Informe Nº: 10/12/2023
La democracia alcanzó progresos en la esfera política que contrastan con fracasos en materia económica y social. La estabilidad macroeconómica sigue siendo una cuenta pendiente.
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Por Virginia Giordano, coordinadora de investigación de IDESA
El 10 de diciembre de 1983 es un punto de inflexión en la historia política argentina. Por primera vez, después de mucho tiempo, se alcanzó el consenso sobre el sostenimiento de las reglas de juego del sistema político. Con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente, tras la finalización de la dictadura militar, la Argentina retomó la senda democrática, estableciendo un compromiso compartido en torno a la importancia de la participación ciudadana, la división de poderes, el respeto a los derechos humanos y la soberanía popular como pilares fundamentales de la organización del país.
Los progresos en la esfera política (más allá de lo mucho que queda por mejorar), contrastan con el profundo fracaso en materia económica y social. Todo lo disruptivo que implicó desde el punto de vista político, fue continuismo y profundización en la degradación de la situación económica y social. En el balance de estas cuatro décadas la estabilidad macroeconómica, que genere posibilidades de progreso, es el principal desafío pendiente.
El 10 de diciembre de 1983 es un punto de inflexión en la historia política argentina. Por primera vez, después de mucho tiempo, se alcanzó el consenso sobre el sostenimiento de las reglas de juego del sistema político. Con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente, tras la finalización de la dictadura militar, la Argentina retomó la senda democrática, estableciendo un compromiso compartido en torno a la importancia de la participación ciudadana, la división de poderes, el respeto a los derechos humanos y la soberanía popular como pilares fundamentales de la organización del país.
Los progresos en la esfera política (más allá de lo mucho que queda por mejorar), contrastan con el profundo fracaso en materia económica y social. Todo lo disruptivo que implicó desde el punto de vista político, fue continuismo y profundización en la degradación de la situación económica y social. En el balance de estas cuatro décadas la estabilidad macroeconómica, que genere posibilidades de progreso, es el principal desafío pendiente.
Alfonsín no solo convenció a los argentinos de la importancia de la democracia como sistema político, sino también como plataforma para el desarrollo productivo y el progreso social. Esto aumentó las expectativas. Fue un inicio muy prometedor que la realidad se encargó de cuestionar.
La herencia de una economía en larga crisis y un gobierno con ideas contradictorias e inconsistente dio como resultado más continuismo que cambio. El hito más importante para controlar la inflación fue el “Plan Austral” en 1985, que implicó un cambio de moneda y una combinación de medidas heterodoxas y ortodoxas que incluyeron el congelamiento de precios y salarios, desagio de contratos y promesas de mayos disciplina fiscal.
A corto plazo generó alivios porque logró estabilizar y reactivar la economía. Pero sus efectos resultaron tan efímeros como el acompañamiento que tuvo el plan dentro del propio gobierno.
La degradación se profundizó con la transición política e hizo pico en 1989, cuando nuevamente la Argentina sufrió un proceso de hiperinflación. El descalabro fue de tal magnitud que, en el marco de una profunda crisis económica y social, se produjo la renuncia anticipada de Alfonsín. Con el nuevo gobierno siguieron las contradicciones e inconsistencias y se sufrió otro episodio hiperinflacionario, además de la reprogramación de los depósitos bancarios, llamado Plan Bonex.
Recién en 1991 el presidente Carlos Menem implementó la convertibilidad. No se trató sólo de una reforma monetaria sino de un ambicioso programa de transformación de instituciones económicas y sociales que volvió a ilusionar a los argentinos. Los primeros resultados –estabilidad de precios, inversión, crecimiento de la producción– volvieron a ilusionar.
Pero las inconsistencias internas se potenciaron con factores externos muy negativos. La década sin inflación culminó en la crisis de 2002. Colapso del sistema financiero, una profunda recesión y un gobierno que se ve obligado a abandonar el poder.
Así como hacia finales de la década de 90 los factores externos operaron para profundizar los problemas derivados de las malas políticas internas, en el inicio del nuevo siglo se disfrutó de una bonanza económica derivada de términos de intercambio externos inéditamente favorables.
Lo que en términos de indicadores económicos y sociales aparenta ser una “década ganada” (por el crecimiento de la producción y de los salarios) desde el punto de vista de la organización económica es una “década perdida”. Un impresionante aumento del gasto público y la presión tributaria destinada, en su mayor parte, a acciones con escaso valor estratégico y efectos regresivos sobre la distribución del ingreso.
Las mejores evidencias de que la Argentina dilapidó ese contexto inéditamente favorable se manifestaron en la última década. Acumulamos más de 10 años de estancamiento productivo y degradación social. Esto lleva a que en el 2023, de la mano del “Plan Platita” la Argentina nuevamente este al borde de la hiperinflación.
Los 40 años de democracia transitaron, salvo excepciones puntuales y transitorias, con alta inflación. Esta anomalía resulta una evidencia muy sugerente porque hubo gobiernos muy diferentes en entornos muy disímiles. Independientemente de las orientaciones políticas prevalecientes, de las consistencias o improvisaciones de los equipos económicos, de la heterodoxia u ortodoxia de sus ideas, el resultado final siempre fue el mismo: alta inflación.
Es cierto que hubo algunos pocos períodos de estabilidad, esto contrasta con una media de inflación muy alta y con un récord de tres episodios hiperinflacionarios. ¿Qué tienen en común estos gobiernos tan disimiles para llegar a similares y frustrantes resultados?
El elemento común en los 40 años de democracia es que siempre el sector público gastó por encima de sus ingresos. Seguramente operan otros problemas también muy relevantes, pero acumular semejante perseverancia en sostener crónicos déficits fiscales es decisivo.
En el balance de estas cuatro décadas de democracia es notable el paralelismo entre el consenso explícito con respecto a la alternancia en el poder en base al voto popular y el acuerdo no explícito de que en materia de administración de las finanzas públicas es factible operar son desequilibrios crónicos.
Mientras que en materia política un tema recurrente son los daños que provoca la “grieta”, en materia económica el daño lo genera el sólido acuerdo en gastar por encima de los ingresos. Esto fue sostenido independientemente del color político o el contenido ideológico de los gobiernos. Si bien en las estadísticas aparece que hubo a la salida de la crisis del 2002 un corto período con superávit, esto se relativiza porque en eso años la contabilidad pública no registró como gastos el devengamiento de intereses de la deuda pública en default ni los juicios de los jubilados por no respetar la movilidad previsional.
No es exagerado afirmar que tener déficit fiscal constituye una “política de Estado” en la Argentina. En gran parte de la dirigencia y de la sociedad hay acuerdo (o al menos tolerancia) en la idea de que es posible y necesario tener déficit fiscal.
Para que la democracia sea también una fuente de progreso social, como originalmente lo planteo Alfonsín, el primer paso es asumir que los crónicos déficits financieros y de gestión pública están asociados a la mala organización del Estado. Por eso, las recetas tradicionales de ajuste fiscal fracasan. Dicho de manera más directa, no es solución licuar jubilaciones, posponer inversiones, congelar salarios públicos, “pisar” pagos a proveedores o crear nuevos impuestos. Estas medidas pueden dar alivio financiero de corto plazo, a costa de agravar desequilibrios futuros y profundizar la mala calidad de la gestión pública.
Lo que se necesita es que, así como hay acuerdos en la alternancia democrática en el ejercicio del poder, llegar a acuerdos en reformas disruptivas para replantear la organización del Estado en base a los criterios federales que fija la Constitución.
Fuente: La voz del interior
