Gasto público
Aunque puedan estar operando intencionalidades políticas, los saqueos están asociados a la degradación del sistema judicial y de seguridad y a la mala calidad de las políticas públicas que se vienen aplicando. Apenas la economía se desacelera se explicita que la política fiscal es insostenible y que los subsidios sociales, lejos de actuar como un factor promotor de movilidad, operan como un mecanismo que perpetúa la dependencia de millones de personas del asistencialismo estatal. Se trata de un nuevo testimonio de que no se está aprovechando la inédita oportunidad que la bonanza internacional brinda para promover desarrollo social.
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La presión impositiva alcanzó niveles inéditos. Aún así, resulta insuficiente frente al extraordinario aumento del gasto público. Por eso, el gobierno nacional apela de manera cada vez más intensa al “impuesto inflacionario”, es decir, a apropiarse de recursos por la vía de desvalorizar con inflación los billetes en poder del público. Con este mecanismo –que resulta más regresivo y distorsivo que cualquiera de los peores impuestos–, la Nación se apodera de una masa de recursos equivalentes a la mitad de los ingresos de la Provincia de Buenos Aires o aproximadamente al doble de los ingresos de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
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En la última década, el Producto Bruto Interno experimentó un importante crecimiento. La mitad de este fuerte crecimiento de la economía fue absorbida por el aumento del gasto público. En paralelo, la gente percibe que el esfuerzo de pagar más impuesto es desproporcionado con respecto a los pocos beneficios que recibe del Estado. El problema no es el tamaño del gasto público sino la falta de sentido estratégico y las deficiencias en su gestión. Para legitimar la alta presión impositiva se necesita un razonable rendimiento social en el uso de los fondos públicos.
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El conflicto en torno a Gendarmería y Prefectura delata impericia en la gestión y el agotamiento de un modelo de organización basado en la superposición de acciones entre la Nación y las provincias. Esto induce una masiva dilapidación de recursos que necesariamente terminan en ajustes. Prueba de ello es que en el proyecto de Presupuesto 2013 elevado al Congreso Nacional, las partidas para estas dos fuerzas de seguridad crecen apenas 2,3%, cuando la estimación de inflación oficial es del 11,2%. Esta crisis es otro testimonio de la urgente necesidad de replantear la organización del sector público bajo el modelo federal que impone la Constitución.
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El proyecto de Presupuesto 2013 es cuestionado por basarse en las estadísticas oficiales manipuladas. Dejando de lado este tipo de controversia, el proyecto delata que la inflación ha pasado a ser un problema central para el fisco. Aunque el aumento de precios siga generando crecimiento nominal de la recaudación, no llega a compensar el impacto que la inflación tiene como factor de expansión del gasto público a través de la indexación de jubilaciones y salarios de los empleados públicos. La inflación se ha convertido en un factor de expansión autónoma del gasto público y, con ello, de insolvencia fiscal.
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El gasto público asignado a la lucha contra la producción y el consumo de drogas ilícitas es modesto y asignado de manera deficiente. Prácticamente la totalidad se vuelca a la persecución de la oferta -por medio de fuerzas policiales, penitenciarias y judiciales- y muy poco al desaliento del consumo. Uruguay propugna legalizar la oferta de marihuana y concentrar esfuerzos en desalentar la demanda. Se trata de una idea innovadora que apuesta a luchar contra las drogas disminuyendo la rentabilidad del negocio del narcotráfico y ayudar a la gente a salir del flagelo.
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Los países europeos en crisis dirimen entre aplicar una reducción explícita y nominal de salarios y gasto público, o apelar a la inflación para realizar el mismo ajuste, pero a través de licuar las remuneraciones y el gasto del Estado. Esto último es lo que hizo la Argentina en los años 2002 y 2003 cuando aplicó una fuerte licuación de salarios vía inflación. Lamentablemente, las dificultades fiscales de las provincias y la pérdida de competitividad de las empresas sugieren que, sin un cambio de rumbo, la Argentina va camino hacia un nuevo ajuste.
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Desde hace varios años el crecimiento del gasto público es vertiginoso. La principal fuente de financiamiento ha sido el aumento de la recaudación impositiva que vino creciendo a tasas superiores al 30% anual. Ahora aparecen evidencias de que el crecimiento de los ingresos tributarios se apacigua. El gobierno nacional parecería inclinado a delegar –vía negación de recursos a las provincias– la responsabilidad de liderar el ajuste fiscal. La estrategia es atractiva, por los dividendos políticos de erosionar la imagen política de potenciales contendientes electorales, pero no brinda solución al problema del creciente gasto público que no se puede financiar.
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Uno de los fenómenos más relevantes de los últimos años es el vertiginoso crecimiento del gasto público. El proceso es tan intenso que, aún en un contexto económico muy favorable y con una presión impositiva llevada a niveles récord, las cuentas públicas muestran un déficit creciente. Se ha llegado al punto en que la voracidad fiscal subordina instituciones muy relevantes para el desarrollo social, como el sistema previsional, el Banco Central y el federalismo, en pos del objetivo de paliar los desequilibrios del Tesoro Nacional. Esta es una de las secuelas más dañinas del manejo poco profesional del sector público.
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