Informe Nº: 07/06/2024
Los programas nacionales en funciones provinciales y municipales deben ser desterrados para siempre. Debe estar prohibida la frase “bajar al territorio”.
Por Jorge Colina, Presidente de IDESA
En el marco del mayor ajuste fiscal de la historia, hubo un gasto de acopio de alimentos comprados centralizadamente por el Estado nacional para ser repartido por todo el país, que quedaron sin repartirse, habiendo 40% de pobreza. Peor no podía salir.
El problema se inicia porque el ex – Ministerio de Desarrollo Social tenía dos depósitos: uno en el Gran Buenos Aires y otro en Tucumán. El ex – Ministerio de Desarrollo Social, entonces, hacía compras centralizadas de alimentos que se transportaban desde los contratistas del Estado hasta ambos depósitos (no hay información pública al respecto pero no es descabellado sospechar que al depósito de Tucumán lo proveían desde el AMBA, con los sobrecostos que esto implica).
Desde los depósitos, salían otros camiones para distribuir los alimentos en comedores populares del conurbano y del interior del país
Hasta aquí, la imagen es épica. Un burócrata nacional compra centralizadamente alimentos para repartirlos en camiones en comedores populares de todo el país llevándole alimentos a los pobres. Es la imagen del dirigente que “baja al territorio”.
Eufemismo que usan los funcionarios nacionales para instrumentar la peor práctica del clientelismo: hacer que el pobre identifique, con el contacto físico, la identidad política del que “le da de comer”.
La cuestión es que esta imagen épica hace caer a la gente en un grave error: creer que el gobierno fue ineficaz en hacer funcionar los camioncitos y los depósitos salvadores. De aquí que ahora se vea con beneplácito que el ejército entre a los depósitos (pasaron la imagen por todos los noticieros) y maneje los camioncitos.
Los argentinos hemos quedado tan desvariados con los bizarros métodos que se usan para hacer clientelismo que perdemos el juicio: se nos pasa por alto que la imagen de camiones transportando alimentos para ser repartidos entre la gente es propia de la Franja de Gaza.
Lo peor de todo es que esta mala práctica de política pública del burócrata nacional, comprando centralizadamente productos para enviarlos a las provincias, los municipios y a las organizaciones sociales (entre las que hay prestigiosas ONG y cooperativas piqueteras) no es monopolio del ex – Ministerio de Desarrollo Social. También es una práctica muy instalada entre otros ministerios nacionales que se entrometen en funciones provinciales.
Por caso, tomando la ejecución presupuestaria del 2023 en lo que son ayudas nacionales a las provincias, los municipios y a las organizaciones de la sociedad civil se observa que el ex – Ministerio de Desarrollo Social las instrumentó en 75% con transferencias de dinero mientras que el 25% restante fue con compra directa y entrega de bienes (alimentos). El Ministerio de Salud instrumentó sus ayudas en 66% con transferencias de dinero mientras que el 33% restante fue con compra directa y entrega de bienes (remedios, vacunas, anticonceptivos, etc.). El ex – Ministerio de Educación las instrumentó en 70% mediante transferencias de dinero mientras que el 30% restante fue con compra directa y entrega de bienes (libros y kits de enseñanza).
El burócrata nacional se queda recontento. Está convencido de que, como mandó alimentos, la gente palió su hambre; como mandó remedios, la gente mitigó su enfermedad; y como mandó libros, los niños se educaron. Obvio que el burócrata nacional nunca va a cometer el sacrilegio de averiguar dónde fueron a parar esos bienes que compró porque sucede el escándalo, como sucedió ahora con los alimentos en los depósitos.
Los gobernadores con sus intendentes deben entender que aceptar que el Estado nacional reparta alimentos, remedios, vacunas, libros en sus territorios es humillante. Con el agravante de que termina en escándalo por fallas de logística o por corrupción en la compra.
Los gobernadores deben proponer al Estado nacional un “Nuevo Acuerdo de Coordinación Tributaria y Funcional” que reemplace al actual “Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias” que no es otra cosa que lo que coloquialmente se le llama “Coparticipación Federal de Impuestos”.
Este “Nuevo Acuerdo de Coordinación Tributaria y Funcional” debe plantear un ordenamiento tributario en donde se unifiquen todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales en tres impuestos madres: a las ventas, al patrimonio y al ingreso.
Luego, que el Estado nacional se quede con todo el impuesto a los ingresos. Las provincias con sus municipios se queden con todo el impuesto a las ventas y al patrimonio. Se elimina la coparticipación y en su reemplazo se fija una regla de corresponsabilidad fiscal por la cual cada provincia con sus municipios se apropia de los impuestos a las ventas y al patrimonio que se generan en su territorio.
Lo anterior es el ordenamiento tributario para garantizar el financiamiento autónomo de las provincias y sus municipios. El ordenamiento funcional significa que las provincias con sus municipios se hacen cargo enteramente por el financiamiento y la gestión de sus funciones que son vivienda, urbanismo, seguridad urbana, salud pública, educación básica y asistencia social.
Los programas nacionales en funciones provinciales y municipales deben ser desterrados para siempre. Debe estar prohibida en las reglas de gestión del Estado nacional la frase: “bajar al territorio”. Tanto con transferencias como con compras centralizadas de bienes para repartir entre las provincias y los municipios.
En suma, basta de camioncitos nacionales repartiendo alimentos o remedios o libros entre las provincias y los municipios. Hay que pasar a la solución de fondo, que es, el ordenamiento tributario y funcional del Estado en sus tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. Para que la Nación se concentre sólo en lo interprovincial y las provincias con sus municipios sean las artífices de la política social en el territorio.
Fuente: el economista
