En 7 años se duplicó el gasto público

Uno de los fenómenos más relevantes de los últimos años es el vertiginoso crecimiento del gasto público. El proceso es tan intenso que, aún en un contexto económico muy favorable y con una presión impositiva llevada a niveles récord, las cuentas públicas muestran un déficit creciente. Se ha llegado al punto en que la voracidad fiscal subordina instituciones muy relevantes para el desarrollo social, como el sistema previsional, el Banco Central y el federalismo, en pos del objetivo de paliar los desequilibrios del Tesoro Nacional. Esta es una de las secuelas más dañinas del manejo poco profesional del sector público.

El Gobierno nacional ha remitido al Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar las reglas a las que se tienen que supeditar los administradores del Banco Central. La iniciativa abunda en modificaciones sobre la Carta Orgánica. Más allá del análisis y debate que merece cada una de ellas, la más importante es la modificación de la regla que estipula que las reservas del Banco Central deben ser destinadas a respaldar la base monetaria. Con el cambio, el Banco Central dispondrá de mucha más discrecionalidad para emitir dinero sin respaldo a fin de cubrir los desequilibrios del sector público.

Datos oficiales del Ministerio de Economía dan sustento a la sospecha de que la principal finalidad que motoriza la modificación en la regla del Banco Central es aportar recursos al Tesoro Nacional. Tomando los ingresos y gastos del sector público nacional, y corrigiéndolos por el índice de precios implícitos del PBI (que refleja la evolución del promedio de precios de la economía), se puede observar que la dinámica de las cuentas públicas entre los años 2004 y 2011 fue la siguiente:

• Los ingresos del sector público nacional pasaron de $300 mil millones a $555 mil millones a precios del 2011, es decir, tuvieron un crecimiento real del 85%.

• Los gastos del sector público nacional pasaron de $270 mil millones a $585 mil millones a precios del 2011, o sea, tuvieron un incremento real del 117%.

• Por esto, de un superávit de $30 mil millones en el año 2004 el sector público nacional pasó a un déficit de -$30 mil millones en el año 2011.

Los datos muestran que los ingresos públicos han aumentado a un ritmo vertiginoso, ayudados por un contexto económico inéditamente favorable y un crecimiento voraz de la presión fiscal. Sin embargo, no alcanza para cubrir el aumento del gasto público. En sólo 7 años, el gasto público más que se duplicó, por lo que el resultado del sector público pasó de un cómodo superávit a un fuerte déficit fiscal que explica la urgencia por liberar al Banco Central de su restricción para que pueda emitir dinero sin respaldo.

Más allá de lo cuestionable o no que pueda resultar emitir dinero sin respaldo, la clave que se esconde detrás de la modificación del Banco Central es la baja calidad de la gestión pública. La mayor parte del crecimiento en el gasto se explica por subsidios a empresas, empleo público espurio y otras erogaciones de muy baja rentabilidad social. Por estas vías se dilapidan recursos públicos y, ante la obvia necesidad por captar cada vez más recursos, se apela a degradar instituciones muy importantes para el desarrollo del país.

Con argumentaciones sobrecargadas de ideología y sentimentalismos se elude la cuestión de fondo y se trata de justificar diversas formas de apropiación. A finales del 2008, cuando despuntaba el deterioro fiscal, se apeló a la reforma previsional para permitir que el Estado se apropiara de los ahorros previsionales y de los aportes personales de los trabajadores activos. Aunque aparentemente parece tratarse de temas diferentes, las reformas al Banco Central tienen como trasfondo, en esencia, lo mismo que la confiscación de los ahorros previsionales: cubrir el déficit fiscal.

Un tema más relevante todavía, y menos tenido en cuenta, es la degradación del federalismo. Para facilitar la creación del régimen de capitalización, las provincias hicieron el esfuerzo de sacrificar transitoriamente el 15% de la coparticipación; pero cuando se eliminó el régimen de capitalización, estos recursos no volvieron a las provincias. En igual sentido, se va a usar el Banco Central para financiar el sector público, pero no se van a colocar los recursos derivados de la mayor emisión monetaria dentro de la masa coparticipable. La paradoja es que quiénes convalidan estas decisiones –claramente contrarias a la Constitución Nacional y a una estrategia de desarrollo geográficamente equilibrado– son los representantes de las provincias en el Congreso Nacional.