La experiencia internacional demuestra que un condimento esencial para alcanzar la equidad social es poner énfasis en los impuestos progresivos. Para el caso de los asalariados, esto se plasma en una alta incidencia del impuesto a las ganancias (que impacta, de manera creciente, sobre los salarios medios y altos) y una acotada presión de las […]
La experiencia internacional demuestra que un condimento esencial para alcanzar la equidad social es poner énfasis en los impuestos progresivos. Para el caso de los asalariados, esto se plasma en una alta incidencia del impuesto a las ganancias (que impacta, de manera creciente, sobre los salarios medios y altos) y una acotada presión de las cargas sociales (que pesa proporcionalmente más en los salarios bajos). Por eso, en lugar de pretender encauzar las negociaciones salariales del año 2013 reduciendo el impuesto a las ganancias, si realmente se quiere construir una sociedad más integrada el mejor instrumento es la reducción de las cargas sociales.
Generar las condiciones para avanzar hacia una mejor distribución del ingreso forma parte de los discursos de toda la dirigencia política y es una meta compartida que goza de un amplio consenso dentro de la sociedad. Esta visión, amplia y enfáticamente aclamada, se contrapone con un rechazo terminante a la elevación de la presión del impuesto a las ganancias por la no actualización de los mínimos no imponibles y las escalas del impuesto.
En los países avanzados, con distribuciones del ingreso mucho más igualitarias que la de Argentina, se aplica intensamente el impuesto a las ganancias. Según datos de la OECD, un trabajador soltero que gana el salario medio en los países desarrollados tributa de impuesto a las ganancias un promedio de 18% del salario. En paralelo, es acotada la aplicación de cargas sociales donde el promedio de tasa de aportes y contribuciones es de 25% del salario. El caso extremo se da en Dinamarca donde impuesto a las ganancias implica en promedio el 28% del salario y las cargas sociales apenas el 9%.
En la Argentina, considerando sólo las imposiciones legales –es decir, dejando de lado las que imponen los sindicatos en los convenios colectivos– en el año 2012 un trabajador casado con 2 hijos pagó los siguientes impuestos:
• Las cargas sociales, sumando los aportes personales y las contribuciones patronales, equivalen a aproximadamente el 43% del salario.
• Si tuvo un salario promedio ($7.000) no tributó impuesto a las ganancias y si tuvo un salario equivalente al doble del promedio ($14.000) tributó el 6%.
• Es decir, aún en el tramo de salario medio-alto ($14.000) la presión del impuesto a las ganancias es 7 veces menos importante que las cargas sociales.
Estos datos muestran que el impuesto a las ganancias tiene una incidencia pequeña en comparación con las cargas sociales. El panorama no cambia significativamente en el caso de un trabajador soltero. Si gana el salario promedio ($7.000) tributa un 2% de impuesto a las ganancias y si gana el doble del promedio ($14.000) tributa un 12% del salario. El porcentaje de impuesto a las ganancias para un ingreso del tramo medio-alto es mayor que para un trabajador casado con 2 hijos, pero mucho menor que el 43% de cargas sociales.
Datos del INDEC señalan que aproximadamente el 90% del total de ocupados tiene remuneraciones inferiores a $7.000 mensuales. En este segmento se aglutinan los asalariados formales con ingresos inferiores al promedio, los asalariados no registrados y los cuentapropistas informales. Para esta gente bajar la presión del impuesto a las ganancias no tiene ninguna incidencia. En sentido contrario, reducir las cargas sociales les generaría un impacto altamente positivo porque, en el caso de los asalariados registrados, les aumentaría el salario de bolsillo y, en el caso de los informales, les aumentaría las oportunidades de conseguir un empleo formal.
El peso de las contribuciones patronales no es percibido por los trabajadores porque no están explicitadas como un descuento en el recibo de sueldo. Pero es obvio que el empleador las considera en su política de contrataciones y remuneraciones. También se señala que las cargas sociales son “salario diferido” dado que conllevan un beneficio presente (obra social, asignación familiar) y futuro (jubilación). Pero con la actual conformación de la seguridad social se trata de un argumento débil ya que a una jubilación se puede acceder a través de moratorias, a una prestación familiar a través de la Asignación Universal por Hijo y a prestaciones de salud a través de los hospitales públicos.
En los países avanzados la mayoría de los asalariados pagan impuesto a las ganancias y en porcentajes mayores que en Argentina. En contrapartida, las cargas sociales no llegan al 43% como en la Argentina. La tendencia es a usar la moderación de cargas sociales, como factor de estimulo al empleo y el aumento de los salarios preservando la competitividad, y el impuesto a las ganancias para incorporar equidad. Casos notables se dan en Oceanía donde las cargas sociales se han reducido a un mínimo (Australia) o directamente se han eliminado (Nueva Zelanda). Por eso, declamar la aspiración por una sociedad más igualitaria, pero simultáneamente presionar para bajar el impuesto a las ganancias y dejar intactas las cargas sociales, es un acto de hipocresía.
