Guerra contra todo

Por Jorge Colina, Presidente de IDESA.

 

Finalmente, el acuerdo con el FMI pasó la prueba del Congreso y el Directorio del FMI lo aprobó porque el memorando (“letra chica”) no sufrió ninguna modificación en el trámite legislativo. Dicho acuerdo no es una imposición del FMI, sino un documento del Gobierno argentino en el cual expone cuáles son las medidas que piensa tomar para cumplir con las dos principales metas que se acordaron en aquel famoso “entendimiento” de enero. Estas dos metas son la reducción del déficit fiscal primario (déficit antes del pago de intereses de deuda) y la emisión monetaria que el Banco Central le manda al Tesoro.

Con lupa. El memorando abunda en generalidades. Esto no sería un problema si lo específico viniera más adelante. El problema es cuando las generalidades se contradicen. Por ejemplo, se señala que los subsidios a la energía se reducirán en un 0,6% del PBI. Pero luego se señala que dicha reducción se logrará eliminando los subsidios a las tarifas de luz y gas al 10% de los vecinos de mayores ingresos de la Ciudad de Buenos Aires y para el restante 90%, las tarifas se ajustarán por debajo de la inflación.

En el propio memorando se señala que el ajuste al 10% de los vecinos implicará un ahorro de 0,06% del PBI, o sea, un décimo del total de reducción. Además, no se dice, pero surge de la lógica, si al 90% de los usuarios se les ajusta las tarifas de luz y gas por debajo de la inflación, entonces, los subsidios energéticos deberían subir, no bajar. Este tipo de contradicciones quedaron en el documento sin mayores aclaraciones.

Los números. Ciertamente que las generalidades y las contradicciones se explican por la interna ideológica dentro de la coalición gobernante, la cual terminó de hacer eclosión con el tratamiento en el Congreso. Lo que queda como interrogante, entonces, es cómo sigue esta historia.

Los técnicos del FMI son conscientes de las barreras ideológicas del gobierno argentino. Por eso aceptaron las generalidades e inconsistencias y pasaron a concentrarse en dejar explicitado el eventual incumplimiento. Esto es: para 2022, las metas acordadas son de 2,5% del PBI de déficit primario y 1% del PBI de emisión del Banco Central para financiar al Tesoro. El detalle más importante es que las metas no se colocan como porcentaje del PBI sino en cantidades nominales. Esto se hizo así para evitar que el Gobierno dé por cumplida la meta gracias a una mayor inflación.

Concretamente, el gobierno proyecta un PBI nominal para este año de $70 billones. El 2,5% son $1,8 billón. Esta proyección del PBI asume que la inflación en el 2022 será del 48%. Si la inflación termina siendo del 60%, el PBI nominal no será $70 sino de $88 billones. Por lo tanto, 2,5% del PBI no sería $1,8 sino $2,2 billón.

Si la meta estuviera en porcentaje del PBI, con $2,2 billones de déficit, la meta estará cumplida (2,5%). Pero si está en cantidades nominales ($1,8 billón) no habrá alcanzado. Se colocó, entonces, en cantidades nominales. De esta forma, queda claramente explicitado el incumplimiento. Luego, el directorio del organismo podrá perdonar –y así lo hará–, pero de esa manera, los técnicos del FMI cumplen con su responsabilidad de explicitar dicho incumplimiento.

Así las cosas, las metas para 2022 son $1,8 billón de déficit primario y $0,7 billón de emisión monetaria al Tesoro. Respecto a 2021, la meta del déficit implica contener el crecimiento del déficit, pero con la emisión monetaria para financiar al Tesoro implica reducirla a un tercio en términos nominales Una meta muy exigente.

Guerra contra la inflación. Cerrado el tema FMI, el Presidente de la Nación le “declara la guerra a la inflación”. Esto motivó el uso de una metáfora tan quijotesca seguramente es la aceleración de la inflación. En los dos primeros meses del año, la inflación fue de 4% mensual, lo cual significa un 60% anual. Un indicador sensible, como los alimentos, vienen creciendo al 6% mensual que implica un 100% anual y en el Gran Buenos Aires están creciendo por encima de este porcentaje.

El armamento desplegado para la guerra contra la inflación son controles de precios, ley de abastecimiento, aumento de los derechos de exportación y la convocatoria a representantes empresariales, sindicales y piqueteros. Se trata de las mismas medidas que se vienen anunciando y aplicando hasta hoy. La decisión de ir a la guerra con las mismas armas sugiere que la estrategia oficial es usarlas con más intensidad.

¿Podrá dar resultado? En la última década (2011-21), el producto bruto interno, o sea, la cantidad total de bienes y servicios de la economía, se mantuvo prácticamente estática (cayó 3%). Pero la emisión monetaria creció un 2.200%. Entonces, sobre la misma cantidad de bienes y servicios, se multiplicó por 22 la cantidad de billetes. Este simple dato explica por qué la inflación en los últimos 10 años acumuló un 2.000%.

No hay duda de que la inflación es multicausal. Pero cuando se tiene un desorden monetario de tal magnitud, lo más urgente para empezar a lidiar con esa distorsión es emitir menos. Por eso el Fondo, aceptando “multicausalidad”, aceptó también todas las generalidades e inconsistencias del memorando. Pero al final, aconseja que baje la emisión al Tesoro desde $2,1 billones en 2021 a $0,7 billón en el 2022. En otras palabras, el Fondo le dice al gobierno argentino que, si va a la guerra contra la inflación, apague la máquina de emitir porque si no, la batalla estará perdida.

El otro frente. Los nubarrones se ciernen sobre la economía global. Ucrania y Rusia son importantes proveedores mundiales de cereales, oleaginosas y combustibles. Esto implica que por la destrucción de Ucrania y las sanciones a Rusia estos bienes van a escasear, lo que se traducirá en un aumento internacional de sus precios. Argentina está afectada porque exporta cereales y oleaginosas e importa combustibles. Gana por un lado y pierde por el otro. El balance es positivo porque exporta cereales y oleaginosas por US$ 6,5 por cada US$1 que importa de combustible. Desde este punto de vista, Argentina tendrá un aumento neto de divisas producto de la suba de los precios internacionales que está provocando la guerra de Ucrania. El problema de Argentina viene por el lado de sus políticas internas y en particular, la política energética.

El Estado nacional subsidia la luz y el gas. Estos subsidios ascendieron en el 2021 a 2,3% del PBI y son los que el Gobierno se comprometió a reducir en un 0,6% del PBI en el memo con el FMI. Si los precios de los combustibles se disparan al alza por Ucrania, los subsidios a la energía crecerán, tirando por la borda toda la reducción del déficit fiscal y emisión monetaria comprometida.

De todas formas, el crecimiento de los subsidios energéticos no se deberá solamente al choque militar. El problema de Argentina es la interna del Gobierno donde el “ala dura” no quiere ajustar las tarifas de luz y gas. Esta tesitura llevó a que sólo en los dos primeros meses de este año, antes de que se desatara la guerra en Ucrania, los subsidios económicos se hayan duplicado en términos reales (por encima de la inflación), cuando los ingresos públicos crecen a la par de la inflación.

En conclusión, el agravamiento de la crisis argentina no terminará siendo por culpa del FMI ni del conflicto bélico. En todo caso, será por la tozudez de mantener políticas energéticas inconsistentes con sostener compromisos que, se sabe, serán incumplidos.

Fuente: Perfil