Informe Nº: 05/10/2021
El gobierno lanzó “Registradas” un programa para promover el blanqueo de las trabajadoras de casas particulares. El mismo está dirigido exclusivamente a las empleadas domésticas, un rubro que se maneja con un gran porcentaje de informalidad, con el objetivo de que puedan ser registradas y tener acceso a un empleo formal mejorando sus condiciones de trabajo y acceso a derechos. El gobierno apunta a que como mínimo 90.000 trabajadoras del servicio doméstico sean incluidas en el programa. ¿Realmente el programa tiene el foco correcto para reducir la informalidad?
Registradas es el Programa de Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social para los Trabajadores de Casas Particulares. Tiene por objeto recuperar empleos perdidos durante la pandemia producida por el COVID-19, apoyar a los empleadores, y principalmente contribuir a una mayor formalización en el sector y así poder fortalecer la estabilidad del trabajo, la protección social y el cumplimiento de los derechos laborales vigentes en su propio régimen. En esa línea, a través del Programa Registradas el Estado pagará durante 6 meses entre el 30% y 50% del sueldo de las trabajadoras que cumplan 12 o más horas semanales de labor doméstico. En tanto, la parte empleadora debe registrar y pagar los aportes, contribuciones, ART y el porcentaje de sueldo restante. Además, se abre una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco Nación y allí se transfiere el sueldo.
El gobierno con este programa apunta a que como mínimo 90.000 trabajadoras del servicio doméstico sean registradas, lo que llevaría la situación de registro al estado de la prepandemia.
El rubro de empleadas domésticas es un sector típicamente feminizado y con un alto grado de informalidad, el cual fue acentuado durante la pandemia. Mas del 98% de quienes trabajan en casas particulares son mujeres y el 70% está en negro. Es decir, hay más de 600.000 empleadas domésticas en la informalidad. Al menos 300.000 trabajan más de 12 horas semanales y son las que podrían ser formalizadas con este programa.
Pero ¿Realmente el programa tiene el foco correcto para reducir la informalidad del sector?
Con el programa, el empleador blanquea a su empleada doméstica y durante los primeros 6 meses paga en promedio un sueldo de $20.000 en blanco, del cual el Estado cubre un 30% o 50% de acuerdo con los ingresos brutos del empleador. El Estado paga, entonces, entre $6.000 y $10.000. Como las cargas sociales suman aproximadamente $900 el empleador pagaría en los primeros 6 meses del programa entre $10.900 y $14.900. Luego de los 6 meses pasaría a pagar $20.900.
Actualmente hay un incentivo a la formalidad en el servicio doméstico que es la posibilidad del empleador de tomar parte del salario y las cargas sociales de la empleada doméstica del impuesto a las ganancias. Este es un beneficio para la minoría de familias alcanzadas por el impuesto a las ganancias y que, de hecho, formalizan a su empleada.
Pero la gran mayoría de familias empleadoras de trabajadoras domésticas son empleados con salarios medios o bien ellas mismas viven del cuentapropismo y la informalidad, por lo que, no es que no quieran formalizar a su trabajadora o les falte un incentivo como el que propone el nuevo programa del gobierno, sino porque no pueden afrontar el alto costo que impone la legislación para tenerla en la formalidad.
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