Menos del 1% de los impuestos para combatir el narcotráfico

El gasto público asignado a la lucha contra la producción y el consumo de drogas ilícitas es modesto y asignado de manera deficiente. Prácticamente la totalidad se vuelca a la persecución de la oferta -por medio de fuerzas policiales, penitenciarias y judiciales- y muy poco al desaliento del consumo. Uruguay propugna legalizar la oferta de marihuana y concentrar esfuerzos en desalentar la demanda. Se trata de una idea innovadora que apuesta a luchar contra las drogas disminuyendo la rentabilidad del negocio del narcotráfico y ayudar a la gente a salir del flagelo.

En Uruguay se está discutiendo un proyecto de ley por el cual el Estado asumiría el monopolio de la importación, producción y venta de marihuana y sus derivados. Es decir, se legaliza la oferta de marihuana, pero a cargo del Estado. La idea es contar, por esta vía, con mejores herramientas para alertar a la población de los efectos perjudiciales de su consumo y aplicar políticas de educación, prevención y rehabilitación. La clave del proyecto es eliminar el “negocio” a los narcotraficantes. Si el Estado la ofrece legalmente, el precio de la droga disminuye, por lo tanto, el tráfico y venta pierde atractivo.

Este tipo de política es controvertida, pero es la que se aplica en varios países de Europa. Al legalizar la oferta se puede regular el mercado y facilitar el control. A su vez, genera condiciones más favorables para desplegar estrategias de desaliento al consumo y ayudar a las personas, especialmente las más pobres, a salir de este flagelo. En paralelo, se reducen los riesgos de que el accionar de los narcotraficantes contamine el sistema político. Se trata de aplicar un tratamiento análogo al que se le da al consumo de alcohol y tabaco.  

En la Argentina opera como ente rector la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). Los últimos datos disponibles de este organismo corresponden al año 2008 pero proyectándolos al año 2011 se estima que:

· El gasto público en lucha contra drogas ilícitas es de unos $3.500 millones.

· El Estado nacional eroga aproximadamente $700 millones de los cuales el 20% se aplica a desalentar la demanda y el 80% a perseguir el narcotráfico.

· Las provincias asignan los $2.800 millones restantes de los cuales casi la totalidad se destina a perseguir el narcotráfico.

Estas estimaciones, basadas en datos oficiales, indican que lo que se invierte en la Argentina para combatir la producción y consumo de drogas es un monto relativamente modesto. Se trata de una suma que representa menos del 1% del total de impuestos que cobran la Nación y las provincias. Asimismo, este gasto está fuertemente concentrado en las acciones que despliegan las provincias para combatir el narcotráfico. Aproximadamente el 96% del gasto es aplicado a financiar la policía, las cárceles y los estrados judiciales dedicado a esta actividad. El gasto en prevenir el consumo es apenas el 4% del total.

Este accionar del Estado no se condice con los enormes daños que provocan las drogas ilegales. Por un lado, el daño directo que sufren los consumidores y sus allegados. Por el otro, los costos para toda la sociedad en términos de violencia, delincuencia, gastos de salud y menores niveles de productividad. Finalmente, y más importante, es el impacto del narcotráfico sobre el funcionamiento del Estado. La acumulación de poder económico en la clandestinidad, junto con el ejercicio de la violencia, permite desplegar una enorme capacidad de influencia en órganos de seguridad, legisladores, jueces y políticos

La droga se expande porque existe demanda que hace que su producción y comercialización sea un negocio muy rentable. Mientras exista esa demanda las estrategias tendientes a combatirla están condenadas al fracaso. Por eso resulta prometedor legalizar reguladamente la oferta de drogas ilícitas y concentrar la mayoría de los esfuerzos en desalentar el consumo y ayudar a salir de la adicción, como se propone en Uruguay.

La iniciativa, que no está exenta de controversias, demuestra la importancia de que las democracias cuenten con dirigentes con visión de estadistas. Es decir, líderes que no se limiten a congraciarse con las mayorías sino que sean capaces de plantear ideas innovadoras frente a problemas complejos que plantean las sociedades modernas. No es la primera vez que el gobierno de Uruguay da testimonios en este sentido. Decidió preservar el sistema previsional mixto –que combina la solidaridad del reparto con la sustentabilidad de la capitalización– en lugar de apropiarse de los ahorros capitalizados para “hacer caja” en el presente y despreocuparse por el futuro. Cuando se enfrentó a la crisis de su empresa aérea no apeló a la solución fácil, como ocurre en la Argentina, de usar fondos públicos para subsidiarla sino que con racionalidad y valentía apelo a su liquidación. En análogo sentido, ahora propone legalizar la comercialización de drogas para liberar recursos públicos que se volcarán a trabajar en la prevención de las adicciones y el desaliento al consumo.