Trump obliga a acelerar la reducción del gasto público

Si el nuevo presidente de Estados Unidos cumple con sus promesas electorales es de esperar que se produzca en la economía mundial un encarecimiento del crédito. Esto obliga a revisar la estrategia de reducir gradualmente el gasto público financiando el déficit fiscal en la transición con endeudamiento. Es prioridad abordar la reforma previsional, la reducción de los subsidios y revisar los programas nacionales que se solapan con funciones provinciales.

La asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos hace presagiar un escenario más adverso para los países emergentes. Entre las promesas electorales se contempla bajar los impuestos a las corporaciones para que los capitales retornen a la economía doméstica, aumentar las inversiones en infraestructura y tratar de mantener controlada la inflación. Esto puede traducirse en aumentos de la tasa de interés estadounidense de lo que se derivaría la apreciación del dólar respecto al resto de las monedas y el aumento de la tasa de interés internacional.

Para los países emergentes el cambio puede implicar una profundización de la reversión del ciclo de bonanza de altos precios internacionales y bajas tasas de interés que se inició en el año 2003, se extendió hasta el año 2012 y se mantuvo ambivalente hasta la actualidad. Una economía que representa un cuarto de la economía mundial, como es la de EEUU, cuando se enfoca hacia adentro provoca necesariamente impactos globales.

La Argentina no está exenta de estos riesgos y muestra una particular vulnerabilidad en el estado de sus cuentas públicas. Información publicada por el Ministerio de Hacienda señala que en el período enero – noviembre (último disponible) del 2016 se observa que: 

• El déficit fiscal total del sector público nacional asciende a $456 mil millones.

• La parte financiada con emisión monetaria es del orden de los $110 mil millones.

• Los $356 mil millones restantes deben ser financiados con fuentes extraordinarias o deuda pública.

Estos datos muestran que el sector público nacional en su objetivo de reducir la inflación apela menos al financiamiento monetario del déficit fiscal y más a fuentes alternativas como pueden ser las extraordinarias y el aumento de deuda pública. Si bien en diciembre el panorama mejoró por el éxito del blanqueo (entraron al fisco alrededor de $90 mil millones por única vez) de todas formas resulta insuficiente respecto al tamaño del déficit fiscal y, fundamentalmente, a la parte que queda por ser financiada con deuda pública. En otras palabras, la principal vulnerabilidad argentina ante el nuevo escenario global reside en el alto déficit fiscal que obliga a un fuerte incremento del endeudamiento.

Hasta la asunción de Trump, el gradualismo en el ordenamiento de las cuentas públicas –financiando la transición con deuda– tuvo a su favor la buena receptividad de los mercados financieros internacionales a las emisiones de títulos post-salida del default. Así lo muestran los datos del Ministerio de Hacienda que señalan un aumento de $422 mil millones de deuda pública nacional en el 2016 (medido a noviembre) y donde el 58% fue aumento de deuda nominada en moneda extranjera. Es más, la totalidad de este aumento se produjo después de regularizado el default. Pero esta estrategia entra en tensión con las medidas anunciadas por Donald Trump.

En lugar de tomar las emisiones de deuda pública en los mercados internacionales con festejo habría que asumirlas con cautela y preocupación. Argentina sigue pagando tasas entre dos y tres veces más altas que los países vecinos. Si la tasa de interés aumenta, como hacen prever los anuncios de Trump, la insostenibilidad de la estrategia aparecerá más rápido de lo originalmente previsto. Dado que no hay margen para aumentar impuestos (por el contrario, el gobierno correctamente se propone reducir la presión tributaria) ni apropiarse de recursos de las provincias (en esto también el gobierno enfatiza respetar el federalismo) la llegada de Trump al poder hay que tomarla como un dato que obliga a acelerar la reducción del gasto público.

Por la magnitud de los recursos involucrados, es crucial abordar la reforma previsional y acelerar la reducción de subsidios a los servicios públicos y empresas estatales. En ambas cuestiones juegan factores políticos y jurídicos que hacen difícil imprimirle el ritmo que exigen las circunstancias. Por eso, es clave abordar con énfasis y urgencia un tercer eje, que es, replantear los programas nacionales que se solapan con funciones provinciales. Si bien esto tampoco es simple, aparece como el camino más viable y rápido de instrumentar en el marco del dialogo que se mantiene entre el nivel central y las provincias sobre la reforma tributaria y los cambios en el régimen de coparticipación.