgencia– el gobierno explicitó el acelerado crecimiento del gasto público. El déficit fiscal es un potente generador de inflación que provoca inevitables presiones sobre el dólar. Más allá de que se adopten paliativos, como oficializar el desdoblamiento cambiario, la cuestión más importante y compleja es ordenar las cuentas fiscales. Agotada la alternativa de seguir aumentando la presión tributaria, no queda otro camino que reducir los subsidios a empresas públicas y privadas.
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Como era previsible, el retraso tarifario en los servicios públicos exacerba el consumo, provoca déficits de inversiones que deterioran la calidad de los servicios y demanda cuantiosos subsidios a favor de las empresas proveedoras. Esto no se resuelve con el anunciado aumento de las tarifas de gas y electricidad que alimentará un fondo estatal para financiar las inversiones. La solución genuina pasa por gestionar las obras en base a articulación público-privada y tender a cobrar la tarifa real a todos los usuarios, complementado con subsidios focalizados a través de un régimen de tarifa social a favor de las familias más pobres.
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Desde el año 2009, cuando resurge el déficit fiscal luego de la crisis del año 2002, el oficialismo, acompañado por gran parte de la oposición, en lugar de acordar estrategias para construir un Estado moderno y equilibrado, viene apelando a captar fondos a través de confiscaciones. El desequilibrio fiscal es creciente, las deudas no registradas se acumulan y los ahorros se fugan. Más allá de que para justificar las confiscaciones se apele al sentimiento nacionalista, el proceso conduce a la decadencia, como ya ocurrió en el pasado. Por esta vía, la Argentina desaprovecha la inédita oportunidad que el contexto internacional le está brindando a Latinoamérica.
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La solvencia fiscal es condición necesaria para sostener un proceso de desarrollo social. Por eso es preocupante la actitud de las autoridades económicas de anunciar un supuesto superávit fiscal cuando la realidad es que se ha llegado a una situación en que, ni con las apropiaciones sobre la ANSES y el Banco Central, alcanza para financiar al sector público. Más allá de que la situación no sea explosiva en el corto plazo, es de alta prioridad mejorar la calidad en la gestión del Estado. Uno de los pasos esenciales e iniciales en este sentido es restablecer la seriedad en la difusión e interpretación de la información sobre las cuentas públicas.
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